René Vega Giles
Los cerca de 20 municipios con conflictos financieros heredados por administraciones pasadas al negar pagar finiquitos a trabajadores despedidos presuntamente de manera injustificada, acudirán al gobierno federal por apoyos especiales para salir de la deuda que –en algunos casos- supera los 20 millones de pesos.
El acuerdo tomado por los alcaldes, es para terminar con asuntos laborales que –en algunos casos- son arrastrados desde hace 10 años o más, los cuales involucran a exregidores, exsecretarios municipales y demás personal de confianza, incluso basificado.
Durante la sesión permanente, en el punto de correspondencia recibida los diputados locales fueron avisados del asunto, para evitar cualquier propuesta del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) que pida su renuncia al no cumplir con las sentencias dictaminadas.
Hay cabildos que investigan a sus antecesores porque dejaron que el gobierno estado les quitará una parte de las prerrogativas recibidas por el gobierno federal, presuntamente para terminar con los laudos laborales.
Sin embargo, han detectado nulos avances y desde el Ejecutivo estatal en la administración pasada el dinero al parecer fue utilizado para otros asuntos, sobre todo personales del exgobernador Graco Ramírez.
Es por ello que ahora ante las intimidaciones del TJA, decidieron de manera conjunta buscar al gobierno federal ayuntamientos como Cuernavaca, Temixco, Cuautla, Jojutla, Tlaquiltenango, Zacatepec, Puente de Ixtla, Amacuzac, Jiutepec, Miacatlán y Mazatepec, entre otros.
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