René Vega Giles
Después del regreso de su periodo vacacional la Dirección Jurídica del Congreso local iniciará las denuncias penales respectivas contra quienes resulten responsables de haber obtenido beneficios particulares, con las pensiones otorgadas por la pasada legislatura.
Las mismas acciones jurídicas también serán contra los exdiputados que aprobaron los decretos respectivos, al incurrir en actos que violan el marco del derecho.
Hay la posibilidad de que también los beneficiados con las jubilaciones doradas sean inhabilitados de cinco a siete años, incluso al igual que varios exlegisladores locales serían sujetos al juicio político.
De hecho, podría iniciarse el juicio político contra la quien fuera presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, la exdiputada Silvia Irra Marín, así como los exdiputados José Manuel Tablas Pimentel, Francisco Navarrete Conde, por incurrir en el tráfico de influencias a cambio de poder jubilar a sus esposas con documentos apócrifos.
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