Anabeli Franco
Un policía del Mando Único y escolta de la titular de la Dirección General de la Defensoría Pública de Oficio del Estado, Mirta Sagrario Aguirre Gómez, y un trabajador más fueron denunciados por el delito de allanamiento de morada, tras introducirse al domicilio de la abogada Susana Pantaleón Martínez, para obligada a firmar su renuncia laboral “voluntaria” y se evitara alguna demanda laboral en contra de la dependencia; sin embargo, hoy la víctima todavía espera el pago que por ley le corresponde o su reinstalación en su cargo.
El pasado 3 de septiembre la dependencia despidió a Susana Pantaleón sin justificación, por lo que presentó una demanda laboral el 7 de ese mismo mes, en la que exige se castigue el hostigamiento laboral que tuvo por parte de su compañero y del policía, así como su reinstalación o bien, el pago de todas sus prestaciones.
De acuerdo a la carpeta de investigación SC01/8203/2015, Mirta Sagrario Aguirre Gómez ordenó a su escolta y a su trabajador a que acudieran a la vivienda de la abogada, ubicada en la colonia Benito Juárez del municipio de Emiliano Zapata, para evitar a toda costa alguna demanda laboral.
Fue a las 15:30 horas en que los dos hombres, el primero de nombre Pedro Avilés, escolta Sagrario Aguirre; y Vicente Ortega, arribaron al domicilio a bordo de la unidad oficial del Instituto de la Defensoría Pública, un auto Nissan Tiida, color gris, placas PXN-14-38 de Morelos.
Ahí, según la denunciante, el problema no fue que le pidieran su renuncia, sin no el modo en que entraron a su domicilio, pues tocaron a la puerta y uno de los familiares les abrió, entonces estas personas dijeron que estaban buscando a la abogada porque traían una notificación y era necesario que la firmara, pero la familia de la víctima les comentó que en ese momento no se encontraba, lo cual no les importó a los funcionarios, entraron a la casa sin permiso con el pretexto de que la iban a esperar.
Los familiares al ver la insistencia de los individuos y en la forma en la que entraron, decidieron llamar por teléfono a la abogada, quien en ese momento se encontraba con su esposo realizando algunas compras. Al enterarse la experta en derecho decidió regresas a su casa y al momento en que lo hizo, el policía y su compañero le manifestaron que por órdenes de su jefa se habían trasladado hasta su domicilio para que firmara su renuncia “voluntaria”, con el fin de no pagarle todos los conceptos que exige en su demanda laboral.
La víctima manifestó que lo que más le enfureció más al saber que después de que denunciara este acto a la policía, éstos hombres fueron llevados a las instalaciones del Mando Único y posteriormente fueron liberados, más nunca se turnaron al Ministerio Público por el delito de allanamiento de morada como ella lo argumentó, pues fueron solapados por la dependencia que está a cargo del Comisionado de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra.
La víctima interpuso una demanda contra la Dirección General de la Defensoría Pública de Oficio del Estado por despido injustificado, en la que exige el pago de la liquidación, vacaciones, parte proporcional del aguinaldo, 12 días por año laborado y otros conceptos.
Es de señalar que esta Dirección General de la Defensoría Pública de Oficio del Estado presenta varias demandas laborales, una de ellas fue reciente, luego de que el abogado Víctor Hernández denunciara hostigamiento laboral en contra de Sagrario Aguirre Gómez, ya que decía estaba interesada en el caso de un homicidio y insistió en varias ocasiones al litigante que su caso lo arreglara en un juicio abreviado, toda vez que el presunto implicado saliera libre, luego de que en la colonia Centro, del municipio de Tepoztlán atropellara y matara a un motociclista con un camión de carga al momento en que se daba de reversa y que después le volviera a pasar encima la unidad para asegurarse que estuviera muerto.
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