El Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos otorgó un amparo provisional a Cesáreo Adrián Arias Tapia, alias “La Guajolota”, supuesto “jefe de plaza” de un grupo delictivo en la zona oriente de Morelos en contra de la vinculación a proceso penal que le impuso un juez local.
El amparo directo fue promovido con el número de oficio 1795/2013-V en contra de la resolución emitida de fecha 26 de noviembre del 2013, como probable responsable de los delitos contra la salud, en su modalidad de comercio en la variante de venta.
Ante esta situación, la autoridad judicial del estado deberá de nueva cuenta reponer en los próximos días la audiencia de vinculación porque existieron una serie de violaciones al debido proceso del imputado, según resolvió el juez federal.
El argumento que esgrime el abogado defensor en su recurso de amparo establece que el pasado 18 de noviembre del 2013, Cesáreo Adrián Arias fue detenido, y su aprehensión excedió el plazo para su puesta a disposición.
En la audiencia del 26 de noviembre, el imputado rindió su declaración ante el Juez de Control y dijo que había sido torturado y extorsionado por los agentes aprehensores, quienes les pidieron un pago de un millón de pesos para dejarlo en libertad.
El inculpado refirió que los elementos ingresaron al bar “i186” y amagaron a los comensales, entre ellos a Fernando David Delgado Toledano, Néstor Uriel Palafox Gomar, y Giovanni Lima Soberanes.
La versión fue confirmada por la entonces subsecretaria de Seguridad Pública del estado, Nora Rebeca Romero Velázquez que en conferencia, presentó al detenido como presunto líder y jefe de plaza de un grupo criminal en el municipio de Cuautla.
Paradójicamente en la audiencia, el fiscal de la otrora Procuraduría General de Justicia del (PGR) estado, dio una versión completamente diferente ante el juzgador.
Al leer su antecedente de investigación relacionado con la causa penal JCC/645/2013, el Ministerio Público dijo que “La Guajolota” y los otros cuatro imputados fueron detenidos en un auto con reporte de robo, y en poder de varias grapas de cocaína.
Ese fue otro aspecto que la defensa denunció de ilegal, pues el Juez de Control no permitió que se presentaran los testigos que ofrecieron los imputados para contradecir la versión que los policías sostuvieron en su puesta a disposición.
Este caso pone de nueva cuenta la evidencia y la falta de profesionalismo de las corporaciones policiales, así como la deslealtad de la ahora Fiscalía General del estado, en su labor que desempeña en el sistema de justicia acusatorio-adversarial.
Reportero de a pie, estudiante de leyes, especialista en cobertura de seguridad ciudadana y justicia adversarial. Creo en el periodismo basado en el respeto a los derechos ciudadanos.
Dejar una contestacion