Análisis comparativo del secuestro en cinco gobiernos de Morelos

EL PODER DEL DINERO

 “Que se vayan los pendejos y que vuelvan los corruptos”

Por: Iván Ureña

La democracia, como toda acción humana,  tiene ventajas y desventajas; permite probar políticas públicas distintas o modificar y mejorar las que se han venido desarrollando, limpiar y oxigenar la vida pública, da voz a otros grupos y posibilita castigar la corrupción de quien detentó el poder; aunque también facilita el arribo a los cargos de una nueva camarilla de gobernantes sin experiencia y con más ganas de enriquecerse, cobrar revanchas, agravios y saldar cuentas, que democratizar el ejercicio de las políticas públicas y buscar la eficiencia.

En el tema del secuestro, que de sí es un tema muy sensible y de alto impacto, pero aún más en Morelos, ya que Graco como opositor lo utilizó como uno de sus temas favoritos y más rentable políticamente para posicionarse, así desprestigió a varios de sus predecesores y los acusó no sólo de corruptos sino de implementar ineficaces políticas públicas para combatirlo. Particularmente fue de los principales promotores, si no es el que más, para que Carrillo Olea dejara el cargo en 1998, por el problema que presentaba  en ese entonces en el estado de Morelos este delito, aunque la mayor parte de la población lo desconoce, el congreso del estado utilizó como razón formal el desvío de fondos y no el problema del secuestro.

Pero para no quedarse en el plano de la subjetividad, es necesario abordarlo en forma seria y objetiva, y además para probar como está funcionando en nuestro estado la alternancia en este tema tan sensible, hay que ir a los datos duros. Adicionalmente, porque el gobernador actual, como candidato se comprometió a resolver el problema del secuestro y todavía, en su toma de gobierno se obligó a resolverlo en 18 meses. Según la última actualización del 9 de agosto del 2013 del Informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que para los especialistas en delitos, es la fuente más confiable y quizás la única, y además contiene datos desde el año 1997, http://goo.gl/k5uoXX páginas 71-74, lo que permite hacer comparaciones de los secuestros denunciados en Morelos en las últimas cinco administraciones.

Por primera vez se reportó un conteo oficial y confiable en enero de 1997, por tal motivo, se toman los primeros nueve meses de ese año, enero-septiembre para Carrillo Olea, hubo 4 secuestros denunciados. Para Morales Barud, los primeros nueve meses se revelaron 6. Con Sergio Estrada se llegó a 19 y con Marco Adame alcanzó 11. Si se suman  todas las denuncias, durante los primeros nueve meses, de cada uno de estos cuatro gobernadores, es decir 36 meses de gestión de los cuatro mandatarios, tenemos en total 40 casos notificados.

Pero el actual gobernador, de muto propio, se impuso un plazo: los primeros 18 meses de su gestión, para entregar resultados y que los ciudadanos vieran las diferencias con los otros gobiernos, entonces hagamos el conteo de los primeros 18 meses, para los cuatro gobernadores que lo precedieron, desde que hay información confiable y disponible. Por las restricciones que imponen estos datos oficiales, ya que empezaron a publicarse en 1997. Para Carrillo Olea sólo se dispone de 17 meses, de enero de 1997 a mayo de 1998, cuando dejó el cargo, hubo 9 denuncias. Con Morales Barud, en los primeros 18 meses, se reportaron 13 denuncias. Con Sergio Estrada 30 y con Marco Adame 11. Paradójicamente, en el periodo de Carrillo Olea el problema era mucho menor al actual y Graco Ramírez, lo criticaba duramente en cuanto foro podía y le exigía que renunciara, en ese entonces hubo 9 secuestros; pero si sumamos las denuncias habidas en los 17 meses del defenestrado Carrillo y 18 meses de cada uno de los tres gobernadores que le siguieron, en total 71 meses, casi un sexenio,  suman 63 acusaciones, mientras que en los primeros 9 meses de este mandato, hubo 106 denuncias, 43 más que con los otros cuatro gobernadores juntos, es decir, con un periodo que representa menos del 13% de los otros cuatro gobernadores, las denuncias presentadas por secuestro ya están 68% arriba.

Pero queriendo defender la labor del actual gobierno del estado, se podría argumentar que es un problema que heredó, pero ni así sale bien librado, ya que si tomamos los últimos nueve meses de cada uno de los cuatro gobernadores que lo precedieron. Con Carrillo Olea, hubo 4 secuestros denunciados; con Morales Barud, se registran 30; con Sergio Estrada, hubo 7 y con Marco Adame 58, lo que arroja una cifra agregada para los cuatro gobernadores y para un periodo conjunto de 36 meses, de 99 secuestros denunciados. Así, en sólo 9 meses de Graco Ramírez, tenemos 7 secuestros más que los cuatro juntos que lo antecedieron, e incluso al compararlo únicamente con los últimos nueve meses de Marco Adame, que hubo 58 denuncias, ahora tenemos 83% más casos: el problema casi se duplicó, en el poco tiempo que va de la actual administración.

En Conclusión, con nueve meses trascurridos, no necesitamos esperar los 18 meses que pidió el perredista para que pudiéramos comparar y ver resultados, aún y cuando no hubiese una denuncia más en los restantes nueve meses, cosa casi imposible, por como se ha disparado este delito. En el tema del secuestro y con datos duros y oficiales, podemos concluir que ésta administración va a entregar los peores resultados que hayamos tenido en la historia del estado. Si nos atenemos a las palabras del gobernador: el problema más que solucionarse se agravó y bastante, y si de comparaciones hablamos, de cualquier periodo que se examine, las ineficiencias, muchas y graves, de las cuatro gestiones previas, palidecen contra las de Graco Ramírez, así en ese tema, la actual administración estatal no tiene nada que presumir, más que un total y completo fiasco, como los datos oficiales lo indican.

Claro que Graco Ramírez nunca va a reconocer su fracaso y por un mínimo de congruencia política renunciar, como sí se lo exigió a los otros cuatro gobernadores que lo precedieron, a los que en el mejor de los casos acusaba sólo de incapaces y en el peor también de corruptos, y para cubrir su ineptitud, él y sus principales colaboradores, ahora que no pudieron resolver el problema y más bien lo agravaron, recurren a un falacia argumentativa, “no somos ni omisos ni cómplices”, como si con esa expresión se fuera a resolver ese flagelo social. La población quiere resultados y no pretextos, y quizás el sentir de la sociedad a ese tonto argumento lo encontramos en una barda de Guadalajara, donde un ciudadano anónimo, escribió una frase lapidaria y demoledora: “Que se vayan los pendejos y que vuelvan los corruptos”

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Iván Ureña

Premio Nacional de Periodismo 2017. Premio Estatal de Periodismo Morelos 2012, empresario y maestro en Economía por el ITAM. Funcionario en Banobras, Hacienda y Secofi.