Perspectiva
Rodolfo Becerril Straffon
El tema de las autodefensas ha estado ya largo tiempo en la opinión pública. Desde el punto de vista jurídico, su existencia es ilegal ya que el ejercicio de la violencia le corresponde exclusivamente al Estado quien debe velar por la seguridad de sus habitantes. Sin embargo, su existencia, sobre todo en Michoacán, ha merecido comentarios positivos y ha demostrado que las instancias formales son incapaces de procurar la seguridad que todos deseamos. Recientemente, a raíz de la entrada más definida del gobierno federal en esa entidad, se dio una alianza entre esos grupos y las fuerzas del Estado que al parecer ha resultado exitosa para combatir a los llamados Caballeros Templarios, principal organización delictiva en la entidad.
Después de la detención de Jesús Reyna, ex secretario general de gobierno y que fungió como gobernador interino mientras convalecía el gobernador constitucional Fausto Vallejo, resulta por demás interesante lo que la población percibe respecto a su detención y a lo que sucede tanto en esa entidad tarasca como en el resto del país. El Gabinete de Comunicación Estratégica, GCE, dio a conocer una encuesta ilustrativa sobre el particular. Destaca que el 80% de los michoacanos considera que más políticos en el estado están involucrados en el crimen organizado; ese porcentaje en el resto del país se eleva al 85.7%. Más del 50% de los encuestados piensa que Fausto Vallejo estaba enterado de tal situación y un porcentaje cercano considera que Reyna es culpable de lo que se le acusa. Por cuanto a la aceptación de dichos grupos, la encuesta revela que tanto en Michoacán como en el resto del país aquella ha disminuido: en enero era de 52.3% y en abril de 48% Lo que se observa es que se les acepta y se considera que su desempeño es benéfico, pero a la vez que la opinión favorable ha disminuido. Podría decirse que la desmovilización de las autodefensas ha ido de la mano con el debilitamiento de los templarios. Pero todavía el nivel de aceptación es considerable, sobre todo después de que José Mireles, uno de sus principales actores, ha declarado que no depondrán las armas mientras exista crimen organizado en Michoacán. Suponiendo sin conceder que este se erradica: ¿Qué va a pasar con los integrantes de las autodefensas?
En Colombia, esas agrupaciones surgieron primero para combatir la guerrilla y por ello recibieron el respaldo de políticos y empresarios, de ganaderos y agricultores. Poco tiempo después fueron responsables de múltiples asesinatos civiles, de masacres y de violencia de todo tipo al grado de convertirse en terroristas lo que dio lugar a un extendido repudio internacional. Las autodefensas en Michoacán están lejos de disolverse. Pretenden tener presencia en los 113 municipios, incluyendo la capital. Su condicionamiento para deponer las armas, el que se acabe con el crimen organizado que representan Los caballeros Templarios, es muy difícil de obsequiar. La lucha pues será muy larga y siempre habrá el riesgo de que se conviertan en otra cosa, como sucedió en Colombia. Las disputas internas por otro lado, pueden propiciar cambios de objetivos en algunos de ellos o eventuales alianzas con los que ahora se combaten. Sin duda la situación en Michoacán ha mejorado sensiblemente. El quehacer del comisionado, la puesta en marcha de programas diversos, el arraigo de Reyna, la presencia del presidente de la República han provocado mejores percepciones, pero se está muy lejos de haberse resuelto el problema y de ello depende en mucho la revaloración de la administración actual. Los golpes jurídicos y mediáticos han sido útiles pero más las negociaciones. El camino de la negociación con las policías comunitarias logró algunos frutos. Por un lado se PAN dejo de solicitar la desaparición de poderes y las otras fuerzas se alinearon con la postura presidencial. Debe perseverarse en esa estrategia que es sensiblemente diferente de la que siguió la administración anterior.
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