Alberto Capella, encargado de la seguridad en Morelos, obtuvo el cargo ejerciendo las artes de pitonisa; le advirtió al novel gobernador Graco Ramírez que pronto recibiría un mensaje de la delincuencia organizada. Desafortunadamente la lucha descarnada por el cargo del procurador hizo que agentes de seguridad pública atentaran contra éste, y en la paranoia del gobernador, los augurios de Capella se hicieron realidad. Menos mal que no consultó a Walter Mercado.

El conflicto entre Alberto Capella y el exprocurador Rodrigo Dorantes provocó la renuncia del segundo, no sin antes señalar a Capella como responsable de cualquier atentado que le ocurriera a él o a su familia. Capella argumentó que él capturaba a los delincuentes y el otro los dejaba salir. Pero el encargado de la seguridad pasa por alto los graves abusos a los derechos humanos cometidos por sus elementos, esos son peccata minuta. De acuerdo con esta nota de Milenio, el Mando Único llevaba más de 400 quejas en su haber. Fue muy sonado el caso del ciudadano que fue detenido, torturado y asesinado en los sótanos de la Torre Morelos. El entonces procurador se negó a certificar que el detenido había llegado muerto a la torre del terror.

Si se suman todos los pagos que se le han hecho a Alberto Capella desde su llegada a Morelos, no le alcanza para justificar la adquisición de la casa que tiene en el club de golf Paraíso. Por lo tanto, estamos ante un enriquecimiento inexplicable que puede tener dos orígenes; 1) la malversación de los fondos públicos dedicados a la seguridad, o 2) el dinero sucio proveniente de la delincuencia organizada. En cualquier caso, su perfil es más cercano al del delincuente común que al del honesto policía.

Aunque sobran los señalamientos que lo acusan de enriquecimiento inexplicable durante el ejercicio de las mismas funciones en Tijuana, quisiera resaltar la segunda hipótesis bajo la teoría de que en Morelos la política y la delincuencia organizada han desdibujado la frontera que los dividía para convertirse en la misma cosa.

Cuando ocurrió la lamentable desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se culpó a “los Guerreros Unidos”  y al presidente municipal de Iguala; José Luis Abarca Velázquez. Pero entre los “Guerreros Unidos” y la familia del alcalde no había ninguna separación. La esposa del presidente municipal era hermana de dos delincuentes convictos miembros de ese grupo. Todos los participantes de tan lamentable hecho fueron capturados en Morelos por la armada, sin la participación Mando Único, pues se sospechaba de la protección que brinda a los integrantes de este grupo delincuencial.

Graco Ramírez, en su discurso, maneja a “los Rojos” como los otros, los diferentes, lo no-homogéneo. ¿Entonces debemos asumir que ellos son “los Guerreros Unidos”? ¿Por qué razón no los combate con la misma intensidad? ¿Qué no son grupos de la delincuencia organizada?

Un abogado relacionado con estos casos de delincuencia organizada argumenta que los denominados “Rojos” o “Guerreros Unidos” ya no existen en la actualidad. Sus fundadores han muerto o han sido encarcelados y sus sicarios se han disgregado, de tal forma que hoy en día cualquier hijo de vecino se denomina de “los Rojos” o de “los Guerreros Unidos” para extorsionar al prójimo.

Entonces por qué razón el gobierno culpa a “los Rojos” del cobarde asesinato de Gisela Mota,  presidente municipal de Temixco. ¿Con una declaración de un amedrentado menor de edad se da carpetazo a la investigación? Alberto Capella sabe tanto del conflicto entre “los Rojos” y “los Guerreros Unidos” que uno se pregunta porqué no los detiene. Si los más cercanos colaboradores de Gisela Mota han afirmado que no habían recibido amenazas de la delincuencia organizada, porqué se insiste en esa línea de investigación. ¿Por qué no se indaga en la línea de investigación del asesinato político que señala a Graco Ramírez como autor intelectual del homicidio? ¿Por qué razón la Procuraduría General de la República no atrae la investigación?

Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de Cuernavaca, se negó a ratificar los convenios del Mando Único y durante tres días los habitantes de Cuernavaca fuimos resguardados por la Gendarmería Nacional y elementos del ejército. El homicidio de la presidente municipal de Temixco fue el pretexto para que el gobernador ejerciera las facultades contempladas por la fracción VII del artículo 115 constitucional y asumiera el control de la seguridad pública municipal. Pero el artículo 115 constitucional contempla dos supuestos; la fuerza mayor, esto quiere decir un terremoto, inundación o un hecho irresistible o imprevisible, que no ocurrió, o una grave afectación al orden público, entiéndase saqueos, manifestaciones armadas, etcétera, que tampoco ocurrieron. Además el precepto constitucional establece que debe ser de carácter temporal, y no permanente como establece el decreto.  El gobierno del Estado argumenta que la delincuencia organizada no quiere al Mando Único, yo me cuestiono si el bando único o “los Guerreros Unidos” no quieren a la Gendarmería Nacional y al ejército por aquí.