Josué Guzmán Casarrubias
Desconocimiento total de los protocolos de la inhumación y exhumación de más de 100 cuerpos colocados en las fosas de Tetelcingo, fueron algunas de las irregularidades que presentaron este día Especialistas del Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (PAV-UAEM), señalando que las autoridades del estado de Morelos cayeron en un delito de lesa humanidad.
Poco mas de tres meses de la exhumación de 117 cuerpos enterrados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en las fosas ubicadas en el poblado de Tetelcingo del municipio de Cuautla, el PAV a través de su equipo psicosocial, Fernando Mendoza Vergara y Héctor Sánchez Lira, señalaron que la misma fiscalía, desconocía los protocolos para inhumar los cuerpos, ya que durante las exhumaciones algunos cuerpos «pareciera que fueron arrojados como basura».
Por lo que dijeron, «son crímenes de lesa humanidad por la forma en que los cuerpos fueron tratados y porque violentaron algunos derechos humanos. Lo que se observó por parte de los peritos, tanto de la Fiscalía como de los peritos de otras instituciones, es que se encontraron irregularidades, cuerpos que no tenían una condición protocolaria para poder estar allí, fueron tirados como basura y me parece que más allá de los delitos que se pudieran encontrar, me parece que hay una omisión a todo los protocolos que deben de existir tanto para exhumación como para inhumación, me parece que no se cumplieron los protocolos», recalcó Mendoza Vergara.
Asimismo, señalaron que la FGE ha sido omisa en las investigaciones de las muertes de los 117 cuerpos que allí se encontraban, poniendo como ejemplo el caso de tres menores del sexo femenino: una recién nacida, otras de aproximadamente siete años y una más de entre los ocho y diez años de edad.
Fernando Mendoza, explicó que el cuerpo de la menor recién nacida fue localizado en un bote de basura en la colonia Alta Vista de Cuernavaca. Al ser extraído su cuerpo de la fosa se detectó que fue inhumado sin los mínimos protocolos, pues los restos estaban completamente comprimidos, fragmentados y desarticulados debido a que fueron aplastados por los demás cuerpos.
De la misma manera, el cuerpo de la menor de siete años, que fue localizado en diciembre del 2011 en un ejido Acapantzingo en los límites con el municipio de Jiutepec con fracturas en el cráneo y tórax, se encontró un a botella de plástico con algunos datos y junto a los restos, la ropa de la menor, la cual, dijo, debió de haber servido para continuar con la investigación del homicidio y la posible identificación de la víctima.
Finalmente, el caso de la menor de entre ocho y diez años de edad y que se cuerpo fue localizado en el Río Apatlaco, a la altura de la comunidad de Alpuyeca, aseguró que es el ejemplo más claro de la omisión de la Fiscalía del Estado, pues omitieron información, al no señalar que fue arrojada de un puente de aproximadamente 20 metros de altura y que su cuerpo estaba desnudo y con las uñas pintadas con barniz permanente.
“Por las condiciones en la que fue encontrada, por la forma en que tenía pintadas las uñas la fiscalía debió de investigar el caso como una posible víctima de trata y feminicidio, además de obtener su perfil genético», recalcó.
Por último, los Especialistas del Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (PAV-UAEM), recalcaron que con este informe existen suficientes pruebas para fincar responsabilidades a los servidores y ex servidores que decidieron inhumar los cuerpos en estas fosas, además de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de documentar estar irregularidades y darles seguimiento.
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