Carlos Quintero

La defensa jurídica de los hermanos Juan Carlos “N” y Mario Antonio “N”, vinculados a proceso penal por el homicidio del catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Chao Barona y su esposa Sara “N”; pretende una salida alterna a través de un juicio abreviado y obtener así una pena menos severa.
Lo anterior quedo de manifiesto en la audiencia intermedia, relacionada con la carpeta administrativa JC/363/2014, y que pretendía ser desahogada a las 9 de la mañana del lunes en la sala 5 del Primer Distrito Judicial del Juzgado de Control y Juicio Oral, pero el abogado defensor solicitó aplazar la misma para establecer una negociación con la Fiscalía General del Estado (FGE).

La Fiscalía General del Estado (FGE) ejerció la acción penal en contra de Moisés Enrique “N”, quien el pasado 1 de enero fue detenido de manera ilegal por delitos contra la salud sin embargo tras recobrar su libertad, es nuevamente aprehendido e imputado por el delito de violación agravada.
La representación social sostuvo ante la Jueza de Control de Garantías del Primer Distrito Judicial, Gabriela Acosta Ortega que Moisés Enrique “N” es acusado por Sandra “N” como el responsable del hecho delictivo.

La Jueza de Control de Garantías del Primer Distrito Judicial, Gabriela Acosta Ortega calificó de ilegal la detención de José Clemente “N” porque al momento de ser sometido resulto herido por un grupo de personas que intentaron hacer justicia por mano propia, todos ellos vecinos del poblado de Cuentepec del municipio de Temixco.
El mediodía del pasado sábado José Clemente “N” compareció esposado con evidentes golpes en su cabeza y cuerpo, que evidenciaron la circunstancia de violación a sus derechos humanos causada por los propios pobladores que intentaron lincharlo por eso la juzgadora decreto su inmediata libertad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos inhumó el pasado 28 de marzo del 2014, más de 120 cuerpos de personas desconocidas, de las cuales, al menos 90 cadáveres no cumplían con los requisitos legales para ser sepultados aunado a que 10 de los cuerpos humanos no cuentan con la carpeta de investigación y su origen es desconocido, reveló una fuente cercana al caso.
El entrevistado, quien pidió el anonimato porque es testigo del hecho, confirmó que 54 de los cadáveres corresponden a la zona oriente, y el resto, es decir más de 66 son de la zona metropolitana del estado. Todos los cuerpos fueron enterrados en dos fosas del panteón que se ubica en la calle Prolongación 5 de Mayo del poblado de Tetelcingo del municipio de Cuautla.

La jueza de Control de Garantías, Alejandra Trejo Reséndiz, impuso la prisión preventiva a una familia que agentes de la Unidad Especial de Combate al Secuestro (UECS) detuvieron la noche del pasado viernes, y la cual al declarar ante ella denunció una serie de violaciones a sus derechos humanos.
Susana “N”, Karina “N” y Jesús Alan “N”, madre y hermanos respectivamente, así como Daniela Berenice “N”, concubina de este último, coincidieron en manifestar que alrededor de 30 agentes de diferentes corporaciones ingresaron a su casa valiéndose de engaños.

La actuación desleal de la Fiscalía General del Estado (FGE) quedo en evidencia al momento en que una persona víctima de secuestro rendió su declaración ante el tribunal, y fue sorprendida en poder de hojas impresas con las imágenes de los seis acusados que le servirían para identificar la participación que cada uno de ellos tuvo en el hecho delictivo.
La persona víctima se encontraba aislado en una antecámara adyacente conocida como “sala de testigo protegido” para reguardar su integridad y evitar de esta manera ser revictimizada al momento de confrontar directamente a sus presuntos plagiarios y únicamente era visto a través de un sistema de circuito cerrado de video difuminado.