“Fue el inicio de la etapa más terrorífica de la gesta revolucionaria, cuando afloraron los instintos más salvajes de los caudillos, principalmente Francisco Villa, quien incluso secuestró y violó a una mujer francesa, esposa del propietario de un hotel de la ciudad de México”, asegura.
La Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, trabaja en la opacidad porque no existen cifras oficiales que confirmen su efectividad para demostrar la responsabilidad de las personas acusadas por secuestro ante la autoridad judicial.
De acuerdo con información requerida a través de una solicitud de acceso a la información vía sistema INFOMEX por este reportero, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado no cuenta con la cifra de personas sentenciadas, condenadas o absueltas por secuestro.
* Necesario pasar de la discusión a la práctica de estrategias que permitan responder ante los impactos del cambio climático; se requiere personas capacitadas, consientes y comprometidas; a su vez, el gobierno debe garantizarles fuentes de empleo y desarrollo.
La jueza de Control de Garantías, Alejandra Trejo Reséndiz, impuso la prisión preventiva a una familia que agentes de la Unidad Especial de Combate al Secuestro (UECS) detuvieron la noche del pasado viernes, y la cual al declarar ante ella denunció una serie de violaciones a sus derechos humanos.
Susana “N”, Karina “N” y Jesús Alan “N”, madre y hermanos respectivamente, así como Daniela Berenice “N”, concubina de este último, coincidieron en manifestar que alrededor de 30 agentes de diferentes corporaciones ingresaron a su casa valiéndose de engaños.
Un tribunal de justicia oral absolvió a 15 internos del Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos, acusados por la Fiscalía General de Justicia (FGE) por el homicidio de Hilario Montaño Montes, asesinado el 8 de enero del presente en la celda donde permanecía recluido.
La tarde del lunes el tribunal colegiado, integrado por los jueces de justicia oral Arturo Ampudia Amaro, Patricia Aguirre Galván y Bertha Vergara Álvarez; dio a conocer el veredicto y se sumó a la exigencia de la familia de la víctima mortal para que la Fiscalía esclarezca el crimen.
La actuación desleal de la Fiscalía General del Estado (FGE) quedo en evidencia al momento en que una persona víctima de secuestro rendió su declaración ante el tribunal, y fue sorprendida en poder de hojas impresas con las imágenes de los seis acusados que le servirían para identificar la participación que cada uno de ellos tuvo en el hecho delictivo.
La persona víctima se encontraba aislado en una antecámara adyacente conocida como “sala de testigo protegido” para reguardar su integridad y evitar de esta manera ser revictimizada al momento de confrontar directamente a sus presuntos plagiarios y únicamente era visto a través de un sistema de circuito cerrado de video difuminado.
Jazmín Herrera Soto, médica legista adscrita a la Fiscalía General del Estado (FGE) declaró ante el tribunal de justicia oral en el caso de la muerte de Hilario Montaño Montes, interno asesinado en el interior del Centro Reinserción Social (CERESO) Morelos; y confirmó que la víctima sufrió una serie de torturas tras ser reaprehendido de su fuga del penal.
La declaración de la especialista en medicina forense reveló científicamente que la víctima mortal habría sido golpeada en varias ocasiones. La necropsia de ley, establece que el cuerpo presentó “inflamación peritoneal en el abdomen”, lesiones que tenían de 2 a 3 días de haber sido provocadas antes de su muerte.
Asociaciones de periodistas y reporteros denunciaron que a seis años de la ejecución del sistema penal acusatorio en Morelos son constantes los casos de violaciones al principio de publicidad en el sistema penal por parte de los administradores de los juzgados de Control y Juicio Oral de los distritos judiciales de Jojutla y Cuautla.
En el marco del desarrollo de los talleres “Desafíos del periodismo judicial frente al sistema penal acusatorio” impartidos la semana pasada a comunicadores de la zona metropolitana y sur poniente del estado, se dieron a conocer algunos casos sobre la violación al principio de publicidad.
«México está en este momento en una situación de emergencia nacional, por eso convocamos a la sociedad civil a incrementar las movilización, no sólo para resolver el caso Ayotzinapa con resultados creíbles, sino también para exigir que no haya un desaparecido más», destacó José Alcaraz, dirigente del movimiento #43×43 al cierre de su sexto día de caminata en honor de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.
Luego de caminar 180 kilómetros desde Iguala, a su arribo a la Ciudad de México el movimiento ciudadano “#43×43. Ni un desaparecido más” convocó a la sociedad civil a sumarse en esta lucha que no pertenece únicamente a Iguala o al estado de Guerrero, «está sólo fue la gota que derramó el vaso. Son miles los desaparecidos en todo el país y por todos ellos pedimos justicia», increpó el portavoz de los caminantes.
El juez del Primer Distrito Judicial, Arturo Ampudia Amaro calificó de ilegal la aprehensión de tres de cinco personas que la Fiscalía General del Estado (FGE) exhibió ante los medios de comunicación como “narcotraficantes”, hecho que atenta contra su derecho a la presunción de inocencia.
La Fiscalía informó a través de un comunicado de prensa que agentes de la Policía de Investigación Criminal, soldados del Ejército Mexicano y agentes de la Policía Federal lograron el decomiso de 101 kilos 617 gramos de marihuana en seis diferentes cateos realizados a domicilios ubicados en Temixco y Xochitepec.
La Fiscalía General del Estado (FGE) se reservo el derecho para formular imputación por un segundo delito en contra de Gerardo Casamata Gómez, ex Auditor Superior Gubernamental del Congreso del Estado por el probable hecho de falsedad de declaración ante una autoridad o también solicitar el cambio de la medida cautelar en su actual proceso por prisión preventiva.
El ex servidor público presentó a través de su abogado defensor, Alfredo Vergara un certificado medico para justificar su incomparecencia en la audiencia intermedia que la mañana de lunes debía desahogar la juez de Control y Garantías, Leticia Damián Avilés.
El abogado Armando Díaz Manzanares hizo un llamado a la Directora General del Instituto de la Defensoría Pública, Mirta Sagrario Aguirre Gómez para que “saque las manos” en el expediente penal JC/398/2014 toda vez que existen indicios del probable tráfico de influencia que realiza en contubernio con su novio, Alfredo Bautista Ocampo.
En entrevista, el asesor jurídico de la esposa de la víctima del expediente en mención, amagó con denunciar a la servidora pública en caso de confirmarse su interés personal además de informar al Secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina de la situación que prevalece en el Instituto de la Defensoría.
Juanito “N” tenía casi 2 años de edad, cuando el 7 de octubre del 2013 ingresó de emergencia al Hospital del Niño Morelense, su cuerpo presentó estallamiento de vísceras y fractura en la cabeza.
Francisco Julián Martínez, su padrastro fue detenido y acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa; la tarde de ayer lunes, un año después del hecho, el hombre fue absuelto por un tribunal de justicia oral.
El exedil de Cuernavaca y actual diputado local, Manuel Martínez Garrigós y cinco de sus excolaboradores entre ellos el también exalcalde Rogelio Sánchez Gatica deberán comparecer mañana lunes ante un juez de Control y Garantías toda vez que la Fiscalía General del Estado (FGE) pretende formular imputación en su contra por el delito de peculado.
De acuerdo con la lista de audiencias del primer distrito judicial, los servidores públicos que asistirán a la audiencia programada a las 8 de la mañana son: Alma Domínguez Torres, Javier Nava Castillo, Nelson Torres Mondragón y Víctor Manuel Ochoa Fuentes todos ellos ex tesoreros durante el gobierno de Martínez Garrigós y Sánchez Gatica.
El uso de la prisión preventiva es la medida cautelar que cada vez más imponen los jueces de Control y Garantías a las personas imputadas por algún delito en el estado, revelan cifras oficiales obtenidas a través de diversas solicitudes de acceso a la información.
La estadística realizada por los Juzgados de Control y Juicio Oral del estado de Morelos, cuya copia obra en poder de este medio, dejan ver que del año 2012 al 2013 la aplicación de la prisión preventiva se incrementó en un 113 por ciento.
Un tribunal de justicia oral absolvió a los cinco agentes de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y al policía del Mando Único de Cuernavaca, acusados por el delito de obstrucción contra la administración de justicia.
El caso es el relacionado con el atentado en contra de Crisóforo Maldonado Jiménez y Antonio Román Miranda, identificados con los alias de “El Bocinas” y “La Moña” otrora líderes del grupo criminal “Los Rojos”.
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