Cómo fue la «estrategia anti-marcha», paso a paso

• Primero el intento de boicot; ahora la venganza
• Graco gastó más en tratar de deslegitimar la marcha que en su informe de Gobierno
• Va con todo contra los miembros del comité organizador

Por Jesús Castillo García

Ante el anuncio de una marcha como la que él encabezó hace casi 20 años en contra de Jorge Carrillo Olea, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu se empecinó en demostrar que si ha tenido la habilidad para desestabilizar gobiernos, también sabe cómo boicotear movimientos sociales.

Así, el tabasqueño que llegó al gobierno de Morelos a través de los partidos de izquierda, ordenó el diseño de una estrategia –sin escatimar recursos humanos, materiales y financieros- con el único objetivo de deslegitimar la marcha programada para el 1 de abril, fecha en que se cumplió el plazo que Graco se autoimpuso para acabar con la delincuencia en Morelos.

Aun cuando hubo asesores que le recomendaron entablar un diálogo con los organizadores y evitar así la marcha, el primer gobernador de izquierda fue tajante en su orden: “hacer pedazos a los instigadores”.

EL ROMPIMIENTO DE GERARDO Y GRACO

Para Graco, quien se ha caracterizado por su soberbia y autoritarismo al ejercer el poder, buscar un diálogo con Gerardo Becerra Chávez de Ita, el principal organizador, sería signo de debilidad.

Lo más irónico es que, junto con Jorge Messeguer, Graco y Becerra Chávez de Ita fueron los dos principales organizadores de aquellas marchas que el hoy gobernador todavía presume en sus biografías como las que derrocaron a Jorge Carrillo Olea, (aunque otras versiones aseguren que fue el presidente Ernesto Zedillo quien financió el movimiento).

Según Gerardo Becerra, tras la renuncia del general Carrillo Olea, el tabasqueño quiso “vender el movimiento” a favor de uno de los posibles sucesores, a lo que éste se opuso. A decir del activista, en el restaurante Las Mañanitas se dio el rompimiento con un “chinga tu madre Graco”.

A eso se debe que, a 16 años de esos acontecimientos, Messeguer sigue siendo “el brazo derecho” del tabasqueño, y Gerardo Becerra “el enemigo político número uno” del gobierno graquista.

Y quizás por eso, en cuanto fue avisado de que se preparaba una marcha del silencio en su contra, el gobernador reunió a su primer círculo de colaboradores y les ordenó diseñar una estrategia para desacreditar la manifestación.

LA ESTRATEGIA CONTRA LA MARCHA

La estrategia se aplicaría básicamente en tres vertientes: detenciones de delincuentes, eventos con personajes política y socialmente “de peso” que avalaran el trabajo de Graco, y ataques en los medios de comunicación y redes sociales a los organizadores de la marcha.

Según cuentan comandantes de la Policía Estatal, los días previos a la marcha fueron presionados como nunca para entregar resultados. No durmieron durante días, hicieron infinidad de operativos y aceleraron varias investigaciones pendientes.

Entre las detenciones importantes que lograron fue la tres adultos y un menor de edad en posesión de cuatro armas largas, municiones y equipos de radiocomunicación, presuntamente dedicados a “cobrar piso” en el municipio de Puente de Ixtla.

Casi al mismo tiempo descubrieron que uno de tres sujetos detenidos por asaltar una gasolinera es el supuesto responsable del asesinato de una cajera de Superama, ocurrido el 3 de marzo y cuyo video fue transmitido a nivel nacional.

Y una de las averiguaciones que fueron acelerados fue la que ya se venía dando en contra de los funcionarios del área de Finanzas de la anterior administración. Así, el 10 de marzo se dio a conocer la detención de Alfredo Jaime de la Torre, quien se desempeñó como secretario de Finanzas y Contralor en el Gobierno del panista Marco Antonio Adame Castillo, por no haber depositado las cuotas de los trabajadores al Instituto de Crédito.

Las conferencias de prensa para presentar estadísticas fueron constantes: El 23 de febrero el responsable de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella y el procurador Rodrigo Dorantes anunciaron que la incidencia de delitos denunciados en enero del 2014 disminuyeron en un 8.4 por ciento en relación con el mismo mes del año pasado. Ya nada más 3 mil 838 denuncias en un mes; 353 menos que el año pasado.

El lunes 31 de marzo el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer, el procurador Rodrigo Dorantes, el jefe de la Policía Estatal, Alberto Capella, acompañados por el delegado de la PGR, Bogard Sandoval y el nuevo comisario de la Policía Federal, Teófilo Gutiérrez, encabezaron una conferencia de prensa (sin opción a preguntar, como se hacen en los últimos meses) en el que se destacó que los delitos de alto impacto van a la baja.

“MORELOS SEGURO Y JUSTO”

Pero el “evento estrella” para avalar el trabajo de Graco Ramírez en materia de seguridad fue el que se realizó el 27 de marzo denominado “Morelos seguro y justo”. El escenario fue la obra inconclusa del Centro de Control, Cómputo y Comando (C5) que se realiza en el municipio de Emiliano Zapata.

En esta ocasión, los invitados especiales no estaban frente al escenario, sino arriba del mismo. Presidentes de cámaras empresariales, líderes transportistas (beneficiados con concesiones); magistrados, y representantes de diferentes sectores de la sociedad fueron puestos atrás del principal orador que fue el gobernador Graco Ramírez.

Y si la imagen no bastaba para demostrar que la sociedad avala a su gobernador, varios de esos invitados especiales se encargaron de recalcarlo.

Jorge Font Ramírez, integrante del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social del Estado, respaldó la estrategia del mandatario. Juan Pablo Rivera Palau, presidente de Coparmex, dijo que “los resultados en el tema de seguridad no han sido los deseados, pero hemos sido testigos de los esfuerzos”.

LA HISTORIA DE FERMÍN ESQUIVEL

Pero quién más defendió al gobernador fue el dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, Fermín Esquivel. Tiene razones de peso para hacerlo.

En una cena en la que estuvieron presentes los periodistas Teodoro Rentería, Pablo Rubén Villalobos, Guillermo Cinta y quien esto escribe, el entonces candidato Graco Ramírez afirmó que a finales del 2011 telefoneó al entonces Rector Fernando Bilbao Marcos para pedirle que interviniera a favor de la planilla que encabezaba Fermin, pues estaba a punto de quedar fuera de la contienda.

Es un “secreto a voces” en la comunidad universitaria que en la última contienda para elegir dirigente estudiantil el PRI apoyó al candidato Juan Jesús González Salazar y el PRD a Fermín Esquivel.

LA MANO DE JORGE LÓPEZ FLORES

La sorpresa de la tarde fue la intervención de “el comunicador” Armando Basaldúa Flores:

“Hoy, la inseguridad es tema cotidiano. Ya nada nos espanta, estamos acostumbrados a la nota roja, ya es algo nuestro de nuestra misma forma de vida (sic), que nos ha hecho perder la capacidad de asombro.

“Sin embargo –y debemos reconocerlo- también estamos habituados a leer que se han desmembrado bandas, que se han detenido delincuentes o rescatado secuestrados, lo que significa que el estado está (sic) haciendo lo suyo, tal vez sin los resultados que todos esperamos, pero se registran avances, y eso es lo importante, porque la seguridad no se rescata sin milagros (sic) sino en un penoso proceso en el que todos tenemos algo que aportar y una responsabilidad qué asumir”.

“Los medios somos los receptores de las quejas, de las inquietudes y de los reclamos sociales, y estamos obligados a darles su justa dimensión con objetividad y sin utilizar el poder de la información para golpear o exhibir a la autoridad; más bien, para socializar los avances y las obras que se van logrando, para convocar a los actores sociales a que en el acto de disentimiento, también propongan y coadyuven, que nos alejemos de la división que sugiere que otros venzan”, acotó.

Y remató:

“Si el trabajo de los medios es informar, sería irresponsable de nuestra parte no reconocer que en materia de seguridad ha habido avances, que el gobierno del estado está ocupado en devolvernos la tranquilidad que hizo del Morelos de antaño, el lugar ideal para vivir, para invertir o simplemente, para descansar”.

Y terminó su discurso con una frase digna de análisis: “Podría ser perverso decir que no pasa nada, pero criminal puede ser no reconocer que se está avanzando”.

El texto lisonjero no es de a gratis y su designación como representante del gremio periodístico tampoco es una casualidad.

Armando Basaldúa es el conductor de los noticiarios en la estación radiofónica “La Comadre”, propiedad de Grupo Braca de Comunicación, donde era vicepresidente el actual secretario de Información y Comunicación Social del gobierno de Morelos, Jorge López Flores.

Y López Flores fue el encargado de firmar los contratos mediante los cuales “La Comadre” recibió 10 millones 800 mil pesos durante el 2013 según información proporcionada por el gobierno estatal en respuesta a una solicitud de información pública.

En total, Grupo Braca recibió 66 millones 720 mil pesos de los 316 millones que la dependencia gastó en difusión oficial durante el 2013. Cabe mencionar que, en el 2007, Grupo Braca recibió 9 millones 715 mil pesos, es decir, prácticamente sextuplicó sus ingresos.

Por ello no es para nada extraño que haya sido esta empresa el principal artífice para la estrategia mediática con la que se pretendió desprestigiar la marcha del uno de abril. El Diario de Morelos y sus estaciones de radio, principalmente, trabajaron en dos vertientes: la primera resaltar lo más posible que la sociedad reconocía el trabajo del gobernador en materia de seguridad, y la segunda, “el trabajo sucio”, que consistió en atacar a los principales organizadores de la movilización.

“Mando Único reduce delito en Morelos”, “Unen Fuerzas vs. Criminales”, “Todos contra la inseguridad”, “Bajan secuestros en Morelos: PGR”, fueron los títulos “de ocho columnas” que se pudieron leer en los días previos.

“Saúl Medina, líder de Coparmex, percibe descenso en la inseguridad”, “Avalan nueva estrategia”, “expresan familiares su voto de confianza al gobierno”, “Dicen no a marcha hospitales privados”, fueron algunas de las notas que se manejaron en esos días.

Pero en lo que más se enfocaron los ex empleados de Jorge López Flores fue en la guerra sucia. A través de seudónimos, el Diario de Morelos comenzó a referirse a la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos como una “camarilla” en busca de venganza y cargos públicos.

“La marcha “ciudadana” programada para el 1 de abril contra la inseguridad en Morelos tiene evidencias de manipulación político-partidista y de revanchismo contra el PRD por personajes agazapados y manifiestos del PRI y del PAN”, publicó DDM en una nota firmada por “La Redacción”.

En “La Nahuala”, columna incrustada en ese periódico para atacar a los enemigos del gobierno, firmada por “Toña Machetes”, no se la perdonó ni al columnista del propio Diario, Teodoro Lavín, quien desde el principio apoyó la marcha.

“Gerardo Becerra, ciudadano que ahoga sus frustraciones en el crisol de la vanidad que lo empuja a apostarle a revanchas personales y políticas; o el insigne Toto Lavín, ciudadano privilegiado por vivir de los impuestos aportados por los ciudadanos de esta tierra y autonombrado apostador por Cuernavaca, son breves ejemplos de esa contradicción entre el decir y el hacer –según ellos– en favor de la sociedad”, se publicó en dicho espacio.

Pero el golpe más fuerte fue la publicación de la ficha sinaléctica de Gerardo Becerra Chavez de Ita a la que sólo tiene acceso el procurador Rodrigo Dorantes, justo una semana antes de la marcha.

“Sigue palabra ‘fraude’ en juzgados a Becerra, promotor de la marcha”, fue el título de la nota, también sin firma, en el que se mencionaba que Gerardo Becerra Chávez de Hita, “quien cobra en el Congreso sin puesto nominal alguno en el equipo del diputado priista Matías Nazario, ha estado involucrado en diversos juicios en calidad de acusado”.

La carta aclaratoria que envió Becerra Chávez al rotativo exigiendo su derecho de réplica nunca apareció. En ella el aludido explicaba que se trata de asuntos ya juzgados en los que resultó exonerado.

EN LAS REDES, LA OTRA GUERRA

Pero si en los medios impresos los ataques fueron constantes, en las redes sociales rayaron en el terrorismo cibernético.

Fuentes internas de gobierno refieren que Graco contrató una empresa dedicada a aparentar aceptación ciudadana de su trabajo a través de personas inexistentes. Así, cada vez que el mandatario hace un comentario en Twitter, decenas de “personas” lo “retuitean” y hacen comentarios positivos sobre el mismo. Los textos se parecen tanto que dejan en evidencia que se trata de “Gracobots”, como ya se les conoce en el ámbito cibernético.

En el campo de las redes sociales el trabajo de “contrainsurgencia” se lo autoasignó uno de los más cercanos colaboradores del gobernador desde tiempo atrás. Desde la cuenta “@Don_Morelos”, este personaje se dedica a responder a cuanta persona se atreva a cuestionar el trabajo de su jefe, siempre mandando copia (arrobar) a @gracoramírez para que esté al tanto de su actividad de “escudero”.

Aquí algunos ejemplos:

“@emaigre @SinViolenciaMor respire hondo y prepárese, la nota señala a Becerra con orden de aprehensión, hay pruebas, resultado es una rata”.

“ @cgf59 lo dijo claro @ElenaCepeda_ «el tamaño de tu odio es el tamaño de tu frustración» @uaemorelos aplique examen psicológico. #Morelos”

“Con todo respeto @uaemrector ya leyó los comentarios del secretario de su secretario? @PanoramaUAEM @DiariodeMorelos pic.twitter.com/bYJY0K6x1W”.

“ @eloycam2012 ya que toca el tema, es el único diputado q veo defendiendo al Komander q tiene nexos oscuros, qué te mueve?”.

“@norabucio sigo a la espera, como caben 35 mil personas en plaza de Armas de #Cuernavaca ?Me podría explicar? #Morelos @NoticiasMVS”.

“@HomeroGTapia @AristeguiOnline @gracoramirez hoy en #Morelos no hay complicidad, a diferencia del PAN que su jefe policía protegía narcos”.

“Hoy vivimos una marcha q tomó una demanda social por la seguridad, que lamentablemente políticos se montaron y la desinflaron”.

Y LAS ESTADÍSTICAS NO LLEGARON

El plan de que personajes muy importantes avalaran el trabajo de Graco Ramírez en el combate al secuestro iba “viento en popa”. El 24 de febrero la presidenta de la agrupación ciudadana “Causa Común”, María Elena Morera, resaltó los avances al participar como invitada en el Congreso Internacional de Derechos Humanos que se celebró en Xochitepec.

Se reunió con el secretario de la Defensa Nacional; con la comisión de Seguridad Pública del Senado, y logró que viniera el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrían, para declarar que “como resultado de la estrategia de seguridad que se coordina entre los gobiernos federal y el de Morelos, los delitos de alto impacto, como el homicidio doloso y el robo, han ido a la baja en el estado en un 64 por ciento.

Pero no dio datos del delito de secuestro.

Ya dando muestras de desesperación, el 27 de marzo el gobernador Graco Ramírez anunció que el primero de abril el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), daría a conocer las cifras oficiales más recientes en materia de secuestro.

“Ya no estamos en el primer lugar, ni en el segundo, ni en el tercero ni en el cuarto”, dijo el Gobernador, quien reconoció que Morelos llegó a estar en las “peores condiciones”.

A través de un boletín y con la cobertura de todos los medios, apareció en los noticiarios diciendo: “Quiero decirles que con absoluta verdad y responsabilidad, que con respecto al 2013 en estos tres meses el secuestro bajó 50 por ciento, con respecto a este año 60 por ciento”.

Y fijó sus esperanzas en la visita de Renato Sales Heredia, el llamado Zar antisecuestros, programada para el día de la marcha, pero por la mañana.

“Van a presentarle a ustedes las cuentas de resultados, no especulaciones”, sentenció.

Pero los resultados oficiales no llegaron y tampoco hubo una declaración contundente de Renato Sales al acudir a la inauguración de las oficinas que ocupará el nuevo grupo antisecuestros de Morelos, al medio día del primero de abril.

Sin las cifras oficiales que había prometido, ese día, Graco Ramírez tuvo que recurrir a las mismas estadísticas internas que había venido manejando: que en 18 meses de la Nueva Visión se ha rescatado con vida a 233 víctimas de secuestro, se han detenido 263 presuntos secuestradores, desarticulado 57 bandas dedicadas a ese delito y obtenido 88 sentencias condenatorias.

Lo peor fue que la presidenta de la Asociación Civil “Alto Al Secuestro”, Isabel Miranda de Wallace, quien acudió como invitada especial, puso en duda lo que denominó “cifras alegres”.

Ante la mirada inquisitiva del gobernador, la mujer que saltó a la fama por haber encabezado las investigaciones hasta detener a toda la banda que secuestró a su hijo, aseveró:

“No concuerdo con las cifras que están dando de que el delito de secuestro en Morelos ha disminuido, nosotros tenemos averiguaciones previas, tanto en lo federal como en lo local, donde indudablemente los números son mucho mayores a los que ustedes tienen y me parece que para poder partir de un buen diagnóstico lo primero que tenemos que tener son las cifras de manera adecuada”.

Y agregó:

“La ciudadanía lo que vive en la calle es otra realidad, ahí es donde nos sentimos divorciados de ustedes, parece que nosotros hablamos un idioma y ustedes hablan otro, los que andamos en la calle, los que padecemos el secuestro, los que padecemos la inseguridad somos los que andamos a pie”, sostuvo.

Minutos más tarde, durante la intervención del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, pidió no llamar cifras alegres pues se trivializa el esfuerzo de los servidores públicos y el gobierno, por lo que llamó al gobierno federal y las organizaciones, ponerse de acuerdo en las cifras y resultados.

“No diría cifras alegres, no me gusta el término Isabel, porque es el esfuerzo real el que estamos haciendo y decir cifras alegres es trivializar el esfuerzo (…) sí estamos mejorando, pero tenemos que ponernos de acuerdo, con ustedes Renato, Isabel, la Comisión, para tener claras las cifras, yo doy las que tengo en el ámbito de la jurisdicción y las que reporto de acuerdo como quedamos”, se justificó.

En su intervención, el Coordinador Nacional Antisecuestros, Renato Sales Heredia, evitó entrar en la polémica. Sólo dijo que el crecimiento de las organizaciones criminales en México encontró un escenario de escasa coordinación entre los tres órdenes de gobiernos, y una creciente desconfianza en las instituciones de seguridad, así como una resistencia a la colaboración conjunta.

“La disminución de los secuestros en el estado de Morelos tendrá que ver con la conclusión operativa de dos ideas que son fundamentales: voluntad y coordinación del titular del Poder Ejecutivo”, fue lo más que dijo en referencia al trabajo desarrollado en Morelos.

Los presentes se quedaron esperando una frase, una cifra, que avalara lo dicho por el tabasqueño días antes, pero ésta nunca llegó.

Y es que el zar antisecuestros sabía que apenas unas semanas antes había dado declaraciones a la prensa nacional sobre el comportamiento de este delito en el país.

En declaraciones antes de la ceremonia de inauguración de la Conferencia Regional de Secretarios de Seguridad Pública, en Acapulco Sales Heredia dijo que en “algunas” entidades de la zona centro del país “se ha disparado” el secuestro en un 24 por ciento.

“De esas 10 entidades que concentran la mayor cantidad de secuestros en el país, tres están en la zona centro, las cuales son Morelos, Guerrero y el estado de México, publicó el periódico “Sur de Guerrero”.

LA VENGANZA QUE VIENE

En el ánimo del gobernador Graco Ramírez y su primer círculo de colaboradores prevalece la sensación de que derrotaron a sus enemigos políticos.

Pero no sólo eso. Se sienten fortalecidos y van por la venganza.

Para ello, el gobierno desplegó un pequeño ejército de “espías” a lo largo y ancho de la marcha, a fin de tener evidencias de quiénes participaron y de qué forma.

Ahora, preparan una serie de acciones que van desde el boicot a sus empresas o negocios, el despido de familiares que estén en la nómina de gobierno, hasta el ejercicio de la acción penal para aquellos que tengan cuentas pendientes con la justicia.

Jesús Castillo

Periodista con 25 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.