René Vega Giles
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jorge Olea Gamboa, culpó al ministerio público del fuero común de entregar pruebas y datos insuficientes para sentenciar a dos presuntos integrantes de la delincuencia organizada, cuya liberación la dictaron sus compañeros de Pleno de la Sala de Cuautla.
En un juzgado de Sentencia de primera instancia, subrayó que fue dictada la pena de cárcel hacia dichos personajes y está fue revisada por los jueces de segunda instancia, quienes al final determinaron que hacían falta elementos para sancionar con 75 años de prisión a los presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como “La Familia Michoacana”.
Al momento, expresó que no hay una petición formal para hacer una investigación sobre jueces o magistrados que realizaron dicha liberación, pero habrán de revisar el caso en su momento.
El argumento de sus compañeros de la Sala de Cuautla, señaló que fueron por la insuficiencia en las pruebas y datos proporcionados por la parte acusadora, quien tiene la obligación de presentar todos los requisitos exigidos por ley.
Y lo anterior, manifestó que fue por la falta de una investigación a fondo y pretender enjuiciar sin bases sólidas a dos personas, quienes por ese error fueron liberadas.
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