Anabeli Franco
La Fiscalía General del Estado (FGE) rompió diálogo con las familias de víctimas de desaparecidos, luego de que el pasado viernes tuviera una reunión en el Palacio de Gobierno en conjunto con asociaciones civiles, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Alejandro Vera Jiménez y el activista Javier Sicilia Zardain, misma que terminó la madrugada del sábado, en donde no se llegó a algún acuerdo con la misma dependencia, ni con el mismo secretario de gobierno Matías Quiroz Medina, quien se encontraba presente en el diálogo.
Los funcionarios del Ejecutivo, como el fiscal Javier Pérez Durón y el secretario de gobierno, Matías Quiroz Medina abandonaron el diálogo con los familiares de las víctimas aparentemente para irse a “descansar” a sus domicilios, luego de que dejaran a cargo a tres funcionarias en la mesa de discusión. Los invitados se enteraron de la partida de los funcionarios a las 2:00 horas del sábado cuando la reunión terminó, sin que a los servidores públicos se les molestara.
Dentro de esta mesa de diálogo que se formó a partir de las 17:00 horas del viernes 20 de noviembre, los activistas entre ellos Javier Sicilia tomaron participación y se dirigieron a Pérez Durón como un irresponsable al no conocer cómo se encontraba la dependencia que encabeza por el supuesto desconocimiento de la legalidad de las fosas comunes a las que él refiere.
A lo cual respondió el fiscal, “estamos indagando y desde luego vamos a sacar los documentos a la luz (…) nosotros estamos asumiendo la responsabilidad con la documentación que tenemos”, pero en ningún momento se expuso en la mesa las copias de los documentos que avalen dicha confirmación.
El fiscal argumentó que está en la espera de recibir las pruebas que se requieren para confirmar que las fosas no son clandestinas a pesar de que fue en el mes de marzo del 2014 cuando se dio la orden por la coordinadora de Servicios Periciales y el coordinador de la Fiscalía de la zona para inhumar más de cien cadáveres en dos fosas ubicadas en un panteón de Tetelcingo en el municipio de Cuautla, sin embargo, los familiares de las víctimas se manifestaron al decir que eso no exime la responsabilidad de la dependencia de no tener los documentos pese al tiempo transcurrido.
Los ánimos subieron pero sin perder la cordura, el tono de voz de Pérez Durón se escuchaba como si estuviera desesperado y enojado, y les dijo a los presentes: “yo quiero decirles que la Fiscalía está con ustedes y vamos a trabajar de la mano, eso es lo único que tienen que hacer, si no lo ven de esta manera yo me voy a ir porque yo no voy a estar cargando situaciones que al ratito me van a imputar”.
Los diálogos siguieron durante la noche del viernes, mientras que el titular de la Fiscalía General de Justicia y el secretario de gobierno sin dar aviso a los familiares de las víctimas salieron del salón Morelos donde permanecía la reunión y por la puerta trasera del inmueble se retiraron a sus domicilios.
En tanto en el salón, los familiares de las victimas realizaban algunos puntos de acuerdos (once en total) para que entre los representantes del gobierno y ellos los firmaran para trabajar conjuntamente. Entre los puntos que se describieron se encuentran: 1) que la FGE se comprometiera con la UAEM para trabajar de manera inmediata para conocer las carpetas de investigación que tengan relación con los cuerpos depositados en las fosas. 2) La dependencia revisara el procedimiento de la inhumación de los cuerpos, el estatus de las carpetas de investigación y realizara la exhumación de los mismos para realizar los peritajes correspondientes, así como de esclarecer cada uno de los hechos relacionados. 3) Se pretendió que la instancia de justicia no involucrará la participación de peritos o expertos que tengan ligas con las autoridades estatales en los últimos 10 años o que puedan incurrir en conflictos de intereses.
Además, en el 4) se obligaría a Pérez Durón a conseguir la comparecencia del ex fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, puesto que los hechos se suscitaron durante su gestión. En tanto en los puntos 5) y 6) se solicitó garantizar la identidad personal de la familia del joven Oliver Wenceslao Navarrete Hernández y que el Gobierno exhortara al Congreso local a aprobar la autonomía de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Morelos para realizar un trabajo menos apegado a lo que se haga en el Gobierno.
En los puntos 7) y 8) pidieron comprometerse a la Secretaria de Gobierno y la FGE a realizar mesas de trabajo cada mes para exponer informes, análisis y evaluaciones sobre las investigaciones de las fosas y que el Poder Ejecutivo costeara los gastos que se llevan a cabo tal como lo establece en Ley de víctimas del Estado de Morelos. En el apartado 9) pidieron los familiares que era de importancia que el mismo gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu ofreciera una disculpa pública a la familia del joven Oliver por la negligencia de la misma autoridad.
Sin embargo, también en el punto 10) agregaron que el gobierno de Morelos tendría que solicitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la investigación de violaciones en esta materia en las otras carpetas de investigación relacionadas con los cuerpos inhumados. Estos acuerdos; en el apartado 11) se harían efectivos a partir del viernes, pero nada de esto se pudo firmar ya que los funcionarios ya habían abandonado el edificio, y a su cargo dejaron a tres funcionarias que según los agraviados intentaron hacer una serie de “regateos con respecto de las demandas, acuerdos y compromisos” presentados.
El sábado por la mañana, los familiares de víctimas de desaparecidos, entre ellos los de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, durante una rueda de prensa ofrecida en las afueras del Palacio de Gobierno refirieron que esta fue una oportunidad que las mismas autoridades dejaron ir para que se mencionara a nivel nacional que en Morelos las cosas se estaban haciendo de manera correcta.
Es por ello que insistieron en que buscarán que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso y solicitarán la intervención de organismos internacionales de defensores de Derechos Humanos, y denunciaron: “también, realizaremos otras acciones, pues el gobierno de Morelos no puede prohibirnos realizar actos en la búsqueda de nuestros familiares”, a su vez el rector Alejandro Vera Jiménez responsabilizó a Graco Ramírez en caso de que les llegara pasar algo a la familia Navarrete Hernández después de que no se firmaron los acuerdos.
En su momento, el mismo rector mencionó que él tiene los contactos para que peritos o especialistas en Antropología de España, así como de otros países en donde se tienen intercambios estudiantiles puedan llegar a Morelos y colaborar con ellos en las investigaciones sobre los “fosas clandestinas”.
Tras esta reunión burocrática, hasta la tarde de este domingo el Gobierno del Estado a través del área de comunicación social del Ejecutivo no ha fijado una postura referente a los sucedido en la reunión, lo que pudiera dejar en entre dicho las acciones que se están realizando en la fiscalía a favor de esclarecer el caso de la inhumación de más de cien cuerpos en dos “fosas clandestinas”, ubicadas en el panteón del poblado de Tetelcingo, en Cuautla.
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