Por Jorge Ikeda
El día de hoy, en un céntrico hotel de la ciudad de México, la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) dio una conferencia de prensa sobre la denuncia interpuesta ante la PGR en la que acusa al gobernador del Estado, Graco Ramírez, de la comisión del delito de “Uso indebido de atribuciones y facultades, peculado y de los que resulten”.
La fracción III del artículo 217 del Código Penal Federal establece que comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé a sabiendas, una aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal. Y la fracción II del artículo 223 del Código en comento, establece que comete el delito de peculado el servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona. Ahora, este segundo artículo contiene una conjunción disyuntiva que indica una u otra conducta. Para el primer delito se establece una penalidad que va de los seis meses a los doce años de prisión, de cien a trescientos días de multa y destitución e inhabilitación de seis meses a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Para el segundo delito, la penalidad depende del monto distraído, que para los montos que maneja el gobierno del Estado, se establece una pena de dos a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo y destitución e inhabilitación de dos a catorce años.
Cabe señalar que la denuncia tiene como fundamento un documento oficial de la Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Morelos, que se le hizo llegar de manera anónima a la CMMC. De la misma manera en que se hacen llegar diversos documentos a los medios de comunicación a través de Mexicoleaks.
Este documento de la Auditoría Superior de Fiscalización señala un probable desvío de recursos públicos por un monto que asciende a la astronómica cifra de $1,853,286,866.56 (Mil ochocientos cincuenta y tres millones doscientos ochenta y seis mil ochocientos sesenta y seis pesos 56/100 M.N.) por el pago de obras y acciones realizadas en años anteriores y por administraciones pasadas. Pero sucede que en el decreto 936 de fecha 10 de octubre de 2013 se le autoriza al Gobierno del Estado para que contrate con la banca de desarrollo o banca comercial créditos o empréstitos para lo contemplado por la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, que comprenden: vialidades, obras de infraestructura y acciones para la prestación de servicios públicos gubernamentales, desarrollo agropecuario y rural, agua, drenaje y alcantarillado, educación, electrificación, fomento económico y turístico, salud, modernización catastral, seguridad pública y procuración de justicia, sistemas y tecnologías de la información.
El siguiente párrafo se cita de manera textual para una mayor comprensión del ilícito:
Los empréstitos que contrate el Poder Ejecutivo, con base en lo que autoriza el presente Decreto, deberán formalizarse durante los ejercicios fiscales 2013 y/o 2014, y pagarse en su totalidad en el plazo que para ello se establezca en cada instrumento legal…
Y no para pagar obras y acciones del sexenio 2006-2012. Esta podrá parecer un tecnicismo legal, pero si leen la totalidad del informe, se darán cuenta que el cúmulo de ilícitos de la presente administración han hecho tal nudo gordiano imposible de desatar. El dinero de los créditos por un monto de $2,800,000.00 fueron depositados en diversas cuentas bancarias y mezclados con otros recursos, de tal forma que no hay manera de saber qué fue utilizado para inversión productiva y qué para gasto corriente.
De hecho, el crédito de $1,400,000,000.00 (Mil cuatrocientos millones de pesos 00/100 MN) contratado con Banobras, sólo puede utilizarse para: I) Infraestructura educativa de nivel básico, medio y superior, II) Infraestructura en Seguridad Pública y Procuración de Justicia, III) Infraestructura urbana, IV) Infraestructura económica, V) Infraestructura urbana, VI) Agua potable, saneamiento y alcantarillado. VII) Infraestructura gubernamental (un nuevo recinto legislativo).
El crédito contratado con Banorte por un monto de $800,000,000.00 (Ochocientos millones de pesos) sólo puede utilizarse para lo contemplado por el artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Morelos y, el contrato establece la obligación de “mantener la contabilidad de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y, a la Ley de Presupuesto, Gasto Público y su Contabilidad del Estado de Morelos”.
En menudo lío se ha metido el gobernador de Estado, que con cañonazos de dinero a los honorables diputados al Congreso del Estado ha salido avante de toda las acusaciones. Hasta pudo cambiar al Auditor. Poderoso caballero don dinero.
@jorgeikeda
Jorge Ikeda es licenciado en relaciones internacionales por el ITAM, licenciado en derecho por la UNAM, ingeniero en desarrollo de software por la UNAD, maestro en ciencias políticas y sociales por el CIDHEM y doctor en derecho también por el CIDHEM. Es profesor de asignatura en la Universidad La Salle Cuernavaca, A.C.
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