Anabeli Franco
Tras la compra-venta de un vehículo, un matrimonio investigó la procedencia de la unidad y al percatarse que presentaba irregularidades lo denunciaron de inmediato a la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, ésta nunca realizó indagatorias al respecto en contra de la persona que se los vendió, ya que éste tenía influencias con el mismo Rodrigo Dorantes Salgado, titular de la FGE y otros funcionarios más.
Agustín Armando Corrales Plancarte, esposo de la señora Marta Gómez Ayala, denunció que su conyugue adquirió a través del empresario gráfico Joaquín Romero de la Parra, un vehículo Volkswagen Jetta, color marrón, modelo 2011, serie 3VW2W21K1BM344744, motor CCC112422, el cual lo pagó entregándole 25 mil pesos de enganche el 20 de enero de 2012, un pago adicional de 60 mil pesos en cheque y como pago total con un auto Beetle modelo 1999 (con precio de 65 mil). Haciendo un total de 150 mil pesos.
Sin embargo, Romero de la Parra aún así teniendo el total de pago, interpuso una querella por abuso de confianza en contra del señor Armando Corrales, tras argumentar que el auto se los había prestado por una semana para que lo probaran en la cuestión mecánica, ya que se los iba a vender, entonces éste ante la Fiscalía indicó que el esposo de la señora le dijo que no le iba a regresar nada aunque buscara todas las formas porque no obtendrías el vehículo, situación que desmiente Armando Corrales.
Por la querella, la fiscalía abrió la carpeta de investigación con número YA-UIDD-A/1491/2013, en donde se dictó un acuerdo en el que se ordena el aseguramiento del vehículo y girando la orden a la policía de investigación criminal para su localización y puesta a disposición.
Sin embargo, al no haber respuesta por parte del matrimonio, Romero de la Parra y un amigo de él intentaron provocar un accidente vehicular en contra de la hija de los afectados, al momento en que ella manejaba dicho auto por una de las carreteras que cruzan desde Yautepec hasta Tlayacapan. Durante el trayecto la espantaron al momento de “aventarle” las camionetas en las que viajaban para que perdiera el control de la unidad.
Ante esta situación, el matrimonio acudió ante el Ministerio Público para referir que nunca fueron tomados en cuenta sobre el asunto de la querella, pero Romero de la Parra se adelantó al decir que el contaba con la factura original, la cual se agregó a la carpeta de investigación.
Posteriormente, la misma persona presentó 4 facturas de diferentes empresas como una aseguradora, una sobre asistencia mecánica y otras en las que aparentemente pudo identificar que el auto era de su propiedad, pero una de ellas está expedida en una fecha posterior de la supuesta compra-venta con la señora Marta.
Tras esto, se realizaron peritajes en el auto, primero en la subprocuraduría de la zona oriente de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde el encargado de la dependencia es José Manuel Serrano Salmerón. Ahí los peritajes destacaron que los números de series se encontraban manipulados, al igual que se detectó al realizar indagatorias también en por parte de la Coordinación de Servicios Periciales Metropolitana de la FGE, la cual ordenó que fuera entregado al Bienes Asegurados por las características que le fueron encontradas.
Además de encontrársele que el motor del vehículo contaba con reporte de robo con fecha del 3 del mes de septiembre del 2011 en la delegación Naucalpan de Juárez en el Estado de México. Pese a tener esta información, se agregó a la carpeta de investigación y se giraron órdenes de la titular de la Unidad de Investigación de Delitos Especiales, Mónica Gabriela Torres Tenorio, para seguir las investigaciones pertinentes, pero jamás se llevaron a cabo.
Los agraviados solicitaron al Gobierno del Estado que se realizaran las investigaciones pertinentes dentro de la Fiscalía General del Estado por permitir a Joaquín Romero de la Parra la entrega de un vehículo con irregularidades y con reporte de robo en su motor, sin embargo no les hicieron caso, mientras que el implicado buscó un amparo para evitar alguna detención.
Es por ello que ante la omisión de las autoridades, sospechan que Joaquín Romero tiene influencias directas con los titulares de la Fiscalía como Rodrigo Dorantes Salgado, José Manuel Serrano Salmerón e incluso con el director de Investigaciones y Procesos Penales de la zona Metropolitana, Ricardo Flores Delgado y algunos funcionarios porque no actuaron ante un delito evidente y al hacerles la venta de un vehículo ilícito, por lo tanto insistieron en que existe una red de corrupción al interior de la Fiscalía.
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