Anabeli Franco
Trabajadores de confianza del Congreso de Morelos denunciaron de manera sorpresiva la presunta desaparición de la partida presupuestal destinada para su liquidación, equivalente a 55 millones de pesos y que desde la presidencia de la mesa directiva con Lucía Meza Guzmán y el presidente de la junta política, Javier Bolaños Aguilar, pretenden otorgar un mes de “gratificación” de los cinco meses (tres meses de liquidación constitucional y dos más por concepto de aguinaldo).
Los afectados estarían siendo más de 300 trabajadores de confianza, quienes actualmente sus sueldos oscilan entre los 2 mil 500 y 30 mil pesos (el más alto) quincenales, que en caso de aprobarse entre las presidencias de la mesa directiva y la junta política, se estaría otorgando un mes como “bono” en su último día laboral; es decir, el 31 de agosto del presente año, lo que ocasionaría que los diputados de la LII Legislatura estarían violando la Ley Federal del Trabajo.
Hasta el momento se conoce que existe una oposición significativa entre los mismos diputados al aprobar si se les otorga o no esta gratificación, ya que se sabe que son 19 los diputados los que están a favor de otorgarles esa cantidad, mientras 11 ha insistido en que se violarían las garantías laborales de los trabajadores.
Los quejosos refieren la versión que este recurso de 55 millones de pesos que ya estaba etiquetado y que sería aplicado al término de la administración legislativa, pudo desaparecer durante el transcurso de las campañas electorales, es por ello que aún se debate cuál será el monto de las liquidaciones de cada uno, cuyo dato se espera que se esté dando a conocer en los próximos días para evitar retrasos en el otorgamiento de las aportaciones económicas a cada uno de los afectados.
Es de señalar que el Comité de Régimen Administrativo del Congreso local es el único facultado para presentar una cuenta pública sobre los egresos de la LII Legislatura al pleno, cada tres meses. Este comité está conformado por los diputados Miguel Ángel Rodríguez Ortiz, Israel Serna García, David Rosas Hernández, Lucía Meza Guzmán, Erika Hernández Gordillo, Dionicio Olivares Moctezuma y Roberto Fierro Vargas, quienes tienen la obligación de revisar el control de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios del Congreso del Estado, así como aprobar los criterios de carácter general, que regulen la aplicación de los recursos públicos destinados a la adquisición, por lo que se espera que ellos puedan justificar el destino que se dio a la partida de los 55 millones de pesos considerados para las liquidaciones de los trabajadores.
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