Detrás de la sotana

Sacerdotes pederastas, ante el juez penal

Por José Arenas Merino

El abuso infantil es en sí mismo una conducta aberrante, injustificable e inaceptable, pues los adultos que someten a los niños a sus más bajos instintos animales, los dañan en muchos sentidos y, frecuentemente, el daño es irreversible.

Esa conducta es más común de lo que imaginamos y ocurre en todas latitudes, en todas condiciones sociales, en todos los grupos humanos y es desde luego reprobable, tanto que los códigos penales de prácticamente todos los países la catalogan como un delito, como una acción punible.

Pero más aberrante aún que la misma conducta aberrante, es que quienes la practiquen sean “hombres de Dios”, individuos que al amparo de su actividad y aprovechando la confianza que por tal condición reciben de la comunidad, abusen de los niños cuyos padres ponen en sus manos o al menos les confían sin pensar que quien dice profesar un culto religioso con lo que ello implica, sean capaces de actos tan atroces.

De las religiones conocidas, sin duda la católica es la más señalada por contar en su seno con el mayor número de depredadores de infantes, adolescentes y aun adultos que escondidos en una sotana y valiéndose de su papel de ‘padres’, abusan de sus feligreses.

Ante el hecho, cada vez más difundido, de que los sacerdotes católicos han sometido a otras personas a esas prácticas sexuales torcidas, la iglesia católica ha sido señalada con creciente indignación popular por encubrirlos y solaparlos; no obstante las denuncias con elementos probatorios de su culpabilidad.

Recientemente, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas acusó a la Santa Sede de fomentar la impunidad en casos de abuso sexuales de clérigos contra niños, y exigió consignar a los responsables por la vía civil. Mediante un documento, pide “la inmediata destitución de los responsables de estos crímenes; su consignación ante las autoridades civiles y la apertura de los archivos tanto sobre la pederastia como los relacionados con prelados y autoridades vaticanas que encubrieron a estos sacerdotes”.

El Vaticano ha erogado decenas de millones de dólares como indemnización por el daño físico y psicológico que han causado cientos de sacerdotes en diversos países donde las víctimas han tenido el valor civil de presentar las denuncias respectivas. No obstante, hay aún muchísimos casos más pendientes de resolver, y si a ellos se sumaran todas las otras demandas de los abusados que no han querido presentar sus casos por vergüenza y para no exponerse públicamente al escrutinio, todo el dinero que recaba el Vaticano de las limosnas, más lo que obtiene de sus millonarios negocios e inversiones en empresas de distinto género, el lavado de dinero y el tráfico de armas –usos suficientemente documentados y en muchos casos reconocidos por la propia institución-, serían quizá insuficientes para compensarlos.

Entre los muchos ejemplos conocidos, destaca el del cura mexicano fundador de la organización confesional denominada “Legionarios de Cristo”, Marcial Maciel, cuyas autoridades actuales emitieron un comunicado en que dicen “Queremos expresar nuestro hondo pesar por el abuso de seminaristas menores de edad, los actos inmorales con hombres y mujeres adultos, el uso arbitrario de su autoridad y de bienes, el consumo desmesurado de medicamentos adictivos y el haber presentado como propios escritos publicados por terceros», indicó.

Añadió que «resulta incomprensible» la incoherencia de seguirse presentando durante décadas como sacerdote y testigo de la fe, mientras ocultaba esas conductas inmorales, y aseguró que esa situación se «reprueba firmemente».

«Nos apena que muchas víctimas y personas afectadas hayan esperado en vano una petición de perdón y de reconciliación por parte del padre Maciel y hoy queremos hacerla nosotros, expresando nuestra solidaridad con todas ellas» , estableció.

El texto reconoció «con tristeza» la «incapacidad inicial» de creer los testimonios de las personas que habían sido víctimas de Maciel, el «largo silencio institucional» y, más adelante, «los titubeos y errores de juicio a la hora de informar a los miembros de la congregación y a las demás personas.

«Pedimos perdón por estas deficiencias que han aumentado el dolor y desconcierto de muchos»

Resulta incomprensible que ese sujeto haya tenido además una doble vida de la que poco a poco se va sabiendo más y que sus propios hijos carnales hayan sufrido abuso sexual de padre, como ha sido denunciado públicamente.

Ante las autoridades de la Santa Sede, con el papa Francisco a la cabeza, ese comité, integrado por 18 expertos en materia de Derechos Humanos, también condenó algunas prácticas que la Iglesia utilizó en los casos de pederastia sacerdotal, como el transferir a los pederastas de una parroquia a otra parroquia del mismo país y en ocasiones de las mismas diócesis, “poniendo en peligro a muchos menores que siguieron en contacto con decenas de autores de abusos sexuales”.

En el documento de referencia se advierte que “otra práctica, más grave, fue “encubrir estos crímenes” para sustraer a sus responsables de la acción de la justicia. Por eso, y por el “código de silencio impuesto a todos los miembros del clero —so pena de ser excomulgados—”, las autoridades judiciales se enteraron solamente de pocos casos de pederastia sacerdotal.

Lo que enardece a quienes se han visto obligados, impelidos por su rabia y su encono contra los pederastas, es que hasta hoy, no obstante las demandas interpuestas ante autoridades judiciales ajenas al estado Vaticano, ninguno de lo señalados ha sido puesto ante un juez en materia penal, sino que se han constreñido a entregar indemnizaciones en dinero por el daño difícilmente cuantificable; y a los indiciados simplemente los expulsan sin revelar su entidad y ubicación para perseguirlos, y en la mayoría de los casos sencillamente los ocultan enviándolos a otra parroquia aun en la misma diócesis donde fueron denunciados.

El reporte de la ONU mereció del Vaticano un extrañamiento y en un comunicado hizo saber su indignación por la injerencia en su ámbito por parte del comité referido.

Se espera mucho más de las autoridades vaticanas, sobre todo habiendo creado una comisión investigadora para atender a los denunciantes.

A nadie puede sorprender que el número de feligreses que acuden a los templos católicos disminuye a ojos vistas. Y si los señalados no son sometidos a la ley penal por sus delitos, el efecto será aún más grave para los intereses de esa religión.

Sobre José Arenas Merino 19 artículos
48 años de ejercer el periodismo escrito, televisivo, radiofónico y digital. Primer corresponsal de El Universal y Radio UNAM en Europa y Notimex en Europa de Este. Director fundador del primer medio en Internet en Morelos. Abogado, escritor, locutor y textoservidor. Amigo de sus amigos. Libre pensador. Piscis.

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