Luis Roberto Rodríguez
La representante legal de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, Ruth Arias informó que la organización interpondrá un recurso jurídico en contra de la decisión de los diputados locales de ampliar el tiempo para la resolución de procedencia del juicio político en contra del gobernador.
Destacó que ya acudieron ante los tribunales federales a solicitar un amparo con la finalidad de que el congreso les notifique su determinación, para a su vez proceder ante los órganos jurisdiccionales, ya que los diputados cometieron una ilegalidad en su proceder.
Precisó que la ley de responsabilidades de los servidores públicos en artículo 14 fracción tercera es muy clara, al marcar que los diputados tienen 30 días para su procedencia o improcedencia y no existe termino para aplazar la resolución.
Aseguró que los diputados “se inventaron su resolución de aplazamiento” e incluso dijo que la coordinadora jamás pidió una auditoria, lo que presentaron fueron pruebas de las irregularidades financieras del crédito, basándose en la revisión financiera que realizó el anterior titular de la auditoria superior de fiscalización.
“Nosotros nunca solicitamos una auditoria como argumentan. Lo que anexamos fueron documentos de la misma auditoria y señalamos que no estamos allegada a ella, porque precisamente el congreso es quien tiene las pruebas”.
Por ello, reiteró que una vez sean notificados, acudirán al juicio de amparo para solicitar la procedencia del juicio y que los legisladores emitan esta prueba.
La Abogada califico de incongruente que en el recinto donde se elaboran las leyes no respeten la legalidad.
“Más incongruente que el diputado Francisco Moreno diga que no existen recursos contra una resolución del congreso. Es verdad que en la ley de responsabilidades de servidores públicos dice que es inapelable una decisión del congreso, pero yo le diría que se ponga a estudiar, porque existe el juicio de amparo para combatir una resolución”.
Por su parte, el vocero de la agrupación, Gerardo Becerra Chávez de Hita denunció que en el congreso han ordenado la desaparición de documentos que comprueban la responsabilidad y el desvío de recursos del gobierno de Graco Ramírez.
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