La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) de la Secretaría de Gobierno confirmó que la federación destinó un presupuesto de 33 millones 391 mil 206 pesos para la implementación de los juicios orales en Morelos.
A través de una solicitud de acceso a la información presentada por Periodismo Sin Censura, con número de folio 0000400099814, la Dirección General de Administración y Finanzas reveló que en el 2013 se destinaron 16 millones 941 mil pesos para consolidar el sistema acusatorio en Morelos.
La información solicita incluyó conocer la forma en que se gasto el presupuesto del año pasado; al respecto Jesús Talamás Navarro, director general adjunto informó que 3 millones fueron destinados para “Reorganización Institucional” y 8 millones 432 mil 112 pesos por concepto de “TIC´s y Equipamiento”.
En tanto que para la infraestructura y la difusión del sistema se empleo un monto de 3 millones 209 mil con 93 pesos y 2 millones 299 mil 800 pesos, respectivamente; lo que en total representa la cantidad antes referida.
No obstante de acuerdo a lo constatado por este medio en las salas de los Juzgados del Primer y Tercer distrito Judicial desde el año pasado no sea observan mejoras en la infraestructura ni en el equipamiento.
En entrevista, los trabajadores y empleados administrativos reconocen que el equipo de audio y video es obsoleto para grabar las audiencias que se desarrollan, especialmente en el Juzgado de Cuernavaca.
Aunado a ello la difusión sobre la nueva cultura jurídica en los medios de comunicación es paupérrima prueba de ello es que son los propios medios los que violan constantemente los derechos de victimas e imputados.
El próximo mes de noviembre el sistema penal acusatorio adversarial en el estado cumplirá 6 años de implementado pero algunos especialistas opinan que falta mucho por consolidar.
Reportero de a pie, estudiante de leyes, especialista en cobertura de seguridad ciudadana y justicia adversarial. Creo en el periodismo basado en el respeto a los derechos ciudadanos.
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