Viene la CNDH tras la protesta
Le están formando el cuadro
Por: Eusebio Gimeno
La separación del cargo del Secretario de Gobierno de Michoacán para ser investigado por nexos con la delincuencia es un mensaje del gobierno federal para todos los gobernadores y Reyna es del PRI.
Así, la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en municipios de Morelos, para recoger quejas de los ciudadanos víctimas de la violencia y o de los abusos policiacos, será la base para documentar las graves omisiones en las que ha incurrido el gobierno de la entidad.
Documentar caso por caso y llevarlos a la justicia federal, provocando que la PGR atraiga la mayoría de los casos, llevará necesariamente a saber hasta qué nivel ha habido protección oficial para los cárteles delictivos que actúan con grave impunidad, ya que las autoridades no han frenado la ola delictiva.
Basta saber que a Eduardo Capella Ibarra, no le ha sido practicada la prueba del detector de mentiras, la famosa prueba del Polígrafo y la pregunta es ¿por qué? A todos los demás sí, y a él no, ¿qué esconde? ¿Quién lo protege? Todo eso irá saliendo a la luz.
Y entonces habrá muchas evidencias para integrar un caso de omisión, en el cumplimiento de la Constitución de Morelos que obliga a los gobernantes a proteger la vida, la integridad y el patrimonio, así como la seguridad de sus habitantes; no hacerlo es motivo de Juicio Político.
Ahora sabremos de qué están hechos, los jefes de los grupos policiacos y los funcionarios de cuello blanco que salgan involucrados en las quejas y en las indagatorias.
No basta que el gobernador diga en Aristegui Noticias que no tiene nexos con el hampa, ningún gobernador ha dicho que los tiene, ni Mario López Valdés (Malova de Sinaloa), que hizo su manifestación a favor de la libertad del Chapo.
El recurso que le queda al Gobernador del estado, es tranquilizarse, bajarle a esa soberbia protagónica que lo invade, frenar esa verborrea aguda y ese afán de notoriedad. Debe serenarse y pensar en frío, como estadista.
La mejor defensa es el ataque, debe despedir a un procurador que no ha podido con el cargo, que llegó en medio de un escándalo mediático y sufrió un atentado de las propias fuerzas de seguridad del estado, con resultado de tres muertos, que no ha sido aclarado totalmente y debe entender que no hay nada que empiece mal y que acabe bien.
Debe sustituir al señor de Tijuana, que viene también envuelto en una negra historia, que le publicó Pedro Martínez, conocido suyo allá en el Norte, además Capella desconoce la entidad.
Hay la duda de si ellos o sus mandos medios son los que recogen la maleta y la pasan más arriba. Graco mejor debe deshacerse de ellos, ahora que aún está a tiempo; antes de que intervenga la Federación como en Michoacán.
Actuar responsablemente y demostrar a la ciudadanía que quiere gobernar bien, y que quiere servir a Morelos y no proteger funcionarios de dudosa reputación, que pudieran desembocar en capos de cuello blanco. Es ahora o nunca.
El acceso a la justicia es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, mismo que ni uno solo de los gres poderes ha respetado. La legalidad no existe en Morelos, los derechos de nuestros menores hijos son pisoteados impunemente, las caroetas de investigación que el Tribunal ordena abrir son «extraviadas» en la PGJ, por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado no mueve un dedo ni mucho menos el Tribunal superior de justicia a pesar de conocer las irregularidades de nuestros expedientes. Ofrezco pruebas.