Ejército y PGR se rebelan al egocentrismo del gobernador Graco Ramírez

“El general es su hermano, no usted, así que no venga a querer mandar a mi cuartel”, dicen que le dijo el general Luis Villegas Melendez al gobernador Graco Ramírez Garrido en los primeros días de su mandato, cuando pretendió que las tropas destacamentadas en Morelos, al igual que la Policía Federal y la delegación estatal de la Procuraduría General de la República, se unieran a la estrategia contra la delincuencia organizada con el mandatario estatal a la cabeza de todos.
Y es que en los primeros días de su gobierno Graco Ramírez difundió una fotografía en la que aparecía presidiendo la reunión interinstitucional de seguridad. Ahí estaban, la secretaria de Seguridad Pública, el procurador, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, el jefe de la zona militar, el Comisario de la Policía Federal y el delegado de la Procuraduría General de la República, el delegado del Cisen, así como el titular de la Secretaría de Información y Comunicación Social.
Habiendo ofrecido acabar con la delincuencia en Morelos en un plazo de 18 meses, Graco Ramírez pretendía dar a la población una imagen de que él encabezaría personalmente la estrategia anticrimen, no sólo por cuanto a las instituciones que legalmente dependen del Ejecutivo estatal, sino también las instancias federales que tienen sus instalaciones en territorio morelense.
La presencia del área de comunicación de su gabinete también llevaba un mensaje: gran parte de la estrategia sería mediática.
Por eso la foto tan emblemática: todas las instancias relacionadas con la seguridad pública y el gobernador a la cabeza.
Y de hecho, durante los primeros meses la relación con las instituciones externas no fueron solamente de coordinación, sino incluso de subordinación. El delegado de la PGR, Marcelino Vázquez Huitrón, era uno de los más fuertes candidatos a ocupar la Procuraduría del Estado, pero Graco vio la conveniencia de aprovechar un ofrecimiento de la entonces procuradora Marisela Morales para designar a quien él quisiera en la delegación Morelos. ¿Quién iba a desaprovechar la oferta de poner en la representación de la PGR en Morelos a su abogado de cabecera?
Como ya sabemos, Marcelino le sirvió mucho a su benefactor desde la delegación de la PGR, hasta que llegó Jesús Murillo Karam, quien no ratificó el acuerdo de su antecesora con el gobernador de Morelos y ordenó que Vázquez Huitrón fuera movido a Oaxaca, pero el aludido no aceptó y prefirió renunciar.
El delegado del CISEN, ante el inminente despido por el cambio de gobierno federal, aprovecharía la circunstancia para incrustarse en la nómina estatal en un área cuyas actividades no son muy claras; Adriana Pineda Fernández, su subordinada, fue colocada primero como brazo derecho de Marcelino y posteriormente como subprocuradora general (en espera de que Marcelino llegue a la Procuraduría).
En la zona militar también hubo condescendencias para el ejecutivo estatal, pero sólo al principio de su sexenio. La estructura de la SEDENA estaba en reacomodo y no se sabía en qué posición quedaría el general Domingo Ramírez Garrido, así que prefirieron no arriesgarse.
Una fuente militar me confió que esa circunstancia hizo que el gobierno estatal quisiera extender “el mando único” hasta las fuerzas castrenses destacamentadas en territorio morelense, y que la secretaria de Seguridad Pública, Alicia Vázquez Luna, dispusiera de los militares con total libertad, pero un alto mando se encargó de dejar en claro a las autoridades locales que “nuestro único jefe se llama Salvador Cienfuegos y es el secretario de la Defensa Nacional”.
Desde entonces, sí hay apoyo pero cuando se trata de un operativo perfectamente delimitado y un objetivo específico, y que previamente es consultado con el jefe de la Región Militar.
Y es que los militares no olvidan el “caso Jethro Ramses”, en el que acudieron al recinto ferial a recibir de manos de la Policía Municipal a un joven en estado de ebriedad que decía pertenecer a un grupo delictivo, mismo que falleció por broncoaspiración en las instalaciones del 21 Batallón de Infantería y hubo órdenes de deshacerse del cadáver. Ese hecho tiene en la cárcel a cuatro militares y podría ocasionar que, por primera vez, un ex jefe de la 24ava. Zona Militar (Leopoldo Díaz Pérez) termine preso.
Así las cosas, el Grupo Interinstitucional Morelos Seguro se sigue reuniendo muy temprano, pero ya no es igual. No todos los días está el gobernador, y cada vez hay más representantes en lugar de titulares de las dependencias.
La que casi nunca falta es la presidenta del Tribunal, Nadia Lara Chávez, pero su participación en esa mesa no es bien vista al interior del Poder Judicial. Magistrados y jueces consideran (aunque no lo expresan públicamente) que la magistrada representa a un poder en el mismo plano que el propio gobernador, y que no debería estar ahí, esperando órdenes del Ejecutivo, pues a final de cuentas y en teoría, la presidenta del TSJ no puede intervenir en las resoluciones judiciales, mismas que son responsabilidad exclusiva de quienes las firman.
Una frase dicha por el gobernador durante un acto público, algo así como que “debe haber coordinación entre Ministerio Público y Jueces para que los delincuentes no salgan libres”, lo que supondría a los segundos como subordinados del Ejecutivo, y luego el anuncio del procurador Rodrigo Dorantes de que hay tres jueces “en la mira” por irregularidades en su desempeño, tienen muy molestos a los juzgadores de primera y segunda instancia.
¿Y cómo es la relación entre el Ejecutivo y el nuevo delegado de la Procuraduría General de la República Bogard Sandoval Aguilar?
Hay dos detalles que nos permiten vislumbrar que el estilo de Bogard es diametralmente opuesto al de su antecesor. El primero es que nunca hubo presentación oficial como se había venido acostumbrando, simplemente llegó y se puso a trabajar. Nunca acudió a “presentar sus cartas credenciales al Ejecutivo” (como se dice en el argot diplomático) como si lo hicieron en su momento el jefe de la Policía Federal, Sergio Licona, y el actual comandante de la 24ava. Zona Militar, Sergio Martínez Luis. O si lo hizo, no fue boletinado a los medios.
Pero el hecho más trascendente es lo que ocurrió a mediados de la semana pasada. Vecinos de la unidad “Las Garzas”, en el poblado de Tezoyuca, observaron movimientos raros al fondo de la Calle Ejido. Comenzaron a llegar camionetas de la PGR y después una máquina retroexcavadora.
Alertados por esa información, reporteros comenzaron a indagar con las corporaciones estatales y municipales, pero nadie sabía nada. La versión fue confirmada y policías de todas las corporaciones, así como de Ejército, acudieron hasta donde, efectivamente, había personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y todo parecía indicar que cavarían en el terreno baldío en busca de cadáveres.
Al principio se pensó que era gente que venía de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (la SEIDO, que acostumbra trabajar sin avisarle ni a la delegación de la PGR de la entidad donde actúan), pero no. Los policías y soldados que acudieron a “ver si se les ofrecía algo”, se encontraron con la novedad de que sí eran elementos adscritos a la PGR-Morelos, pero también con una manifestación expresa de que “no necesitamos nada de ustedes, nosotros nos hacemos cargo”, y finalmente una” invitación” a retirarse del lugar.
Hoy se sabe extraoficialmente que, efectivamente, se trata de un cementerio clandestino donde ya se encontraron seis cuerpos pero podrían ser muchos más. Pero ni la delegación estatal ni la PGR a nivel central ha proporcionado información al respecto.
La actitud del nuevo delegado de la PGR en Morelos deja en claro no solamente que no tiene interés en trabajar coordinadamente con las instituciones locales, sino que incluso pareciera que le estorban.
Es indudable pues, que el gobernador ha perdido una de las posiciones más importantes en su estrategia contra el crimen.
Por eso decimos que el mando único ya no está resultando tan único. No decimos que haya falta de coordinación interinstitucional, pero no es lo mismo levantar el teléfono y tener el apoyo que se requiere de inmediato, que recurrir al engorroso trámite de dirigir oficios a las oficinas centrales para mover algo en sus representaciones en territorio morelense.
No son a modo, pues.
A estas vicisitudes que afectan la estrategia original del mando único, se agrega la inconformidad de muchos de los alcaldes que aceptaron entregar decenas de sus elementos municipales para conformar la corporación que maneja directamente el gobernador a través de Alicia Vázquez Luna y Nora Rebeca Romero.
De hecho, existe la versión de que ya comenzaron a devolverlos. Al menos así ocurrió con los policías que seleccionaron del municipio de Amacuzac, y en las próximas semanas podría darse en otras localidades.
A eso hay que agregarle el asunto de los accidentes automovilísticos que han sufrido con frecuencia los elementos del mando único, y las constantes quejas de que están robando borrachitos y adolescentes.
En lo único en lo que sigue funcionando la estrategia del mando uniforme es en el terreno de lo mediático. Ahí sí, haya sido quien haya sido el que realizó la detención de delincuentes o rescate de víctimas, las ocho columnas del Diario de Morelos siempre dirán que lo hizo “el mando único”.
Así ocurrió con el caso del rescate del empresario gruero Elí Montejo, quien fue liberado por elementos de la Policía Ministerial que se encargaron de realizar la investigación y fueron apoyados por la Policía Municipal de Temixco. Así lo reconoció el propio gobernador, quien mandó felicitar a través de su cuenta de twitter a la Policía Ministerial por el rescate de Elí Montejo y otras cuatro personas secuestradas.