Orlando Plá
México pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual forman parte las mayores economías del mundo con excepción de China, India y Rusia.
También forma parte del Grupo de los 20 (G-20), que agrupa a 19 países más la Unión Europea, los cuales generan 85% del Producto Bruto mundial.
Cualquiera podría pensar que sus indicadores de bienestar se parecen más a los de los países desarrollados, que a los de los países atrasados; no obstante, la carencia de estadistas entre los políticos que detentan el poder en todos los niveles y la incapacidad e ineptitud de buena parte de los funcionarios públicos, nos conduce en otro sentido.
Recientemente se han suscitado un conjunto de protestas de los habitantes de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, principalmente Colonia del Valle, debido a la contaminación del agua que se suministra.
En principio, los funcionarios encargados, incluido el jefe de la ciudad, dijeron que no había ningún problema. Después de mucha insistencia, salieron a explicar que no había gasolina u otros combustibles en el agua y como gran argumento, dijeron que lo que se había detectado eran aceites, como si el aceite no afectara la calidad del agua.
Si la noticia la leyeran en otros países, podrían pensar que se trata de un caso aislado, y ello reduciría la gravedad, aunque una noticia como ésta es prácticamente inconcebible en el mundo desarrollado (Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, Japón, y algunos más); sin embargo, en la propia Ciudad de México, los habitantes de Izatapalapa cuando reciben agua, que no es con mucha frecuencia, reciben un líquido que no es totalmente transparente y tampoco apto para el consumo humano.
Hay otras ciudades, bastante conocidas, como es el caso de Acapulco, donde el líquido que suministra el organismo encargado es una disolución de lodos a porcentaje variable, provocando la tupición de toda la instalación hidráulica de las viviendas. Es necesario precisar que, aunque la frecuencia de suministro es variable, llegando a ser en algunas colonias de una vez al mes, el organismo encargado cobra las cuotas a los ciudadanos, que ya han iniciado protestas, porque deben cubrir las necesidades con la compra de pipas cuyos precios se han duplicado o triplicado con respecto a los que tenían hace unos tres años.
En algunos municipios, como es el caso de Puerto Vallarta, los ciudadanos comentan que el gobierno cierra el suministro de agua para obligar a la compra de pipas que, según dicen, es un negocio del presidente municipal.
No es necesario explicar la importancia del agua, tampoco el deterioro de las instalaciones para el suministro en casi todo el país debido a la falta de mantenimiento, obsolescencia y errores en el diseño inicial.
El acceso al agua es un derecho elemental que, si bien no se cumple en muchos países del mundo subdesarrollado, debería regir en un país como México que tiene los recursos suficientes para garantizarlo.
Si los ciudadanos comenzaran a exigir a los funcionarios de gobierno que actúen como servidores públicos, aplicarían sanciones a quienes, estando a cargo de garantizar el suministro de agua potable proporcionan un agua contaminada o, simplemente, no entregan agua.
Podemos pensar en muchas sanciones para quienes incumplen con estas funciones, pero tal vez la más educativa sea obligarlos a consumir durante un periodo de tiempo el agua que suministran. Algunos podrán pensar que la obligación debería extenderse a sus familias, para que comprendan el impacto que genera; pero seguramente será injusto porque sus familiares no son responsables y porque, además, han demostrado no tener madre.
Empresario y maestro en economía por El Colegio de México.
Funcionario en Hacienda, Asesor del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Profesor de FLACSO, ITESM y otros.
Dejar una contestacion