Por Víctor Enrique Gutiérrez García
Hace días ocurrió una verdadera Iuris Percussio o podríamos decir un auténtico Big Bang Jurídico, impactando a los hacedores de políticas públicas en materia de salubridad general y política criminal mexicana. La Suprema Corte ordenó a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) autorizar el “consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos” del estupefaciente cannabis sativa y del psicotrópico THC, en conjunto conocidos como “marihuana”, además de posibilitar la autorización para ejercer derechos correlativos al “autoconsumo” de marihuana, tales como: siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, empleo, uso, etc.
¿Qué podemos decir al respecto? ¿Estamos en acuerdo o desacuerdo? La respuesta no es en absoluto sencilla. Desde ahora manifiesto mi posición a favor de una modificación profunda en la estrategia anti drogas en México (No planteo el término “legalización”, primero porque no quiero ser satanizado de entrada por el 70% aproximado de la población que con sólidas razones morales, pero escaso análisis estratégicos respecto al tema, que se mantiene a favor del status quo y en segundo lugar porque dicho término me parece simplista y poco técnico[1]).
Sin importar por ahora las buenas o malas razones técnico-jurídicas expuestas en la resolución y su pretensión de ser vanguardista y progresista en la protección de derechos humanos de los habitantes de nuestro territorio, considero que acarrea un serio problema de sistematización política y demuestra, una vez más, una total desarticulación de los poderes estatales. La cuestión central es: ¿Tal determinación judicial abona a la confección de una política pública óptima en la materia?
En esto, la respuesta es relativa. Por un lado, estoy consciente de los intereses loables y legítimos que seguramente acompañan al actuar tanto de los impulsores del Amparo, como de la Corte y considero plausible lo ocurrido en virtud de haber sido el combustible que activó la detonación y generó la promoción de debates nacionales al respecto, pero por otro lado, creo firmemente que es una determinación que adolece de visión estratégica y de análisis de fondo, sencillamente me parece que el Derecho en este caso se quedó siendo forma y nada más…
Es importante reflexionar: ¿Pensaron los Ministros de la Corte sobre las implicaciones económicas de su determinación? ¿Atendieron estudios cuantitativos relativos al mercado de drogas y a los incentivos que su determinación generará tanto en consumidores, como oferentes al definir sus votos? ¿Tienen una idea clara respecto a una estrategia viable para combatir no sólo el consumo de drogas en México (particularmente de marihuana), sino más aún, los problemas colaterales (externalidades negativas) que acarrea la política actual anti drogas, por ejemplo los altos índices de violencia y la proliferación de la delincuencia organizada? ¿Tuvieron a la mano alguna medición o proyección sobre las consecuencias deseadas y no deseadas que la sentencia generaría respecto a los índices de consumo de drogas y los gastos que ello implicará para el Estado? ¿Deben los ministros y jueces en general, al tomar sus determinaciones, sopesar y matizar sus sentencias en atención a este tipo de consideraciones y más aún coordinarse con otros poderes para generar soluciones justas, pero a la vez congruentes y eficientes?
Habrá quién ingenuamente sostenga que los señores ministros están exentos de tales cuestiones y aunque debo reconocer que el proyecto de sentencia pretendió incorporar una buena cantidad de documentos científicos y médicos que describen las propiedades de la marihuana y sus efectos en los seres humanos, me atrevo a pensar que sólo buscaron justificar sus prejuicios (positivos o negativos) respecto al tema porque, después de revisar el texto de dicho proyecto, no encontré argumentos relativos a las cuestiones antes mencionadas. Francamente, rara vez los hay, dado que la Corte “está para analizar cuestiones de constitucionalidad”, pero lo cierto es que resulta irresponsable el quedarnos en el mundo abstracto de las formas y las jerarquías normativas y no incluir dentro de determinaciones judiciales tan relevantes, consideraciones de fondo. Una vez que se otorgó el primer amparo en la materia, es de esperar que pase relativamente poco tiempo para que otros interesados soliciten autorizaciones similares (de hecho ya ocurrió según informes oficiales de la COFEPRIS) e interpongan acciones de amparo para lograr los permisos correspondientes. De no apresurar el debate y sobre todo el desarrollo de políticas públicas, dicha situación tomará por imprevisto a las autoridades y generará poco a poco un crecimiento no planeado del consumo de marihuana.
A pesar de las fallas de nuestro sistema legal, debemos aprovechar la coyuntura política para plantear estudios rigurosos respecto al tema, debemos forzar a las autoridades de todo tipo a llevar a cabo su trabajo y generar soluciones congruentes, eficaces y eficientes. El tema de “las drogas” en México, dista mucho de poder considerarse resuelto. La “sentencia histórica”, es únicamente un excelente pretexto para, desde las diversas trincheras, ponernos a trabajar y atrevernos a cambiar a México de verdad, no sólo fingir hacerlo. Es de la mayor relevancia realizar estudios importantes y análisis tanto económicos, como estadísticos y sociológicos en la materia. Es por supuesto necesario generar una delimitación de la problemática de salud pública, según los índices actuales de consumo de drogas en México, para determinar si la estrategia de “persecución” se justifica o no, tomando en cuenta además, las externalidades que genera su implementación, es prudente también generar un criterio de valoración respecto a la legitimidad ética e idoneidad teleológica y jurídica de los conceptos legales y tipos penales que configuran el apartado correspondiente a los “Delitos contra la Salud” en la legislación nacional (y su obligada referencia al Derecho Internacional vigente), es necesario formar como sociedad, una justificación en términos de eficiencia (análisis costo-eficacia y costo-beneficio) de la ejecución de la política prohibicionista implementada hasta ahora. Adicionalmente, debemos ser capaces de generar modelos de análisis empírico para determinar la plausibilidad de un cambio de política, hacia un régimen de permisos por ejemplo, considerando entre otras cosas: I) El impacto de la política implementada sobre el consumo de drogas; II) Los costos de las acciones de persecución del Estado, comparados con la cantidad total de encarcelamientos y los costos que dichos encarcelamientos representan; III) Una especulación sobre los posibles ahorros e ingresos adicionales que generaría un cambio de política (régimen de permisos por ejemplo); y IV) Un análisis sobre los posibles efectos negativos y positivos que tal régimen generaría. Hecho lo anterior, estaríamos en mucho mejor posición para presentar y debatir propuestas sobre un posible régimen alternativo.
De acuerdo a la encuesta Nacional de Adicciones 2011 (uno de los escasísimos estudios empíricos realizados en México respecto a dicho tema), el 1.2% de la población presenta un consumo ocasional de marihuana. Adicionalmente, el 0.7% de la población en México presenta problemas de adicción a drogas.
Por supuesto, lo anterior no significa que el Estado deba dejar de realizar esfuerzos para combatir el consumo de drogas y la prevalencia de adictos en nuestro país. Es un problema relevante y las políticas públicas deben tender a desincentivar dicho consumo, pero ¿cabe una política tan ineficiente y desproporcionada como la penalización? ¿Se nos olvidó por completo el principio de ultima ratio del Derecho Penal? ¿Es admisible que el Estado carezca de estudios para medir la eficacia de sus acciones y que se dedique a gastar recursos de manera totalmente desorientada? En el mes de abril del presente año, sin tener conocimiento del desarrollo de las acciones legales ejercitadas por los interesados en el asunto objeto de este artículo, se realizaron diversas solicitudes de acceso a información pública gubernamental a todas las autoridades competentes en la ejecución de la política anti drogas en México, en particular requerí información a: I) Secretaría de Hacienda y Crédito Público; II) Secretaría de la Defensa Nacional; III) Secretaría de la Marina; IV) Procuraduría General de la República; V) Policía Federal; y VI) Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Todas las cuestiones planteadas, fueron encaminadas a obtener datos que permitieran generar un modelo de análisis similar a los estudios realizados en los Estados Unidos de América por el catedrático de la Universidad de Harvard, Jeffrey A. Miron[2] y con ello realizar un estudio pertinente en México sobre la eficacia y eficiencia de la política anti drogas actual y el impacto presupuestario de una legalización o mejor dicho, de un “régimen de permisos”. Lamentablemente todas las respuesta recibidas fueron insatisfactorias. En nuestro gobierno no tiene la más remota idea de la manera en que gasta los recursos públicos en materia de persecución del delito. En su gran mayoría las respuestas obtenidas han sido en el sentido de manifestar la inexistencia de información o en caso de haberla, no se contó con un mínimo nivel de desarrollo y desagregación. Dada tal circunstancia, hasta ahora, ha resultado complicado realizar satisfactoriamente el análisis deseado, pero sí permite manifestar una postura enérgica de reproche contra los poderes públicos por su irresponsabilidad en el tema, por fingir interés en cuestiones que hasta ahora han pasado por alto y por tomar decisiones sin bases sólidas para ello. Es loable que el gobierno llame a Debates Nacionales en la materia; Sin embargo, es detestable percatarnos también que las autoridades llevan años implementando acciones y “estrategias” a ciegas.
Más que sólo llamar a debate nacional, el gobierno debe procurar la generación, compilación y sistematización de información útil, para la realización de estudios serios y la toma de buenas decisiones. Ojalá que la oportunidad que se ha generado para atacar el problema de consumo de drogas en nuestro país se aproveche, ojalá que seamos capaces de controlar este big bang y logremos dirigir las acciones de manera correcta. ¡Qué comience el debate y que se escuchen los argumentos! Por mi parte, haré lo que me corresponde, seguir investigando y compartiendo opiniones al respecto…
[1] Cuando preparaba la tesis para obtener el grado de “Abogado”, por meros razonamientos jurídicos, me decanté por una política basada en un “Régimen de permisos”, como la mejor estrategia para combatir el consumo de drogas (de hecho la visualizo como una política que necesariamente debe ser global para dar resultados óptimos); al preparar la investigación para obtener el grado de Master en Análisis Económico del Derecho, me convencí absolutamente de la postura, ahora también por motivos estratégicos, de eficacia y eficiencia en cuestión de políticas públicas.
[2] Ver Miron, J., y J. Zwiebel. (1995). The economic case against drug prohibition, Journal of Economic Perspectives, Vol. 9(4), pp. 175–92. y Miron, J., (2003). The effect of drug prohibition on drug prices: evidence from the markets for cocaine and heroin. The Review of Economics and Statistics, Vol. 85(3), pp. 522-530.
Jeffrey Alan Miron es economista estadounidense. Actualmente es catedrático en la Universidad de Harvard y opina que su prohibición es la peor solución para prevenir el consumo y enuncia tres efectos nocivos de la prohibición de las drogas: i) el mercado negro y el consecuente coste de vidas; ii) las limitaciones a las personas que no las consumen; y iii) el alto coste económico de garantizar la prohibición.
Abogado y maestro en análisis económico del derecho
Excelente artículo. Más claro y técnico no puede ser. ¡Enhorabuena! Ojalá que los próximos foros y debates relativos a este tema cuenten con profesionales preparados y bien informados cómo el autor de este texto. Gracias.