Vendettas personales para ocultar culpas
Iván Ureña
Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito: las prisiones corren el riesgo de transformarse en… “escuelas del delito”.
Hay consenso a nivel internacional en que las prisiones cada vez consumen cantidades mayores de recursos públicos, pero lo peor, no están cumpliendo con su cometido fundamental: readaptar al reo.
Ante esa dilema, desde la academia se propuso incorporar modificaciones legales y de funcionamiento al sistema penitenciario. Esencialmente, consistía que los prisioneros deben trabajar y una fracción de la paga debe ahorrase, para que ya libre disponga de dinero mientras empieza a generar ingresos en forma lícita, porque la falta de recursos es el caldo de cultivo para regresar a la criminalidad. Además, no sólo se les debe brindar ayuda psicológica sino dotarlos de habilidades laborales o de emprendimiento que les permita tener una alternativa de vida sin tener que delinquir. Finalmente, pero no por ello menos importante, dar seguimiento de sus labores una vez fuera de la prisión.
Los hacedores de políticas públicas, como respuesta, generaron una figura jurídica que se conoce como Asociaciones Público Privadas (APP) e incorporó a los privados en la construcción de los penales y la administración de los mismos, en temas como la alimentación, ropa, computadoras, limpieza y salud; sin embargo, el gran tema que es la readaptación, sigue sin funcionar, pero lo más preocupante aún, es que en los puestos más prominentes y por tanto de mayor incidencia, los funcionarios federales están un periodo muy corto, de tal manera que cuando empiezan a tener cierto conocimiento del complejo tema son sustituidos. Para muestra un botón.
Las autoridades, nunca lo van a reconocer pero este documento de la Fiscalía General de la República lo confirma, del año 2010 al 2019, hemos tenido ocho Coordinadores Generales de Centros Federales, con independencia del partido, con esa rotación tan constante es imposible entregar buenos resultados y lo más complicado es que las cifras oficiales indican que lejos de disminuir, la inseguridad se ha incrementado.
Además tenemos que los contratos de las “prisiones privadas” son opacos y sin acceso al público, esgrimiendo “supuestas” razones de seguridad y para incrementar el monto, la construcción de las prisiones se hizo innecesariamente grande y sofisticada. Y como si eso no fuera suficiente, algunos privados se han dedicado a cooptar al encargado de la prisión, lo que les permite dar una pésima calidad en los alimentos y uniformes, así como escasez de equipos de computo y deficiente servicio en su mantenimiento, lo que incluso, ponen en riesgo el monitoreo y la seguridad misma de los centros penitenciarios.
El tema es tan candente, que el presidente de la república, que sí tiene acceso a toda la información y la puede dar a conocer, exclamó indignado que un reo cuesta en ese tipo de centros en promedio, 3 mil 500 pesos diarios. Aunque algunos superan esa cifra, el de Michoacán está en 5 mil 69 y el Femenil de Morelos en 6 mil 411, más de 45 veces el salario mínimo nacional: simplemente una voracidad sin límites de los concesionarios.
Hay mucho por aclarar, pero lo importante es que en este tema el actual gobierno muestre transparencia y rectitud, porque hay investigaciones en contra algunos funcionarios sin que quede claro qué elementos se esgrimen para hacerlos responsables, mientras que a otros pareciera que el manto sagrado los protege, ya que tuvieron los mismos puestos y no se les invetiga. Todo indica que es una vendetta de unos funcionarios contra otros.
Aparte de culpar al pasado, lo que sí puede hacer el Gobierno Federal
Los centros penitenciarios operados con los privados están subutilizados, en el año 2020 hubo 12 mil 284 reclusos, pero los cálculos independientes hablan de que tiene capacidad para albergar más de 20 mil internos y que además se paga como si estuvieran totalmente ocupados. Entonces si el sistema en su conjunto padece una soprepoblación de 43.6%, lo lógico es mandar presos a ocupar esos lugares disponibles y que en forma incomprensible actualmente no se utilizan.
Aunque la readaptación es lo primordial, es a lo que menos se le da importancia, por lo que debe haber un seguimiento puntual y exigirle a las empresas resultados en ese tema que es es la razón principal de su ser. En caso de lograr mejoras será un avance de gran trascendencia: se estaría logrando romper con la reincidencia criminal, un eslabón que alimenta y explica mucho de la delincuencia.
En principio, hablar de un descuento de 20% puede parecer exagerado, pero no lo es, si consideramos que al Gobierno de la Ciudad de México le cuesta en promedio 500 pesos cada reo, eso quiere decir que desembolsa únicamente 14.3% de lo del Gobierno Federal, así que el margen de descuento debería ser mayor, porque no debemos olvidar que el fundamento para concebir las APP es que los privados son más eficientes que los gobiernos y por tanto, operan con menores costos.
De la mayor importancia, terminando el contrato, la construcción, instalaciones, equipo y terrenos donde se localizan esas “prisiones privadas” debe convertirse en propiedad del Gobierno Federal, bajo ninguna razón debe aceptarse algo diferente, de lo contrario se estarían dejando las condiciones para perpetuar el pago por esas edificaciones.
Tenemos la auditoria, para supervisar la labor del concesionario, al que le puede aplicar multas por incumplimientos hasta de 30% del costo, por lo que bien aplicada y fortalecida esta figura, ayudaría mucho a mejorar el funcionamiento de los centros e incidir en el tema básico y de mayor jerarquía: la readaptación.
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Premio Nacional de Periodismo 2017. Premio Estatal de Periodismo Morelos 2012, empresario y maestro en Economía por el ITAM. Funcionario en Banobras, Hacienda y Secofi.
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