Por Jesús Castillo García
A partir de que el Mando Único de Alberto Capella Ibarra tomó prácticamente “por asalto” las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia (tras la renuncia de su titular Rodrigo Dorantes), una de las primeras áreas aseguradas fue la Dirección de Información Criminógena y Sistemas, donde se concentra la información sobre el número de denuncias que se reciben diariamente en las agencias del Ministerio Público de toda la entidad.
En la Dirección General de Información Criminógena de la Fiscalía fue designada como encargada de despacho Irma Teresita Lizama Guajardo, quien aparece todavía en el directorio de la Comisión Estatal de Seguridad Pública como integrante de la Dirección de Análisis de Información sobre Seguridad Pública.
Ella se encarga de recabar la información de las agencias del Ministerio Público, procesarla y emitir las estadísticas correspondientes, pero en lugar de entregárselas a su jefe jerárquico que es el encargado de despacho Javier Pérez Durón, primero pasan por la oficina del comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, incluso antes de pasar el reporte a la Comisión Nacional de Seguridad Pública.
Lo mismo ocurre con las solicitudes de información pública, ya que Irma Lizama Guajardo es, al mismo tiempo, la titular de la Unidad de Información Pública (UDIP) de la Fiscalía General, pero no puede entregar ninguna información sin la autorización de su verdadero jefe, Alberto Capella.
El comisionado Capella estaba muy interesado en cambiar a la que era titular de esa área, Yuridia Saraí Tun Mora, ya que fue ella quien se negó a cambiar los datos para que la incidencia delictiva diera la apariencia de ir a la baja.
De hecho, existe una tarjeta informativa firmada por el que fuera coordinador de la Policía de Investigación Criminal, Martín Rizo Muñoz, en la que refiere que el comisionado Capella externó su deseo de que la funcionaria fuera sustituida y que “se ajustaran” las cifras de la Fiscalía para que coincidieran con las de la CESP.
De acuerdo a ese documento, cuya copia obra en poder de este medio de comunicación, el 10 de julio se llevó a cabo una reunión del llamado Grupo de Coordinación Morelos en las instalaciones del C5.
“… una vez que le tocó el turno al C. Jesús Alberto Capella Ibarra, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, presentó una serie de gráficas haciendo alusión a la situación en materia de seguridad en el Estado, concluyendo su intervención con el comentario siguiente: “… Que gracias a una funcionaria de tercera de la Fiscalía General del Estado, y que por su mala apreciación respecto a la comisión de los delitos que se registran en el Estado, se habían elevado las cifras; existiendo una diferencia considerable con las estadísticas registradas en la Comisión Estatal, manifestado (sic) que con la actitud de la referida funcionaria se corría el riesgo de poner en entredicho el proyecto de Seguridad del Mando Único en el Estado, así como de la participación y desempeño de las diversas instituciones federales y locales involucradas en la seguridad del Estado, y que era necesario que dicha Fiscalía ajustara las cifras reportadas para evitar tal situación”.
Pero esa no fue la primera vez que Capella expresó su intención de cambiar las cifras de la incidencia delictiva.
“Disminuye en Morelos la incidencia delictiva”, tituló la Secretaría de Información y Comunicación Social del Gobierno estatal un boletín enviado a los medios el 2 de junio pasado, derivado de una reunión en la oficina del secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, a la que asistieron el fiscal Rodrigo Dorantes y el comisionado Alberto Capella, cada uno acompañado por la persona responsable del manejo de estadísticas en su respectiva dependencia. También estuvo presente el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Rafael Gómez Olivares.
Pero el boletín y las fotografías que se difundieron de la “amigable reunión” estaban muy lejos de reflejar lo que realmente sucedió. Testigos del encuentro lo definen como “un agarrón” entre las dos instituciones en el que sus respectivos titulares salieron visiblemente molestos.
La causa del altercado fue que Alberto Capella no aceptaba las cifras que la Fiscalía General estaba presentando como incidencia delictiva, pues estas diferían notablemente de las que ellos tenían, por lo que exigía que se tomaran como oficiales las suyas y no las de la Fiscalía.
“Pues estas son las cifras reales que surgen de las carpetas de investigación iniciadas en las agencias del Ministerio Público”, sostuvo la responsable de la Dirección de Información Criminógena.
El tijuanense montó en cólera. “Quién se cree que es usted para poner en riesgo toda una estrategia de seguridad”, le espetó a la servidora pública.
“Esos son los datos reales y no los vamos a cambiar”, intervino Rodrigo Dorantes.
Rafael Gómez Olivares, quien debía servir como tercero en discordia para avalar una u otra posición no supo qué decir. Eso fue determinante para que le pidieran la renuncia semanas después para poner en su lugar a otro de los “consentidos” de Graco Ramírez: el abogado Omar Delasse Cañas.
En este contexto, es evidente que, ya sin Dorantes ni Yuridia Tun Mora, las cifras están siendo modificadas a conveniencia de la CESP, a pesar de que hay un documento firmado por el titular del Centro Nacional de Información de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Corral Luna, (cuya copia obra también en poder de este reportero) en el que advierte que la forma correcta de contabilizar los delitos es la prevista en el Manual específico para el llenado del formato de incidencia delictiva del Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública.
Periodista con 25 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Me pareció muy buenas nota, para que fuera publicada también en la revista proceso, Aun que de un modo Alberto Capella Ibarra mejor conocido como «El Rambo Tijuanense». quiere aplicar el mismo monólogo que a usado en cada dependencia, no olvidemos que en mayo de 2008, el abogado de 33 de los agentes destituidos por Capella dio a conocer que éste no sólo había suspendido «injustamente» a sus clientes, sino que además había lanzado un exhorto al Consulado de Estados Unidos en Tijuana para que les retiraran sus visas y las de sus familias.
Buena publicación es real yo lo vi por q estaba en esa area
Hola Jesus t recomiendo hacer una investigacion con los policias del mu la malloria esta en contra de capella pero los tie en amenazados sus sueldos son miserables bueno ellos t lo diran te felicito x tus investigaciones periodistas y veraces saludos y gracias