El nuevo vocero de Graco “no existe”

• Con la desaparición de la Secretaría de Comunicación pretenden extinguir la obligación de transparentar los gastos de difusión de Graco Ramírez

Jesús Castillo

Desde finales de noviembre acompaña al gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, a todas sus giras y entrevistas en medios nacionales, pero en el buscador informático de morelos.gob.mx la respuesta que aparece al poner el nombre de Arturo Martínez Nuñez es “no existe”.

No aparece el nombre del presunto funcionario pero tampoco la institución que encabeza: la Coordinación Estatal de Comunicación Social.

Y es que, tal como lo dimos a conocer semanas atrás, el anterior jefe de prensa de Graco, Jorge López Flores, se regresó a la vicepresidencia del Grupo Braca de Comunicación, y con él se acabó la Secretaría de Información y Comunicación Social que su socio Graco Ramírez le inventó como parte de un trato comercial que incluía pago de facturas a razón de cinco millones de pesos mensuales tan sólo para el Diario de Morelos.

Cuando dimos a conocer en redes sociales que la Secretaría de López Flores había desaparecido de la página oficial  y con ella también la información pública de oficio, unas horas después ya aparecía otra vez en el sitio, pero con información muy atrasada. El último reporte de pago a medios de comunicación era de agosto del 2015.

Y si bien es cierto que en los siguientes días subieron las listas de pagos a proveedores correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre, lo que sigue sin aparecer es la información pública de oficio correspondiente a la nueva denominación.

En la página oficial del Gobierno morelense no existe (en términos de la Ley de Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos) la Coordinación Estatal de Comunicación Social ni tampoco su titular Arturo Martínez Nuñez, que supuestamente deben estar incluidos en lo que alguna vez se llamó Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, luego simplemente “Gubernatura”, y a partir de diciembre del 2015 su denominación es “Oficina de la Gubernatura”.

Por ende, no se puede saber si realmente hubo una reducción de gastos con la transformación de dicha dependencia o sólo introdujeron la estructura de la Secretaría de Información y Comunicación Social dentro de la oficina que manejará directamente el gobernador Graco Ramírez Garrido.

Menos se puede tener acceso (al menos en este momento), a la ficha personal del nuevo vocero para conocer su preparación académica y cargos anteriores.

LA AUSTERIDAD NO LLEGA A LA OFICINA DE GRACO

El 8 de diciembre del año pasado se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad” un decreto “por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos para la Reingeniería Organizacional y la Simplificación Administrativa del Poder Ejecutivo”.

Ahí es donde se menciona por primera vez la desaparición de la Secretaría de Información y Comunicación Social y transformación de otras áreas, “regidas bajo los principios de austeridad y racionalidad presupuestal, eficiencia, simplificación administrativa, legalidad, honradez y transparencia; evitando en todo momento duplicidad o multiplicidad de funciones, la creación de estructuras paralelas a la misma administración central, el incremento injustificado del gasto corriente presupuestal, vigilando siempre su congruencia con los objetivos y metas autorizados en el plan estatal de desarrollo, los Programas Operativos Anuales y el presupuesto de egresos respectivos”.

Y agrega:

De lo anterior puede afirmarse que la extinción de la Secretaría de Información y Comunicación que se propone es resultado del análisis que guarda el desarrollo de la Administración Pública Estatal, en clara congruencia con los principios constitucionales citados; pues resulta evidente que es el Ejecutivo Estatal quien mejor conoce las necesidades de funcionamiento que para el desempeño de sus atribuciones requiere”.

Señala que el propio Ejecutivo Estatal determinó necesario realizar los ajustes correspondientes, así como la redistribución de competencias que le permitan continuar ejerciendo sus funciones, pero al mismo tiempo se logre un adelgazamiento de las estructuras gubernativas en concordancia con el principio de austeridad previsto en nuestra norma fundamental local.

De ahí, que las modificaciones propuestas con relación a la figura de encargado de despacho, la redistribución de las competencias que venía ejerciendo la citada Secretaría de Información y Comunicación, el otorgamiento del fundamento legal a la Oficina de la Gubernatura del Estado, entre otras, “atienden al análisis interno realizado y que le permitirá un funcionamiento más eficaz y eficiente”, dice el documento publicado en el periódico oficial.

Lo criticable es que Graco se tardó más de tres años en darse cuenta que elevar a nivel de Secretaría lo que siempre había sido una Coordinación, afectaría la economía del estado.

Sobre todo, cuando en los presupuestos de cada año el Congreso Local asignaba a la Secretaría de Comunicación una partida de 132 millones pero al término del ejercicio fiscal siempre el gasto real fue el doble o más de lo presupuestado.

FUNDAR, una organización dedicada al fomento de la transparencia, colocó a Morelos en el cuarto lugar a nivel nacional  en gasto destinado a la imagen de su gobernador, con 420 millones de pesos en el 2014.

¿Volverá a gastar Graco Ramírez otros 400 millones de pesos en publicidad oficial ahora desde la Oficina de la Gubernatura?

No lo sabemos todavía, pero lo cierto es que en la Ley de Ingresos del 2014 se contempló un presupuesto de 33 millones de pesos para la Gubernatura, y un año después la cifra aumentó a 41 millones 224 mil pesos.

En el presupuesto para el ejercicio 2016 (aprobado sin objeción alguna por la LIII Legislatura del Estado), se contempla que “Gubernatura” gaste 33 millones en gasto corriente y que la Secretaría de Información y Comunicación Social disponga de 122 millones 225 mil pesos para el 2016. No obstante, la misma Ley establece que el gobernador puede mover libremente estos recursos según lo vaya requiriendo a lo largo del año.

Y de lo que todo mundo se da cuenta es que, a partir de que anunció su intención de buscar la presidencia de la República, el gobernador de Morelos no para de viajar por todo el país y de aparecer en entrevistas en medios de comunicación nacionales.

Si bien es cierto que muchas de esas apariciones se deben a que “Graco genera rating” por sus ataques a Andrés Manuel López Obrador, su insistencia en legalizar la mariguana y sus enfrentamientos mediáticos con el Padre Solalinde, Cuauhtémoc Blanco, Federico Figueroa y Fidel Demedicis, también lo es que algunas entrevistas sí son pagadas con recursos de los contribuyentes morelenses, según se puede advertir en lo poco que han subido a su página oficial en el rubro de “Transparencia”.

En las listas de pagos por concepto de difusión a medios que ha subido a cuentagotas el gobierno a su página oficial, han dejado de aparecer periódicos y noticieros locales para ser sustituidos por empresas foráneas como Ediciones del Norte, La Crónica Diaria, Milenio y Excélsior.

También, y de acuerdo a la información recabada, los últimos millones de la Secretaría de Información y Comunicación Social fueron enfocados hacia empresas dedicadas más bien al Monitoreo de noticias (Especialistas en Medios S.A. de C.V. 39 mil mensuales, Imerkreativa, propiedad de la empresaria Jazmin Bastida); análisis de la información (Marinor S.A. de C.V. un único pago por 5 millones de pesos) y manejo de imagen en redes sociales (ADSOCIAL), con 109 mil en abril del año pasado.

Llama la atención los constantes pagos a una página de internet poco conocida (Izq-Mx) que factura como Agencia Informativa de la Izquierda Mexicana a razón de 58 mil pesos mensuales, y los 139 mil pesos mensuales pagados a la periodista Elvia Andrade Barajas, directiva de la FAPERMEX, así como facturas por 700 mil pesos pagadas a la empresa EFFESSE S.A. de C.V. cuyo giro fiscal es la venta de sillas de ruedas.

Las empresas morelenses fueron abandonadas a su suerte. Jorge López Flores se fue sin resolverles adeudos de hasta 14 millones de pesos (a Roberto Samaniego Márquez, por ejemplo) y el nuevo responsable, Arturo Martínez, les ofreció a periódicos y medios electrónicos iniciar convenios a partir de enero pero olvidándose de todo lo anterior y con cantidades mucho menores.

La excepción sigue siendo Grupo Braca de Comunicación y Morelos Habla. Todavía antes de irse, Jorge López Flores firmó un cheque de 5 millones 280 mil pesos para la empresa donde labora, en tanto que Morelos Habla (periódico que todavía no cumple un año de estar en circulación), recibió un primer pago de 500 mil pesos correspondiente al mes de mayo,  según consta en el reporte oficial de septiembre del año pasado.

Pero a decir de personas cercanas a ese medio de comunicación, a Morelos Habla lo que menos le importa son las facturas por publicidad, pues aseguran que sus ingresos llegan por otra vía en virtud de que el verdadero dueño o socio del poblano Armando Prida Noriega, es nada menos que Rodrigo Gayosso, hijastro de Graco Ramírez.

Prueba de ello es que, recientemente, Morelos Habla incursionó en radio, con un noticiero dedicado a difundir las acciones del gobierno de Graco Ramírez, a través de la frecuencia 103.7 de FM, ocupando el lugar del noticiero Metrópoli, que fue obligado a dejar de transmitir por órdenes de Jorge López Flores a finales del año pasado, por su línea editorial crítica.

LA SOMBRA DE “LOS 43” PERSIGUE AL NUEVO VOCERO

El 10 de enero del 2012, Arturo Martínez Nuñez sonreía frente a los micrófonos y destellos de los flashes. Se sentía realizado.

Tres meses antes Ángel Aguirre Rivero lo había designado vocero del Gobierno de Guerrero y ambos disfrutaban del periodo conocido como “luna de miel” en el que nadie puede reclamar nada porque apenas acaban de recibir el cargo.

“El éxito del Operativo Guerrero Seguro se ha consolidado gracias al trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno aunado a la cooperación de la sociedad quien ha depositado su confianza en las autoridades para contribuir a mejorar el clima de seguridad en la entidad y particularmente en Acapulco”, leía el boletín.

Y con voz engolada remataba:

“Con estos resultados mantenemos la confianza que en poco tiempo Guerrero se convertirá en la entidad más segura del país y un ejemplo de cooperación entre los tres órdenes gobierno”.

Pero el destino le tenía reservado algo muy diferente. No sólo a él, sino a todo el grupo que llegó al poder en Guerrero bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática y con el apoyo moral de Andrés Manuel López Obrador, quien después se deslindó de ese partido y creó Morena.

El gobierno de Ángel Aguirre Rivero se comenzó a caer a pedazos a partir del 26 de septiembre del 2014, cuando estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron detenidos, asesinados y desaparecidos en el municipio de Iguala, Guerrero.

Tras varios días de simulación haciendo como que no sabían nada, la verdad terminó por salir a flote: a los estudiantes los mandó matar el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, cuya esposa es hermana de los líderes de un cartel del narcotráfico. De todo ello tenía conocimiento el gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien pretendía convertir a Guerrero en el estado más seguro, pero con la ayuda de los “Guerreros Unidos”.

En octubre del 2014 pide licencia Aguirre Rivero y en su lugar el Congreso designa al académico Rogelio Ortega, sólo para esperar a que termine el desastroso sexenio de los perredistas y que a la postre el PRI vuelva a tomar las riendas a través de Héctor Astudillo.

Cuando explotó el escándalo de los 43 Arturo Martínez ya no era vocero. A petición de sus padres, en noviembre del 2013, Aguirre Rivero lo había designado secretario de Cultura.

Sí. Todos los cargos que ha tenido Arturo ha sido gracias a sus padres.

Arturo Martínez Nateras es uno de los baluartes de la izquierda mexicana. Militante (1963) y dirigente (1965-73) de la Juventud Comunista de México; fundador, Secretario de Relaciones Exteriores y Secretario General de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos (CNED, 1966-1969). Preso por motivos políticos, por su participación en el movimiento estudiantil en el penal de Lecumberri (1968-71). Miembro del Comité Central del PCM (1972-78). Cofundador y Secretario General de Unidad Democrática. Miembro del FDN y de su dirección colegiada. Figura en el memorial del 68 de la UNAM en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el suyo es uno de los 57 testimonios que lo integran. Asesor de Luis Donaldo Colosio (1991-1994). Coordinador Nacional de la campaña del PCM con Valentín Campa como candidato a la presidencia de la República, 1976, precandidato a la presidencia en la sucesión de 1982 en las elecciones internas del Partido Socialdemócrata y presidente municipal de Tuxpan Michoacán, su tierra natal.

Su madre es María de la Luz Núñez Ramos, diputada federal en la 57 Legislatura; presidenta municipal de Atoyac de Álvarez y candidata de Morena a la Gubernatura de Michoacán.

La familia Martínez Núñez es una de las pocas que ha logrado sobrevivir a la escisión del Partido de la Revolución Democrática y el nacimiento de Morena, conflicto interno que dividió a millones de izquierdistas en el país: se llevan de maravilla con Andrés Manuel López Obrador; lo mismo con el satanizado ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y por supuesto con Graco Ramírez, quien iba cada mes a Acapulco y decía que “Morelos es el municipio más grande de Guerrero”, hasta que aquel cayó en desgracia y ahora su lema es “no habrá otro Abarca en Morelos”.

Al joven Martínez Núñez le tocó estrenarse como vocero justo en la peor crisis (hasta ahora) de su jefe Graco Ramírez. Primero el escándalo de las fosas de Tetelcingo y después el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, sin olvidar el enfrentamiento con el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco y las acusaciones contra Federico Figueroa, Fidel Demedicis y el alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso.

Fue precisamente con éste último caso, que Arturo Martínez cometió su primera pifia. Ya sea por orden de sus superiores o por iniciativa propia, pero el Gobierno del Estado difundió en su portal oficial, un boletín sobre un evento con legisladores del PRD, lo que puede ser considerado un desvío de recursos con tintes partidistas.

Otro aspecto que pudiera considerarse un error político, es que en su declaración de intereses y situación patrimonial de inicio de cargo que entregó a la Contraloría del Estado, en el apartado donde se le pide que mencione si es su deseo hacer pública la información considerada como confidencial, el vocero puso una x en la opción NO, cuando el gobernador presumió que él y 84 funcionarios más renunciaron al derecho a mantener sus datos en la confidencialidad.

En dicha declaración, Arturo Martínez Núñez pone como grado máximo de estudios “educación media superior”, “sin cédula”, a pesar de que en la página oficial del Gobierno de Guerrero, donde fungía como secretario de Cultura, aparece como “Lic”.

Jesús Castillo

Periodista con 25 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.