En Morelos, los boletines más caros y raquíticos de todo el país

En Morelos, los boletines más caros y raquíticos de todo el país

Por Jesús Castillo García

Tradicionalmente las oficinas de Comunicación Social se encargan de INFORMAR, y el objetivo natural de dichas estructuras del servicio público es proporcionar la mayor información posible para que llegue a la mayor cantidad de personas que se pueda, y si esto se puede hacer con el menor costo posible, está perfecto.

Pero por increíble que parezca, en el Gobierno de “La nueva visión”, actualmente el objetivo aparente es informar lo menos posible, y lo más grave de todo es que esto nos está resultando carísimo a los ciudadanos que pagamos impuestos. Al menos así ocurre en el área de seguridad pública y procuración de justicia.

Le explico:

La cadena de información se inicia en el lugar de los hechos. Los policías estatales y/o ministeriales entregan una tarjeta informativa que debe ser lo más completa posible. Esa misma tarjeta la reciben los funcionarios y una copia la canalizan a la oficina de Comunicación Social.

Y es aquí donde se encargan de quitarle los mayores datos posibles.

Le voy a poner un ejemplo.

El pasado miércoles por la noche el procurador debió haber recibido una tarjeta informativa que dijera más o menos así:

“Un hombre fue ejecutado en un auto en donde viajaba con dos personas, luego de que fuera emboscado presuntamente por varios sujetos armados, cuando circulaba por la calle Aquiles Serdán esquina con Revolución.

La víctima es Alfredo Estrada Cuevas, de 38 años, con domicilio en la colonia Satélite, de Cuernavaca, quien fue asesinado de tres balazos en el cuerpo.

Derivado del ataque resultaron lesionados Emanuel Santander Díaz, de 26 años, y Cuauhtémoc Flores Manjarrez, de 25, quienes fueron internados en el Hospital General “Dr. José G. Parres”, de Cuernavaca.

Los hechos se suscitaron ayer, a las 18:00 horas, cuando Alfredo, Emanuel y Cuauhtémoc, viajaban a bordo de un auto Nissan-Platina, blanco, placas 643-VZT del Distrito Federal, por la calle Aquiles Serdán esquina con Revolución.

Ahí, los hombres presuntamente fueron emboscados por varios sujetos armados, quienes abrieron fuego en su contra desde un coche en movimiento, para posteriormente escapar con rumbo desconocido.

Paramédicos de Jiutepec acudieron al lugar, en donde confirmaron el deceso de Alfredo, y trasladaron de emergencia a los otros dos hombres al Hospital General de Cuernavaca.

Peritos del Servicio Médico Forense (Semefo) realizaron una inspección ocular en donde hallaron cinco casquillos percutidos calibre .9 milímetros, los cuales fueron embalados para su estudio”.

Y ahora le voy a mostrar lo que envió la oficina de Comunicación Social de la Procuraduría de Justicia del Estado a los diversos medios de comunicación sobre este hecho:

“Levantamiento de cadáver. Edad 37 años. Sexo Masculino. Causa de deceso: Hemorragia interna por perforación pulmonar generada por proyectil de arma de fuego. Lugar del levantamiento: Calle Aquiles Serdan esquina con calle Tejalpa, colonia Revolución, municipio de Cuernavaca. Fecha del levantamiento: 18 de septiembre de 2013 18:15 hrs”.

Y luego la leyenda que ya traen todos los boletines:

“Únicamente se proporcionarán estos datos con base en el siguiente marco jurídico:

Artículo 20 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos con la reforma del año 2011 en su apartado “C”, fracción V.

Artículo 9 y 28, fracción III y IV, de la Ley de Atención y Reparación Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos.

Artículo 51, inciso 3 y 5, de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.

Artículo 15 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos de los Derechos de la Víctima u Ofendido, en su fracción XXI”.

Va otro ejemplo.

La semana pasada acudí a una conferencia de prensa que ofrecería la vocera de Seguridad y Procuración de Justicia del Gobierno del Estado, Jacaranda Mojica, en el salón Morelos del palacio de Gobierno.

Luego de algunos minutos de espera, apareció primero el subsecretario de Información, Guillermo Correa Gómez, quien dijo que la vocera daría lectura a un comunicado y que no habría posibilidad de preguntas.

Acto seguido llegó la vocera, se sentó frente al micrófono y comenzó a leer:

“La Vocería de Seguridad y Procuración de Justicia del Gobierno del Estado dio a conocer que resultado del trabajo coordinado que se mantiene con diversas instancias responsables de prevenir y combatir la delincuencia, y en cumplimiento a los términos que establece la Constitución Política y la Ley de Victimas vigente en el estado, en las primeras horas de este 12 de septiembre elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lograron el aseguramiento de 5 presuntos responsables, entre ellos un menor, por los delitos de secuestro y robo de vehículo en agravio de un taxista en el municipio de Emiliano Zapata”.

Dio algunos pormenores de los hechos, detalló el tipo de armas que fueron decomisadas, resaltó la coordinación entre las diferentes corporaciones y después procedió a dar lectura a la misma leyenda de todos los boletines los fundamentos jurídicos por los que no se proporciona más información.

Inmediatamente después se retiró. Ni diez minutos se tardó en leer el boletín.

¿Cuánto gana por ello la vocera? No se sabe exactamente, pues si bien aparece en el directorio de la Secretaría de Información y Comunicación Social en el lugar número tres como “vocera de Seguridad”, dicho cargo no se encuentra en ninguno de los cargos que contempla la nómina de dicha dependencia. Pero suponemos que debe estar entre uno de los siete directores generales que tienen un salario de 44 mil 994 pesos. El subsecretario que se encargó de presentar a la vocera y decir que no habría preguntas devenga 59 mil 995 pesos. El jefe de todos ellos, Jorge López Flores, 70 mil pesos mensuales. Cabe recordar que con el Gobierno de Graco Ramírez, la Coordinación de Comunicación Social subió a Secretaría, y por ende todos los sueldos.

Cabe mencionar que la información que dio a conocer la vocera incluye acciones tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de la Procuraduría de Justicia. Ambas dependencias tienen su propia oficina de Comunicación Social que se encarga de emitir la información a los medios, pero hay que señalar que a partir de la creación de la Vocería, estas dos oficinas le proporcionan la información a la vocera y ésta se encarga de entregarla (o leerla) a los medios.

El director de Difusión Interinstitucional de la SSP cobra 19 mil 555 pesos y la directora general de Comunicación Social de la PGJ tiene un salario de 43 mil 948.

Seguramente usted está pensando lo mismo que yo: que con uno solo de ellos bastaría para “tachar” los datos que no se deben dar a conocer y darle lectura a los boletines.

Ahora bien, ¿cuánto le cuesta al gobierno del estado (o más bien a los contribuyentes) la difusión de esta información?

Aquí está la respuesta:

Haz clic para acceder a OTI4GastoDifusion2T_0.pdf

Sólo como último comentario, vale la pena mencionar que en estos momentos esa información es pública y se encuentra en la página oficial del gobierno, pero ello solamente después de muchas presiones por parte de ciudadanos, del IMIPE y de particulares que desean saber en qué se gasta el presupuesto.