J. Rigoberto Lorence
En un debate de trascendencia internacional hemos entrado a partir de la solicitud de AMLO al gobierno español, en el sentido de que pida disculpas a México a raíz del daño causado por la corona ibérica a los pueblos originarios, en la época de la llamada Conquista de sus territorios por súbditos de la misma.
La discusión se ha centrado en si la solicitud procede o no. El gobierno español se ha negado a pedir perdón, mientras que la oposición de izquierda española (Podemos) ha señalado que la solicitud de AMLO es totalmente procedente.
Pero los debates han excluido uno de los temas esenciales: el 13 de agosto de 2021 se cumplirán 500 años de la caída de Tenochtitlan, capital del imperio azteca a manos de tropas españolas bajo el mando de Hernán Cortés. En tanto, la consumación de la Independencia nacional se realizó el 27 de septiembre de 1821, por Agustín de Iturbide, y por tanto en ese mismo año se conmemorarán 200 años de la gesta.
Lo importante en este caso es que en julio de 2021 habrá elecciones federales intermedias en México, y por lo mismo se efectuarán en medio del fragor del debate sobre el tema referido. El asunto de los agravios españoles contra los pueblos originarios ocupará uno de los espacios centrales de la política nacional en ese año, y por lo mismo definirá muchas simpatías en favor o en contra de los bandos contendientes.
En ese aspecto, la derecha mexicana –ya de por sí muy disminuida– tiene la batalla perdida si persiste en su reacción visceral contra la propuesta de AMLO. Simplemente, sus dirigentes son tan torpes que están cayendo en el garlito. El pueblo mexicano espera ese año recibir una disculpa internacional por los agravios españoles del siglo XVI, y castigará adicionalmente a los partidarios de que tal disculpa no se emita.
Por cuanto a la esencia del tema, hay quienes niegan que el estado español de hoy signifique la continuidad histórica de los reinos de Castilla y Aragón de 1492, responsables de llamado Descubrimiento y la posterior guerra de exterminio contra los pueblos originarios de América.
Pero no tienen razón. En 2015, el gobierno de España pidió disculpas públicas por la expulsión en 1492 de los sefardíes (judíos españoles que hablan un idioma derivado del castellano antiguo) por motivos religiosos y nadie objetó tales disculpas ni la propuesta oficial de devolverles la nacionalidad española a quienes regresaran de los diversos exilios. Incluso el gobierno español publicó una lista con los apellidos de las personas que recibieron las disculpas.
Así que, históricamente, el gobierno español actual es heredero de los derechos y obligaciones de la corona en 1492, y debe cumplir con sus obligaciones internacionales. Se requiere un mínimo de congruencia del actual gobierno hispánico en ese aspecto.
Hay múltiples ejemplos de disculpas ofrecidas en varias épocas por potencias coloniales a los pueblos sojuzgados. Francia las pidió respecto a su atroz conducta en Argelia; Bélgica respecto a la violencia de la colonización del Congo; USA y Canadá con relación a los pueblos aborígenes; Holanda se disculpó por sus matanzas en Indonesia; Japón respecto a la ocupación de Corea y así sucesivamente. En algunos casos, hasta reparaciones se han otorgado a los herederos de las víctimas.
El ejercicio de pedir disculpas públicas implica necesariamente una autocrítica del país que las emite, y por lo tanto, de su clase dirigente. Si el gobierno español se pone en el plan de que los soldados españoles vinieron a civilizar a los pueblos nativos, o a traer una religión menos sanguinaria que la azteca, el debate no puede avanzar. Porque junto a los adelantos técnicos indudables que aportaron, también es cierto que impusieron en nuestro país un modelo de explotación hasta entonces desconocido, y una opresión sangrienta, bendecida por la cruz de las diversas órdenes religiosos (los cuales, por cierto, ya pidieron disculpas).
Y México también debe pedir que USA se disculpe por la anexión de más de la mitad del territorio nacional en la guerra de 1848 (aunque ya hay una demanda internacional que puede terminar en reparaciones sustanciales para nuestro país). Y a Francia por tanto daño que causó con su guerra de intervención durante 5 años de ocupación en México (1862-1867).
El gobierno mexicano, por su parte, debe pedir perdón por los daños causados a los pueblos yaqui y mayo, así como a los tarahumaras en las guerras de Porfirio Díaz, pero sobre todo debe evitar que las empresas mineras sigan depredando actualmente las tierras comunales y el medio ambiente de muchos pueblos originarios.
Pedir perdón no es solo un acto de conciencia pública. Debe servir de base para reparar el daño que se ha venido causando a las comunidades indígenas, y así conformar una nación más unida por la razón y la justicia.
Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNAM. Militante de las organizaciones democráticas y revolucionarias de México desde hace unos 40 años. Ha impartido cursos de reportaje, redacción y otras áreas dentro del periodismo.
Dejar una contestacion