Juan Aurelio Grullón
El concepto de Estado de Derecho es aceptado por todos los integrantes de una sociedad, pero no necesariamente respetado. En teoría consiste en la aplicación de un marco jurídico y normativo para todos, respetando los derechos individuales. Entre particulares, instituciones, empresas y gobierno la violación a uno o más de los derechos individuales se le considera un delito, y para prevenirlos se tienen mecanismos de seguridad pública; y para dirimirlos se tiene un sistema judicial. La violación de los derechos individuales por parte de los gobiernos se considera una falta de derechos humanos, y para evaluarlos se han creado Comisiones de Derechos Humanos, nacionales e internacionales.
Cabe señalar, que el primer responsable en mantener el Estado de Derecho es el Gobierno, en sus tres poderes y en sus tres niveles. Además, debe a su vez respetar las leyes tanto como los demás actores de la sociedad. De hecho, tiene la obligación de dar el ejemplo, sin ser autoritario. Lo anterior previene el uso arbitrario del poder, independientemente del porcentaje de votación obtenido en una elección, del continuo monitoreo de las encuestas de popularidad o del uso de consultas populares. La reducción de la corrupción es solo una parte del reforzamiento del Estado de Derecho.
Por parte de los sectores privados de la sociedad, se debe prevenir un aprovechamiento del Estado de Derecho para proteger los intereses de grupos de poder, frenando las oportunidades de nuevos participantes en ciertas actividades. Las grandes empresas y asociaciones de empresas sectoriales tienen la capacidad de influir en la elaboración y aplicación de normas que se convierten en barreras de entrada para potenciales competidores, que podrían hacer los mercados más eficientes.
El grado de desigualdad económica y social expone a los individuos y entes en general a una menor o mayor violación de sus derechos. Para que se tenga un Estado de Derecho fuerte se debe asegurar que las leyes sean elaboradas de manera democrática y atendiendo al sentido de la justicia social, y que su aplicación sea imparcial. Las leyes deben referirse a conceptos generales y nunca a grupos en particular. Su redacción debe ser precisa para no estar sujeta a continuas interpretaciones subjetivas por parte de las autoridades en turno.
Los encargados de elaborar y ejecutar leyes son los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En una democracia perfecta, sus decisiones representarían la voluntad popular. La realidad es que vivimos en una democracia imperfecta, en cualquier país que lean esto. Este es el primer defecto para lograr un Estado de Derecho pleno. Algunas leyes serán consideradas injustas y hasta represivas por alguna fracción de la sociedad y no tendrán interés en acatarlas salvo que sean forzados mediante una vigilancia costosa.
En México, es aceptado que existe un desdén hacia el Estado de Derecho. Voy a referirme a dos expresiones muy recurridas en ese sentido.
a. “A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la Ley a secas”. Frase acuñada por un expresidente y prócer de la Reforma: Benito Juárez. Desafortunadamente para México, esta expresión parece haberse convertido en norma de facto en el actuar de los funcionarios y jueces encargados de aplicar y ejecutar la administración del Marco Jurídico.
b. “El que no tranza, no avanza”. Dicho popular. Refleja la forma de actuar de individuos y entes en general, que consiste en torcer o romper las reglas cada vez que convenga a sus intereses. Se sospecha, que ha sido la forma más común de acumular riquezas en México.
Es necesario reforzar los cursos de ética y civismo, desde la educación básica, para cambiar una situación cultural heredada de generaciones. Se debe hacer énfasis en que el reforzamiento del Estado de Derecho propicia el desarrollo económico y reduce la desigualdad; y a la inversa. Todos tenemos derechos, pero no todos tenemos los recursos para asegurar su aplicación. Aun con la presencia de un gobierno cuya función es vigilar que se respeten los derechos individuales, las condiciones políticas que ponen en riesgo su permanencia en el poder, crean un incentivo a proteger a algunos sectores más que a otros.
Para evaluar el grado de fortaleza del Estado de Derecho para fines de reducir la desigualdad y fomentar el crecimiento se toma como referenciar los siguientes indicadores: La confianza en la capacidad para hacer cumplir las transacciones, con el apoyo de la fuerza pública y los juzgados; la fortaleza de los derechos de propiedad; y la exposición de la sociedad a los delitos. El Banco Mundial calcula un índice del grado de Estado de Derecho por país (rango: -2.5, 2-5), México tiene una calificación de -0.6, y el promedio es de 0.7.
Voy a hacer un breve recuento de tres factores específicos qué en México, se encuentran en niveles preocupantes y sobre los cuales hay datos duros.
a. Índice de Homicidios. Si hay algún derecho que todos debemos defender es el derecho a la vida. México ha tenido una tasa de homicidios muy alta en los últimos años. En 2017 registro un nivel de 24.8 por cada 100,000 habitantes. Muy superior al promedio mundial es 6.1, y el promedio de América de 17.2. Los otros índices de delitos como secuestro, robo de autos, asalto a transporte son también altos. Falta Estado de Derecho en aspectos de derecho penal.
Esta situación se debe a varios factores: México es un centro de distribución de narcotráfico internacional; tiene un Índice de Gini de 0.47; los gobiernos de los tres niveles carecen de los recursos y la voluntad para controlar la violencia, entre otros factores. De cada 100 delitos, solo 1.3 se resuelven. Lo cual indica un alto grado de impunidad.
b. La corrupción en México es otro factor que indica falta de Estado de Derecho. De acuerdo con Transparencia Internacional, México tiene una puntuación de 29, ocupando el lugar 130 de 180 países con un promedio de 43. El mejor nivel es 87 y el peor es 9. La sugerencia internacional para reducir la corrupción es eliminar los grandes montos de recursos públicos en la política y aumentar la participación de los agentes de la sociedad en la toma de decisiones.
Voy a dar un ejemplo de cómo el gobierno ha fallado en crear un Servicio Profesional de Carrera eficiente, a pesar de que se aprobó la Ley del SPC en 2003, cubriendo la mayor parte de las plazas de mando de las Secretarias de Estado, que son las principales dependencias del Gobierno Federal. En teoría, las plazas se concursan para elegir a los mejores candidatos mediante un sistema de evaluaciones de conocimiento, documentación de experiencia y antecedentes académicos, y por último una entrevista.
En la práctica, asignaban la plaza de manera directa mediante un tecnicismo, que se debía aplicar solo en casos excepcionales (art. 34 de la LSPC), y posteriormente el concurso se realizaba solo como un trámite, pero asegurando que la persona que ya había sido asignada antes resultara “ganadora”. Estas simulaciones son comunes en las áreas de recursos humanos del sector público.
La práctica anteriormente mencionada crea un efecto de réplica en todas las demás áreas de toma de decisiones en el manejo de recursos públicos o en el otorgamiento de concesiones y permisos. Lo importante no es que las cosas se hagan bien, sino que se simule que se hacen bien, la simulación impera. Esto tiene un efecto negativo sobre el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad.
c. La Economía informal es México es muy grande. Por definición dicha economía se encuentra fuera del límite de lo que sería el Estado de Derecho, puesto que son negocios que deciden no tramitar los registros sanitarios, fiscales y de seguridad que una empresa formal debe tener. Se calcula que asciende al 25 por ciento del PIB y ocupa un poco más de la mitad de los empleados.
En conclusión, México tiene por delante un reto en el reforzamiento de su Estado de Derecho. Para cumplirlo, más que recursos económicos, lo que necesita es disciplina, voluntad y consenso logrado con trabajo político. Los beneficios se verán en el mediano plazo reflejados en una mejora de los niveles de desigualdad y mayores tasas de crecimiento económico.
Mtro. Juan Aurelio Grullón S.
Lic. en Economía (Mejor promedio de su generación); Becado y Egresado de la Maestría de Economía de El Colmex; y Maestría en Administración. Diplomado en Análisis y Evaluación Financiera por el Tec de Monterrey.
Ha laborado en el Banco de México (1993-1996) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2010-2015). Actualmente es docente.
Ha sido tres veces campeón de tenis.
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