Evaden diputados morelenses informar sobre gastos de difusión… y el IMIPE los encubre

Evaden diputados morelenses informar sobre gastos de difusión… y el IMIPE los encubre
Por Jesús Castillo García
La fórmula de colocar en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) a incondicionales de los tres principales partidos políticos representados en el Congreso Local para que les cubran las espaldas ya comenzó a dar sus primeros resultados…a favor de los legisladores.
La LII Legislatura se negó a proporcionar la relación de medios de comunicación contratados durante el 2013 para la difusión de sus actividades, y el órgano garante de la Ley de Información Pública rechazó admitir el recurso de inconformidad promovido por este reportero.

No en balde los diputados de la anterior legislatura pusieron en el IMIPE al médico Víctor Díaz Vázquez, cuyo trabajo en el Congreso era precisamente atender las solicitudes de información pública y ese trienio la Cámara de Diputados se caracterizó por la opacidad.
Siempre al amparo del diputado y empresario Jorge Arizmendi García, Díaz Vázquez se vio favorecido con el voto de los legisladores a pesar de que varios de los candidatos lo superaban en formación académica y trayectoria laboral. En términos futbolísticos, a un portero lo convirtieron en jefe de los árbitros.
Ya con la nueva Legislatura, el acuerdo político favoreció a Mireya Arteaga Dirzo, compañera de banca desde la Prepa del entonces presidente de la Junta Política y de Gobierno, el perredista (ex secretario particular del gobernador Graco Ramírez) Juan Ángel Flores Bustamante.
Y como el PRI y el PRD ya tenían a su consejero, invariablemente la tercera posición debía corresponder al Partido Acción Nacional. De nada sirvió que se inscribieran expertos en la materia, pues el cargo recayó en la psicóloga de profesión, Dora Ivonne Rosales Sotelo, con cero experiencia en la materia según consta en su ficha personal.
No tuvo que pasar mucho tiempo para que los integrantes del IMIPE tuvieran que demostrarle lealtad a sus ex patrones y quienes autorizan el presupuesto de donde sale su sueldo.
¿Cuánto gasta anualmente el Poder Legislativo en la difusión de sus actividades en los diferentes medios de comunicación? Esa fue la incógnita que intentamos despejar.
Una primera solicitud de información se hizo el 30 de abril del 2014, en los términos siguientes:
“Relación de los medios de comunicación contratados para la difusión de actividades oficiales del H. Congreso del Estado del primero de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, indicando nombre del medio y la cantidad pagada. Favor de incluir prensa escrita local y nacional, radio, tv, internet, espectaculares y publicidad móvil”.
El 15 de mayo el Congreso contestó: “Hago de su conocimiento que la información solicitada se encuentra en proceso de ubicación, razón por la cual, dentro de un plazo de 10 días hábiles se estará en posibilidad de dar respuesta”.
Sin embargo, al cumplirse el término legal, la Unidad Pública de Información del Congreso simplemente no contestó nada.
Ante esa negativa, se interpuso el recurso de inconformidad RI/340/2014-III, y fue hasta entonces que la institución se dignó a contestar en los términos siguientes:
“Al respecto, me permito informarle que no se tiene contratado con ningún medio de Comunicación, prensa escrita local y nacional, radio, TV, Internet, Espectaculares y Publicidad Móvil para la difusión de actividades oficiales del H. Congreso del Estado durante el periodo del 1 al 31 de diciembre del 2013”.
De manera paralela, y ante la falta de respuesta, se presentó una nueva solicitud exactamente en los mismos términos, con fecha 2 de septiembre y con el folio 00491614.
Nuevamente, el 17 de septiembre del 2014 la Unidad de Información Pública del Congreso Local hizo uso de su derecho de pedir una prórroga para dar contestación a la petición del ciudadano “en virtud del exceso de trabajo que existe en dicha área”, por lo que la respuesta se recibió hasta el primero de octubre pasado.
Es decir, el Congreso Local se tardó 20 días hábiles (prácticamente un mes), para poder contestar lo siguiente:
“Me permito informarle que no se tiene contratado con ningún medio de comunicación, prensa escrita local y nacional, radio, tv, Internet, espectaculares y publicidad móvil para la difusión de actividades oficiales del H. Congreso del Estado durante el periodo del primero de enero al 31 de diciembre del 2013, ya que trabajamos de acuerdo a las necesidades de publicidad (que) va requiriendo el Poder Legislativo”. Firma la coordinadora de Comunicación Social del Congreso del Estado, L.C. Alejandra Flores Espinoza.
Ante esa respuesta, el 5 de octubre Jesús Castillo García interpuso el recurso de inconformidad RR00032914 que quedó radicado en el IMIPE con el número de expediente RI/588/2014-II, y tocó resolverlo a la ponencia de la consejera Mireya Arteaga Dirzo. Como principal punto de inconformidad, se asentó lo siguiente:
“El sujeto obligado incurre en un evidente acto de dilación o negativa al confundir el término “contrato” con “convenio” de publicidad. La pregunta va en el sentido de saber cuánto pagó el Poder Legislativo a Medios de Comunicación durante el 2013 y la respuesta de su Unidad de Información Pública se refiere a medios con los que se tiene CONVENIO de publicidad. Aun cuando no exista un convenio, en el momento en que la institución solicita que se publique algo, está contratando al medio”.
El 10 de octubre pasado la consejera presentó al Pleno su proyecto de resolución en el que proponía tener por no admitido el mencionado recurso. Su propuesta fue aprobada por los otros dos consejeros.
La consejera ponente consideró (y su argumento fue avalado por los otros dos consejeros), que “la entidad pública en cita cumplió con su obligación de transparencia pues entregó un pronunciamiento que responde a la inconformidad del recurrente, atendiendo a la claridad del contenido de la solicitud de información, pues fácilmente se advierte que el peticionario desea saber acerca de los medios de comunicación que hayan sido contratados para la difusión de sus actividades legislativas, y justamente sobre ello el ente público comunicó el sujeto obligado no contar con dicha información, pues adujo no tener contratados dichos servicios, pronunciamiento que resulta suficiente toda vez que las entidades públicas no están obligadas a moldear la información que obra en sus archivos de acuerdo a lo solicitado, es decir, únicamente entregarán los registros tal cual los tengan bajo resguardo”.
Y enseguida, la consejera del IMIPE prácticamente tuvo un “flash-back” de cuando trabajaba para el Congreso, y defendió así a su ex compañera:
“… quien se pronunció respecto de la información solicitada fue la coordinadora de Comunicación Social del Congreso, L.C. Alejandra Flores Espinoza, quien es el servidor público facultada para ello, pues de acuerdo al contenido de los artículos 172 y 173 del Reglamento para el Congreso del Estado, los que entre otras cosas mencionan que el área a la que la citada persona se encuentra adscrita, es la encargada de realizar lo atinente a la difusión de las acciones realizadas con motivo de la labor legislativa, por lo tanto se colige que su titular (la coordinadora del área) tiene bajo su resguardo y conoce a fondo los datos que tuvo a bien entregar, por lo que este órgano garante no se encuentra en posición de controvertir la veracidad del contenido de los mismos”.
Cabe mencionar que los tres poderes tienen el mismo formato de información pública de oficio en sus respectivas páginas de internet, y esta se divide en información específica, administrativa contable, jurídico administrativa y otro tipo de información.
En este último apartado, el Poder Ejecutivo publica trimestralmente una relación de los pagos que hace a los diferentes medios de comunicación por nombre y monto.
En cambio, la Cámara de Diputados publica una leyenda que dice:
“LA Lll LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, REALIZA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, LOS TRABAJOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS DE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PODER LEGISLATIVO, POR LO QUE NO HAY CONTRATACIÓN PARA ESTE SERVICIO Y SOLO SE EROGA LO QUE SE ACUERDA MEDIANTE LA JUNTA POLÍTICA Y DE GOBIERNO PARA EL PAGO DE DIFUSIÓN EN MEDIOS ELECTRONICOS E IMPRESOS.
ESTE GASTO SE ENCUENTRA CONTENIDO EN LOS BALANCES FINANCIEROS”.

Cabe aclarar que los balances financieros no aparecen en ninguna parte de la página oficial del Congreso.
Ante esta situación, se interpondrá un recurso de amparo ante la Justicia Federal.
Por otra parte, ya se hizo una nueva solicitud de información pública, ahora preguntando ¿Cuánto se erogó durante el 2013 para el pago de difusión en medios según acuerdo de la Junta Política y de Gobierno? ¿Cuáles fueron las necesidades de publicidad que requirió el Poder Legislativo durante el 2013?, asimismo, copia simple de los balances financieros donde se encuentra contenido el gasto en difusión.