Jueces de control y juicios orales evidenciaron la falta de ética profesional e ilegalidad que comete la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado en las integraciones de las capetas de investigación, especialmente aquellas relacionadas con delitos graves, tal y como constan en las grabaciones de las mismas audiencias.
El ejemplo más reciente ocurrió la mañana del jueves, en punto de las 9 horas, cuando se tenía prevista la audiencia de control de detención relacionada con el expediente JC/792/2013 por el presunto hecho delictivo de resistencia de particulares y desobediencia en contra de Jorge Iván «N».
La comparecencia tendría lugar en la sala 7 del primer distrito judicial pero el agente del ministerio público, Juan Carlos Luna Avilés no llego puntual a la cita.
La jueza, Bertha Vergara Álvarez dio inicio a la audiencia ya que se tenia que resolver la situación jurídica del imputado, quien se encontraba bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
El abogado defensor de oficio solicitó la libertad de su cliente con forme a derecho, toda vez que el responsable de formular la imputación en contra de su cliente no se encontraba.
La jueza decidió tomar un receso de 5 minutos para resolver esta situación y confirmar si el fiscal no había llegado aunque cabe destacar no es la primera vez que ocurre y no es el único fiscal que llega tarde a sus audiencias.
El agente del ministerio público se encontraba en una audiencia diversa a la referida y se presento en la sala pero nunca emitió alguna disculpa pública por este incidente.
Con evidente aire de arrogancia y de manera sorpresiva, el fiscal acudió únicamente para desistirse de ejercer la acción penal en contra del detenido y no llevar a cabo la audiencia de control.
La jueza determino la libertad inmediata del imputado, que por 48 horas permaneció privado de su libertad aunque cabe destacar que horas antes, otro juez de control giró una orden de aprehensión contra el imputado pero por el delito de tentativa de homicidio, orden que sería cumplida una vez que saliera de Atlacholoaya.
Esta situación evidencia que la Procuraduría no lleva a cabo bien su labor de investigación y que existen casos de personas que son aprehendidas de manera ilegal, hasta en tanto los relacionan con otro delitos; en otros casos les «siembran» armas o droga para detenerlos temporalmente.
Aunado a ello los fiscales no tienen la facultad para decidir sobre sus asuntos que investigan y es através de órdenes directas de la subprocuradora, Adriana Pineda Fernández como se resuelven los asuntos.
Reportero de a pie, estudiante de leyes, especialista en cobertura de seguridad ciudadana y justicia adversarial. Creo en el periodismo basado en el respeto a los derechos ciudadanos.
Dejar una contestacion