Anabeli Franco
A tres meses de haberse ordenado la activación de la Alerta de Violencia de Género, la Comisión Independiente de Derechos Humanos Morelos A. C. exhortó a la LIII Legislatura a que ponga interés en el tema y «presione» al Ejecutivo para dar a conocer resultados en esta materia.
El vocero de la asociación, José Martínez Cruz mencionó que ya hubo un exhorto anteriormente por el Legislativo y lo que procedería ahora sería uno nuevo por parte de éste por concepto de extrañamiento, «pues a tres meses del establecimiento de esas medidas no se han cumplido adecuadamente como lo establecen 15 medidas verificables en esta Alerta».
Dentro del marco del Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer explicó que no ha habido medidas para disminuir y erradicar las agresiones a pesar de que los ocho municipios a quien se les mandó el exhortó a través de la Secretaría de Gobernación no han informado sobre las acciones que han implementado.
«El Congreso del Estado debería de asumir su responsabilidad y de vigilar que el Ejecutivo cumpla. Por parte del Ejecutivo evidentemente cuando ellos dicen que se creó un centro de Justicia, se creó una Unidad, pero eso en dónde está en términos del plan que deben de ser del conocimiento no sólo de los funcionarios, de los que coordinan, si no de la sociedad para que ésta esté vigilante, activa y participante porque eso es la violencia de género; es decir que involucra a todos los funcionarios de los poderes de gobierno y también de los ciudadanos», dijo.
Y es que en algunos municipios, entre ellos Yautepec, ha colocado módulos de asesoría y de información sobre cómo prevenir la violencia contra este sector de la población, a lo cual refiere este representante social que los alcaldes tendrían que ejercer una campaña sistemática con contenidos que tengan que ser verificados y evaluados dentro del estándar de generar la prevención, conciencia y acción de la sociedad.
En tanto en la Fiscalía, aunque también es partícipe en atender a las víctimas se tiene conocimiento que ésta sólo tiene cinco casos de feminicidio documentados, aún cuando la asociación civil tienen en su poder desde hace más de 13 años un número mayor a 600 casos que aún pertenecen rezagados y de ellos el fiscal Pérez Durón no ha dado avances.
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