Josué Guzmán Casarrubias
Abogados del estado de Morelos manifestaron sus opiniones respecto al proceso que lleva el caso del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), demostrando que los magistrados del Tribunal superior de Justicia (TSJ) actuaron bajo consigna del poder ejecutivo, encabezado por Graco Ramírez.
En rueda de prensa, Miguel Ángel Rosete Flores, presidente de la Barra de Abogados en la entidad, dijo extrañarle la prontitud en la que la sala del TSJ concedió un recurso de apelación que se reanudara el procedimiento contra el rector de la máxima casa de estudios para este día.
Y es que señaló que en recursos como este el TSJ se demora más de ocho meses, sin embargo para este caso, la apelación la tuvieron en menos de 24 horas.
«Ninguna resolución que pasa por los tribunales o que pasa por las salas se resuelve en 24 horas, por lo que exigimos el trato igual entre los ciudadanos, porque pareciera que somos ciudadanos de primera y segunda clase, porque para unos opera la prontitud y para otros la lentitud. Hay abogados que sus tramites han tardado de seis a ocho meses», dijo.
De esta manera exhortó al Tribunal Superior de Justicia a que actué con legalidad, se respete el debido proceso, los derechos humanos y que se respete la constitución y las Leyes.
También Christian Fragoso, ex presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, criticó el actuar del poder judicial, pues aseguró que ha estado cumpliendo las ordenes del poder ejecutivo, al igual que en la administración de Sergio Estrada Cajigal.
«Vemos con tal ligereza se ha violentado el derecho, precisamente a la inviolabilidad del domicilio. Con que ligereza se libra una orden de cateo, con que ligereza se libra una orden de aprehensión por un delito que no amerita prisión preventiva por una conducta que la ley establece primero debió haber sido citado, posteriormente girado una orden de comparecencia y si no atiende a esos llamamientos, tendría que girar una orden de aprehensión», señaló.
Por su parte el abogado Sergio Parra González, señaló que los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito -con los que se le acusa al rector y a su esposa- no están calificados como graves en el catalogo penal tanto en el código nacional de procedimientos penales como en el procesal penal del estado, ni tampoco en el articulo 19 del pacto federal, por lo que sería ilegal que un juez ordenara prisión preventiva contra ellos.
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