Anabeli Franco
Luego de que la Procuraduría General de la República consignara a 22 mujeres normalistas de Michoacán al Centro de Reinserción Social (Cereso) femenil ubicado en el municipio de Coatlán del Río en Morelos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos exigió su liberación, toda vez que les fueron violados sus derechos. Además refieren que se trata de un caso político entre gobernantes para eliminar el sistema de las escuelas normales rurales.
“Lo que estamos demandando es su inmediata libertad, que consideramos que son presos y presas políticas y que el hecho de su traslado desde Michoacán a Morelos implica evidentemente una vinculación entre los gobiernos de los estados que facilitan por supuesto la labor represiva del gobierno federal; me parece que es una práctica lesiva a los derechos de las personas a recibir un trato adecuado por parte de la justicia”.
Como se recordará, el pasado 9 de diciembre 52 normalistas de Michoacán, entre ellos 30 hombres y 22 mujeres, que fueron detenidos por las autoridades federales en la Autopista Siglo XXI, en el kilómetro 65 + 500 después de haber presuntamente asaltado dos autobuses momentos antes para trasladarse a ese lugar y botear en una de las casetas de peaje.
Ahí las autoridades federales tras acusarlos de bloquear las vías de comunicación y alterar el orden, pero al realizarles una revisión entre sus pertenencias, se les decomisó 13 petardos y 25 latas con una mecha de pólvora. Tras esto, fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Martínez Cruz comentó que en los últimos años las agresiones y violaciones a los derechos de normalitas se han incrementado, de las cuales muchas veces terminan en muertes, presos políticos y desapariciones, con el objetivo principal de disolver estos movimientos y de desaparecer a las escuelas normales como un sistema de educación crítico comprometido con las comunidades indígenas y pueblos marginados.
Es de señalar que este jueves se realizó una marcha en el zócalo de Cuernavaca en donde estuvo una comisión de normalistas de Michoacán para dar a conocer los por menores que se están viviendo en ese estado de violencia.
“Nos parecen que se violan en efecto muchos derechos, en primer lugar el derecho a la protesta y una vez que se criminaliza tienden a darse el proceso de estigmatización como delincuentes, son estudiantes normalistas que pretenden ser maestras rurales, lo cual es un trabajo ya de por sí muy demandante, porque implica estar en comunidades rurales y ahora se les ubica como criminales y están en las cárceles. De esa manera ya lo dijo el gobernador de Michoacán ‘van a ir con todo’, ya lo dijo también el gobierno federal y lo está aplicando, pretenden despedir y meter a la cárcel a muchos normalistas”, finalizó el coordinador de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos, José Martínez Cruz.
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