J. Rigoberto Lorence
Durante los sexenios de Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto –ligados a la violencia del estado neoliberal contra el pueblo—el horror tuvo su máxima expresión en el periodo de Felipe Calderón, un político surgido de la burocracia panista, mediocre y sin escrúpulos, quien ha sido puesto al desnudo ante la opinión pública nacional como el personaje decisivo de la orgía de sangre, corrupción y sobornos que ha tenido postrado al país.
La responsabilidad personal de Calderón ha sido el tema central de los debates sobre los orígenes de la violencia en este siglo. El expresidente siempre ha declarado que él no tuvo en sus manos la información que comprobara la participación de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en actividades relacionadas con la protección a grupos del crimen organizado.
Este argumento es muy pobre, y legalmente insostenible, porque él como Presidente tuvo la obligación legal de conocer las actividades de sus subordinados y exigirles el cumplimiento de sus obligaciones como funcionarios federales. Sin embargo, al presentarse en público diciendo que no supo de ellas, prefiere pasar como presidente descerebrado, y ha usado este argumento para mantenerse alejado de algún procedimiento judicial en su contra, y en cambio pone a sus críticos en la obligación de demostrar que sí sabía, es decir, quien lo acusa debe probarlo.
Pero esa cortina ya se esfumó: primero, porque el 7 de febrero el exfiscal de Nayarit Edgar Veytia declaró ante la Corte de Nueva York que Calderón y García Luna habían ordenado que se protegiera al Cártel de Sinaloa –encabezado por “El Chapo” Guzmán—y no a los Beltrán Leyva, enemigos de aquél en el negocio de las drogas ilícitas.
Luego siguieron varios testimonios de policías y criminales en el sentido de que ellos en persona habían puesto en manos de García Luna y Calderón decenas de millones de dólares en pago por los apoyos que su gobierno otorgaba a los grupos criminales. Esta información ya se conocía, pero hoy cobra mayor relevancia porque han dejado de ser solo testimonios aislados.
De este modo, ya no se trata de una información fragmentaria o aislada que se pudiera desmentir por estar fuera de contexto. Hoy existe una historia tejida por los fiscales de EU que han venido armando a base de informaciones de testigos protegidos (cuyo rostro no se debe conocer en público) testigos cooperantes, exfuncionarios públicos sometidos a proceso, policías en activo y exagentes de diversas corporaciones de México y EU.
Esos relatos, amplios y pormenorizados, pintan con los colores de la realidad al grupo encabezado por García Luna, sus pandilleros, “madrinas”, soplones y asesinos a sueldo, y dentro del cuadro aparece claramente la figura de Felipe Calderón, al mando de una estructura ilegal paralela al estado mexicano que mantuvo al pueblo sumido en una guerra fratricida, que golpeó a miles de ciudadanos inocentes y generó como resultado la fragmentación de los grupos criminales que después llegaron a tener influencia internacional.
Hay una expresión que sintetiza la infamia que se cometió contra la sociedad mexicana: los gobernantes “vendían las plazas” a los grupos delincuenciales. El convenio consistía en que, a cambio de cuotas en dinero, las autoridades cooperaban con ellos en el trasiego de drogas, en abrir los caminos y despejar las carreteras, hacer decomisos simulados para reintroducir la droga en el mercado y entregarles el control de los aeropuertos para proteger los envíos de la mercancía.
Cuando la autoridad civil y militar se abstuvo de cumplir su función legal, los ciudadanos fueron despojados de su derecho a la vida, a la seguridad y al libre disfrute de su patrimonio. La autoridad política concesionó regiones completas a los delincuentes y les dio vía libre para secuestrar, extorsionar, manejar la trata de personas, la venta de órganos y demás atrocidades que florecieron a lo largo y ancho del territorio nacional. Es decir: las autoridades políticas permitieron que se aplicara el terror contra la población, y lo hicieron a cambio de dinero.
El conocimiento de esa historia se ha venido profundizando. De hecho, la estructura criminal paralela al estado ya funcionaba desde la época de Vicente Fox. Cuando Calderón llegó al poder en 2006 entregó la secretaría de Seguridad Pública a Genaro García Luna –quien ya tenía lazos estrechos con los criminales—a cambio de sustanciales cantidades de dinero. Calderón entonces “no vendió una plaza” sino enajenó a todo el país, incluyendo las obras de infraestructura pública –caminos, carreteras, aeropuertos— y las puso al servicio de los grupos delincuenciales.
Los índices de criminalidad durante su sexenio se elevaron: el secuestro, los “levantones”, los homicidios, las torturas crecieron en todo el país de manera exponencial, de manera que hasta la fecha apenas se empiezan a reducir. Pero el daño al pueblo –a los más pobres—fue gigantesco. A la fecha aún hay millones de desplazados y miles de casas y terrenos rurales abandonados por la gente más vulnerable.
Aún hoy existen más de 6 millones de casas no habitadas –de acuerdo con el censo de población y vivienda de 2020– sobre todo en las regiones más marginadas del país. Es decir, la quinta parte de las casas de México fueron abandonadas. La guerra civil, además, dejó 150 mil huérfanos, quienes apenas hoy tratan de incorporarse a las actividades productivas del país.
Hay un dato revelador: en el sexenio de Vicente Fox el ejército y las fuerzas de seguridad tuvieron oficialmente 110 mil deserciones de sus elementos de tropa, mientras la cifra se redujo a 90 mil en el sexenio de Calderón. Incluso las fuerzas especiales –elementos de tropa entrenados para desplegar gran capacidad operativa—tuvieron 1 mil 680 desertores durante esos 12 años.
Cuando los campesinos abandonaron sus tierras por el terror, los beneficiarios fueron los propios criminales que se quedaron con ellas y las utilizaron para sembrar amapola y marihuana. También las mineras canadienses pudieron seguir extrayendo minerales sin pagar las cuotas convenidas a los propietarios.
En síntesis: la guerra de Fox y Calderón sirvió para despojar a los más pobres y beneficiar a los empresarios nacionales y extranjeros, ligados al crimen organizado o no. Fue una guerra de exterminio contra los más pobres del país, una verdadera guerra de clases en perjuicio de los más desprotegidos.
Ese es el sentido profundo de la guerra burocrático-militar lanzada por Calderón contra la sociedad mexicana.
Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNAM. Militante de las organizaciones democráticas y revolucionarias de México desde hace unos 40 años. Ha impartido cursos de reportaje, redacción y otras áreas dentro del periodismo.
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