Gerardo Fernández Casanova
Durante más de la mitad del siglo XIX el recién independizado México se debatió en la disyuntiva entre federalistas y centralistas, los primeros identificados con el liberalismo y los segundos con el conservadurismo monástico. Con Juan Álvarez y la Revolución de Ayutla, seguido de Juárez y su pléyade de titanes de la intelectualidad ilustrada, el federalismo se impuso, por las armas primero, y por las urnas después. La Constitución de 1857 nos define como una república federal y así se ha mantenido anclada hasta nuestros días. Pero ahí quedó como botón de orgullo, la realidad mostró que para mantener la unidad de la federación, afectada por serios peligros de desmembramiento, tendrían que posponerse los afanes de soberanía de las entidades federadas para dar lugar al férreo centralismo de la dictadura de Porfirio Díaz, misma que se ha prolongado hasta nuestros días con todo y la Revolución y el PRI, con ligero debilitamiento durante la alternancia panista.
En la post revolución el centralismo se fue depurando mediante el fortalecimiento del poder militar y su institucionalización, sometido al poder político presidencial, por veinte años ocupado por militares, hasta el advenimiento de los civiles en la jefatura del Estado y del gobierno por los civiles, iniciado por Miguel Alemán. Entonces el control central comenzó a ejercerse por la vía fiscal hasta la fecha. Las entidades federativas entregaron a la federación el manejo de los recursos fiscales generados en su territorio para ser controlados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante convenios obligados. La misma suerte siguen los municipios respecto de los gobiernos de los estados, de manera que se mantiene un férreo control vertical.
Abordo el tema para dar marco al análisis del conflicto que se registra entre el gobierno de Chihuahua y el federal, obviamente originado por motivos de orden político. Javier Corral, panista de raigambre y demostradamente valiente, ha retado al régimen priísta en diversos renglones, de manera especial el que se refiere a la acción judicial contra su antecesor en el gobierno del estado, fugado a los Estados Unidos y cómodamente a la espera de una solicitud de extradición que tendría que procesar el gobierno federal. Por lo pronto, Corral los tiene acorralados con la detención de Alejandro Gutiérrez, responsable de las finanzas del ex gobernador Duarte Jaquez y también ex directivo del Comité Ejecutivo Nacional del PRI con Beltrones. Se le acusa de triangular recursos destinados al gobierno estatal para desviarlos al apoyo a candidatos priístas, junto con varios otros ex funcionarios. El asunto ha calado hondo al grado que Beltrones tuvo que solicitar el amparo de la justicia federal en previsión.
Hacienda ha presionado a Corral por la expedita vía del estrangulamiento fiscal, haciendo malabares para secar las finanzas del estado, aduciendo pretextos improcedentes, acostumbrados a que los gobernadores se vean doblegados y acepten las condiciones que se les impongan. Por lo visto no es el caso de Corral, sabedor de que el PRI no está en las antiguas condiciones de poder, sino altamente debilitado en su capacidad política, más aún en año electoral.
Peña Nieto está entrampado en lo relativo a la solicitud de extradición del ex gobernador y no puede formular un reclamo a modo, por el que el proceso quede limitado a delitos mal planteados, como suele hacerse, para que el reo logre el beneficio de penalidades reducidas. Parece ser que Corral se ha esmerado en fincar debidamente los cargos.
Es de esperarse que este entuerto termine con éxito y que Duarte Jaquez sea cabalmente procesado y pague por los delitos cometidos, entre otros el de haber fundado un banco de su propiedad con recursos del erario y el de haber sobre endeudado a la entidad. Bien por Corral, lástima que sea panista y que los que se anunciaron de izquierda se hayan doblegado al primer gesto y antes también.
El caso tiene la virtud de poner a la vista la cadena de transmisión de la corrupción, desde la cúspide presidencial hasta el más pequeño de los municipios. Por eso son inútiles todos los fingidos desplantes de combate a la corrupción a través de leyes, fiscalías y comisiones, mientras no haya la autoridad moral y la voluntad política para verdaderamente combatirla.
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