La Fiscalía General del Estado (FGE) acusó de manera formal ante un juez de Control de Garantías, a diez personas detenidas, entre ellas dos mujeres por su probable responsabilidad en el secuestro del diputado local perredista, David Martínez Martínez.
La situación fue calificada por el abogado defensor de las personas imputadas, Alfredo Vergara como de incertidumbre y desconfianza al trabajo que realiza la Unidad Especializada del Combate al Secuestro (UECS) de la Fiscalía.
Lo anterior debido a que sus clientes dieron a conocer al Juez de Control de Garantías, Adolfo González López que desde su detención hasta la mañana del sábado permanecían incomunicados por tal motivo solicitaron poder hablar con sus familias.
-No nos han dado la oportunidad de defendernos- comentó uno de inculpados al abogado de oficio, al ser consultado por éste sí deseaban rendir su declaración ante el juez por la imputación que la FGE formuló la mañana de hoy, y en donde se intentó restringir el acceso a la prensa.
Por tal motivo González López apercibió al director del penal del Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos del área varonil para respetar este derecho y de no cumplir con el mandato judicial sería acreedor a una multa de 50 días de salario mínimo.
El conflicto jurídico que es mediatizado por el gobierno del estado, tomo un giro luego de que la agente del Ministerio Público dio a conocer en el antecedente que leyó que un sobrino del diputado podría estar implicado en el hecho delictivo.
La formulación de imputación, relacionada con la carpeta de investigación FLP/677/2014, establece que entre las 8:30 y 9 horas del pasado miércoles 17 de diciembre, el diputado se hallaba en su casa, ubicada en la colonia de Pueblo Viejo del municipio de Temixco.
Martínez Martínez estaba en compañía de su hija y su sobrina; un hombre que es identificado como Miguel “N” tocó a su puerta e ingreso con pistola en mano y se dirigió a la víctima, a quien sujeto del cabello al tiempo que con el arma le apunto a la cabeza y lo sacó de su domicilio.
Con el apoyo de un grupo de personas armadas, el pistolero subió a la víctima a una camioneta Blazer, color blanco con placas de circulación PYM-5611 del estado de Morelos; mientras una pareja permanecía a bordo de un auto Jetta, color gris, al parecer vigilando el operativo.
El cuñado de la víctima, Juan “N” trató de intervenir pero fue encañonado por otro hombre, al parecer Bonifacio “N” y posteriormente el comando armado se retiró del lugar, y traslado a la víctima hasta un departamento ubicada en la calle Fresno, número 31 de Arboleda Chipitlán de Cuernavaca.
Una vez en el inmueble llegó el sobrino de la víctima que ordenó sacarlo de ahí, y trasladarlo en un auto sedan a otro domicilio ubicado en la Unidad Fovissste de Tezontepec de la calle Paseo Noche Buena de la colonia Residencial Lomas Jiutepec de municipio de Jiutepec.
La acusación del agente del Ministerio Público, refiere que Bonifacio “N” y Fidel “N” interrogaron al servidor público para preguntarle, quién de su familia iba a negociar el rescate de 10 millones de pesos que pedirían por él o lo matarían.
Para ese entonces, los agentes de la Policía de Investigación Criminal adscritos a la UECS, peritos y todas las corporaciones policiales realizaba la búsqueda de la camioneta que era reportada por vecinos del diputado local como involucrado en el hecho delictivo.
Los agentes investigaron y conocieron que el vehículo se encontraba a nombre de Liliana “N” con domicilio en el municipio de Xochitepec, por tal motivo los agentes acudieron a la dirección y retuvieron a la mujer para que hablara en relación al secuestro del diputado así mismo aseguraron el vehículo.
Un vecino del diputado, Benito “N”, quien también rendía su declaración en las instalaciones de la otrora Procuraduría, reconoció a la mujer y dijo que ella y otro hombre los había visto a bordo del Jetta que escoltó a la camioneta que participó en el rapto de David Martínez.
Mientras tanto, peritos de la Fiscalía buscaban indicios en la camioneta y encontraron 8 huellas digitales que coincidían con la de una persona que tenía antecedentes delictivos de nombre Miguel “N”, y cuyo domicilio era en Arboleda Chipitlán de Cuernavaca.
Según la FGE, alrededor de las 00:10 minutos del 18 de diciembre, recibieron “una denuncia anónima” de un hombre que informaba sobre una persona secuestrada en un departamento de la Unidad Fovissste de Lomas de Jiutepec.
A las 02:10 horas, los agentes acudieron al domicilio a bordo de seis vehículos oficiales; en tanto que otro grupo policial se dirigió al primer departamento de Cuernavaca.
Los policías sometieron en ese domicilio a Miguel “N” que opuso resistencia al realizar varios disparos en contra de los agentes, y en el enfrentamiento su acompañante, Guadalupe “N” resulto herida de bala; actualmente se encuentra internada en el nosocomio.
En la vivienda de Jiutepec, los uniformados detuvieron a siete hombres identificados como: Fidel “N”, Iván Bonifacio “N”, Celestino “N”, Miguel Ángel “N”, Ángel Jesús “N”, Adrián “N” y Augusto “N”. En ese mismo inmueble se logró rescatar a la víctima.
La agente del Ministerio Público informó que las siete personas detenidas tenían en su poder 16 bolsitas de marihuana mientras que la pareja tenía 44 dosis de la misma droga además de101 pastillas al parecer psicotrópicas.
Tras vencer hoy el plazo de 48 horas establecido por la ley, el juez de Control de Garantías del Primer Distrito Judicial calificó la detención de legal en contra de las 10 personas por su probable responsabilidad en el secuestro del diputado local, David Martínez.
Las nueve personas imputadas comparecieron detenidos -toda vez que Guadalupe “N” está internada en el Hospital General “José G. Parres” de Cuernavaca- y se reservaron su derecho a declarar y pidieron aplazar la audiencia de vinculación a proceso penal para el próximo 24 de diciembre.
Cabe destacar que en los antecedentes que leyó la Fiscalía no se dio a conocer que el secuestro del legislador es por cuestiones políticas tal y como en su momento lo dijo el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina.
Reportero de a pie, estudiante de leyes, especialista en cobertura de seguridad ciudadana y justicia adversarial. Creo en el periodismo basado en el respeto a los derechos ciudadanos.
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