Graco tiene atemorizados a los jueces federales
Por: Jesús Castillo García
En el círculo de los profesionistas del derecho, tanto litigantes como servidores públicos, se esparce lentamente una información que, de ser cierta, resulta gravísimo para este gremio y confirma la verdadera personalidad de quien hoy nos gobierna.
La versión señala que un juez federal se negaba a emitir una resolución que era de mucho interés para el gobierno del Estado de Morelos. Entonces recibió una llamada, era del mismísimo gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien le dijo, palabras más palabras menos, que si no resolvía en los términos que se lo estaba pidiendo la Procuraduría de Justicia, hablaría con el presidente de la Suprema Corte para solicitar su reubicación.
Dos horas después la resolución estaba firmada como Graco lo había pedido. Esto es gravísimo porque se supone que la Justicia Federal es la única que puede garantizar que se respete el estado de Derecho en el país. Se supone que por pertenecer a uno de los tres poderes de la Federación estarían a salvo de las presiones políticas de caciques regionales, pero esta información exhibe a un Poder Judicial Federal atemorizado y por lo tanto, limitado en sus facultades jurisdiccionales.
No es la primera vez que el tabasqueño se enfrente al Poder Judicial Federal. Ya lo hizo cuando un Juez Federal, Leovigildo Martínez Hidalgo, otorgó una suspensión provisional para que Crisóforo Maldonado Jiménez, pudiera ser trasladado del Hospital del IMSS de Cuernavaca a la Médica Sur del Distrito Federal, donde fue asesinado por un sicario.
“Si el juez no hubiera otorgado el amparo sospechosamente a las tres de la mañana, Crisóforo Maldonado Jiménez estaría vivo y procesado en Morelos. Voy a pedir que el Consejo de la Judicatura investigue al Juez Segundo de Distrito”, dijo el mandatario evidenciando su ignorancia en materia jurídica.
“Vamos entonces a plantear con claridad, primera hipótesis, “El Bocinas”, Crisóforo Maldonado Jiménez no hubiera sido ejecutado, si el juez no concede irresponsablemente esto, que asuma su responsabilidad el juez, José Leovigildo Martínez Hidalgo, y hay quien dice que se distingue porque ha llegado a plantear suspensiones definitivas, y es una resolución que no se puede dar cuando se trata del jurídico de amparo (SIC), y dios, pues con qué efectividad actúa, con qué prestancia y agilidad”, agregó sarcástico.
Cualquier estudiante de derecho sabe que una suspensión provisional se concede en automático y a cualquier hora del día, sin que ello signifique que se le está otorgando el amparo. El Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado en el que exoneró a su funcionario de cualquier irregularidad, pero al parecer el ataque mediático sí tuvo efectos en el ánimo del juzgador que a partir de entonces cuida mucho que sus resoluciones no hagan enojar al gobernador.
Y es que, según comentan los funcionarios judiciales, no le tienen miedo a sanciones porque están actuando dentro de la legalidad, pero saben que la petición de un gobernador sí puede tener como consecuencia que los manden a otro estado, teniendo que dejar a sus familias.
Y si los jueces federales están atemorizados, ¿cómo están los jueces del fuero común?
La respuesta es: totalmente a las órdenes de Graco.
Dicen que en la reunión que sostuvo el gobernador con los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado en el Restaurante Las Quintas, el pasado 25 de agosto, Graco les dijo que jamás recibirían una llamada suya para pedirles resolver un asunto en tal o cual sentido.
Y tiene razón, para eso tiene a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz María Lara Chávez, quien se mantiene muy al tanto de todos los asuntos que le interesan al gobernador.
Comentan en los pasillos del Tribunal que cuando le dicen a la magistrada presidenta que algún detenido va a ser dejado en libertad, se pone muy nerviosa y les pide a los jueces que fundamenten bien su resolución absolutoria y que le hagan una tarjeta muy detallada para poderle explicar al gobernador las razones de la liberación y evitar así que se moleste.
Graco no ha amenazado a los jueces, eso es cierto, pero sí lo hizo ya el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, quien al ser cuestionado por la prensa en el sentido de que muchos de los presuntos delincuentes que detiene la Secretaría de Seguridad Pública salen libres en los juzgados orales, su respuesta fue a todas luces intimidatoria: “Eso es porque el Ministerio Público no integra bien la carpeta o porque el juez los deja salir, pero ya tenemos a varios bajo investigación”.
Es de suponerse entonces que no tardarán mucho en “echarle el guante” a algún juzgador, como ya lo hicieron con una agente del Ministerio Público, misma que el pasado viernes 13 quedó formalmente interna en el Penal de Atlacholoaya.
Hay claros ejemplos de que la Procuraduría de Justicia está siendo utilizada como herramienta política (las detenciones de Ennio Pérez y Gustavo Rebolledo, sólo por mencionar dos), y que contra su voluntad (todavía no le perdona el asunto del asesinato de sus escoltas), Rodrigo Dorantes tiene que permitir que Alicia Vázquez Luna dirija los operativos, tanto policiacos como jurídicos, para hacer que se cumplan las órdenes del emperador Graco.
En el caso particular de estos dos ex alcaldes (quienes irónicamente son cuñados entre sí) quedó claro que el llamado “Mando Único” no incluye solamente a policías municipales y estatales preventivos, sino también a la Policía Ministerial, a la Procuraduría General de la República delegación Morelos (donde puso y mantiene al que fuera su abogado particular, Marcelino Vázquez Huitrón), a los jueces del Fuero Común, y todo parece indicar que también tendrá bajo su mando, a algunos jueces federales.
Periodista con 25 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
es muy delicado lo que se publica, este tipo de conductas solo se ven en gobiernos totalitarios, en donde un sola persona dirige todo, y mas pena por el sometimiento que puede darse del poder judicial federal. el consejo de la judicatura federal debería de intervenir a la brevedad y no permitir que se trastoque la integridad del pode judicial de la federación. aquí deberíamos de preguntarnos que están haciendo a los diputado federales y senadores por el estado de morelos, lo que denuncia el articulo es suma gravedad para el estado y para la población, cierto no existe orden o mandato para que los jueces estén bajo las orden de graco ramirez garrido abreu, pero esto lo realiza a través de terceras personas, así no obtiene legitimación y respeto, luego entonces nadie va a poder denunciar por temor o miedo al gobernador, y esa puede ser una de las causas por las que no se denuncia en morelos los delitos y se entendería el porque la procuraduria no actúa y los jueces por dictan resoluciones que en ocasiones van en contra de toda lógica y sentido común
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