J. Rigoberto Lorence
El día 9 del presente, el Grupo México, una de las empresas con mayor producción minera del país, generó un derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, a la altura del puerto de Guaymas, contaminando todas las actividades de la región marítima, sin que las autoridades hayan tomado medidas para evitar que ese tipo de accidentes se sigan produciendo.
El derrame afectó gravemente la flora y la fauna de la región, en un perímetro de unos 100 kilómetros cuadrados. Y no es la primera vez que sucede. Esta empresa, cuyo dueño es Germán Larrea, tiene un negro registro en la historia de los desastres ecológicos que se han producido en el país. De hecho, nadie se ha la tomado la molestia de aplicar medidas enérgicas para evitar esos accidentes, ni aún por parte del gobierno federal de la Cuarta Transformación.
La empresa ha sido responsable de muchos episodios de contaminación. En 2014 generó un derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre, excedentes de su producción en la mina de cobre de Cananea, en Sonora. Los líquidos contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi, que corren por 7 municipios de esa entidad, afectando directamente a 22 mil personas.
Además de las daños a los productores de ambas cuencas, el derrame afectó a los habitantes al consumir el agua contaminada, a quienes se les diagnosticó cáncer. La empresa no ha cumplido a la fecha sus compromisos de establecer 75 plantas potabilizadoras en la región, ni ha pagado a los productores las indemnizaciones correspondientes.
Una muestra más de su irresponsabilidad con la sociedad fue la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, en 2014, donde quedaron sepultados 62 mineros que por órdenes de la minera no fueron rescatados. Aunque el presidente AMLO se ha comprometido a extraer los cuerpos de los mineros para entregarlos a sus deudos, la empresa no ha sido castigada por los graves daños que ocasionó a las familias de esos trabajadores.
Se han presentado varios episodios de contaminación de suelos aledaños a las minas que la empresa tiene en Taxco, Guerrero, y en Sombrerete, Zacatecas, sin que haya habido ninguna remediación de los mismos, ni se le haya llamado a cuentas.
Eso sí, la empresa sigue siendo una de las mayores productoras de cobre en el mundo, y sus ganancias son millonarias como resultado de la comercialización de sus productos. En general, las explotaciones mineras son altamente contaminantes, y todos los países tienen reglas muy estrictas para regular esa explotación.
En el caso de este grupo, los dueños son los más destacados de la clase empresarial en este país. Pero debe quedar claro que esta riqueza se ha generado a costa de la salud, la vida, la sangre y el esfuerzo de decenas de miles de mineros y sus familias.
El senador Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato de mineros, ha pedido al gobierno federal se cancela la concesión a la compañía.
Es hora de que el gobierno federal tome enérgicas medidas para que las normas mexicanas se le apliquen con rigor. La empresa ha demostrado su falta de responsabilidad social. Es hora de que el nuevo gobierno tome cartas en el asunto y adopte las medidas adecuadas, a efecto no solo de que se reparen los daños a las familias mineras, a las regiones del país, sino para evitar que se sigan produciendo impunemente estos derrames y accidentes que tanto dañan a la ecología y a la sociedad.
Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNAM. Militante de las organizaciones democráticas y revolucionarias de México desde hace unos 40 años. Ha impartido cursos de reportaje, redacción y otras áreas dentro del periodismo.
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