René Vega Giles
Entre las observaciones hechas al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, el Ejecutivo destacó 300 millones de pesos para obra pública y un aumento salarial del 10 por ciento hacia los diputados locales, así como 10 millones de pesos para una fundación.
Dentro del expediente remitido al Poder Legislativo también es subrayado la petición de 100 millones de pesos, de los cuales van 70 millones de pesos para que la empresa que construyó el edificio concluya las obras.
En el análisis técnico-jurídico realizado por el Ejecutivo estatal, refiere que al Congreso local no le corresponde realizar obra pública, porque por ley su papel sería buscar la gestión e informarla.
Los diputados locales, conforme a lo suscrito dentro del paquete presupuestal observado, pueden sugerir obras y conforme a los recursos que se tengan son realizadas, en las comunidades que las requieran.
Por lo que pretender usa de manera directa 100 millones de pesos, fue considerado como una acción que además de ilegal es promotora de campañas electorales adelantadas por ciertos diputados.
En referencia a los 100 millones de pesos al presupuesto extra del Congreso local, sentencia la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo que para concluir el edificio del Poder Legislativo se han realizado pagos desde la Tesorería estatal, todos hacia la empresa constructora y la sede Legislativa pueda ser utilizada.
En teoría, recuerda que los ex diputados locales del PRD, Nueva Alianza, PRI, PAN y Socialdemócrata, así como el Movimiento Ciudadano, aprobaron un crédito por dos mil 806 millones de pesos, de los cuales 500 millones serían dedicados al inmueble de la Cámara de Diputados.
Conforme al reporte técnico el edificio presuntamente concluido tuvo un costo de 320 millones de pesos con solo un 65 por ciento de avance de la obra, así fue inaugurado por el exgobernador Graco Ramírez y la ex presidente de la Mesa Directiva, Beatriz Vicera Alatriste.
De los mismos 100 millones de pesos hacia la Cámara de Diputados, los legisladores locales argumentan un apoyo extra del 10 por ciento, para sus dietas porque ahora cubren más localidades y con ese dinero apoyan también a sus representados.
El rubro que, de plano, fue rechazado fueron los 10 millones de pesos para la fundación “Vamos Juntos por Morelos”, porque no es una institución oficial y conforme a derecho no está legalmente constituida para recibir dinero público.
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