René Vega Giles
Tras la designación de dos magistradas para el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por parte del Congreso local el expresidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Miguel Ángel Rosete Flores, lamentó que los diputados hayan incurrido en inconsistencias e ilegalidades evidentes sobre dos personas que incumplen con los requisitos constitucionales, situación por la que acudirán al amparo de la justicia federal.
En entrevista, reveló que el nombramiento de la jefa de la Oficina de la Gubernatura, Mónica Boggio Merino Tomazas, incumple con las exigencias anotadas dentro de la Constitución Política de la entidad, por lo tanto es inelegible y además tener una carpeta abierta en su contra ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Delincuencia (FECC) por utilizar documentos apócrifos.
Para competir por la magistratura del TJA, recordó que Mónica Boggio utilizó como domicilio particular la sede del Palacio de Gobierno y después obtuvo una constancia de residencia ilegal por parte del ayuntamiento de Cuernavaca, así como presentar documentos apócrifos.
Incluso violentó la misma convocatoria emitida por la Junta Política y de Gobierno (que preside el diputado Alejandro Martínez Bermúdez), al carecer de una carrera judicial, además de la residencia constitucional.
En cuanto a la designación de Gloria Vanessa Carmona Viveros, esposa del magistrado presidente del TSJ, Jorge Gamboa Olea, lamentó que se haya presentado el tráfico de influencias y designado una juez con varias observaciones y quien también tiene en su contra una carpeta de investigación ante la FECC.
Bajo los argumentos de la falta de legalidad, advirtió que las organizaciones de abogados del estado de Morelos preparan buscar el amparo de la justicia federal y evitar siga la partidización de la administración de la justicia.
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