Una jueza de garantías impuso la medida cautelar de 2 millones de pesos al expresidente municipal de Cuernavaca, Rogelio Sánchez Gatica, tras ser acusado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado por el presunto hecho delictivo de peculado.
La audiencia de formulación de imputación, tuvo lugar el medio día del martes, en los juzgados de Primera Instancia de Control y de Juicios Orales del Primer Distrito Judicial del estado.
En esta ocasión, la jueza Guadalupe Flores Servín presidió la etapa inicial en donde el agente del Ministerio Público pidió el ejercicio de la acción penal contra Sánchez Gatica.
La fiscalía del estado sostuvó que existen indicios suficientes para establecer la probable responsabilidad del exservidor público en el delito referido.
De acuerdo con la fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, el imputado desvió 300 millones de pesos destinados para el financiamiento público de una deuda de 600 millones del Ayuntamiento de Cuernavaca.
Al menos 154 millones 309 mil pesos fueron destinados para al pago de otro tipo de servicios, hecho que repercutió en una grave afectación al erario público.
Ante la acusación el exedil, se reservó su derecho a declarar y pidió a la jueza el plazo de 144 horas para continuar con la siguiente etapa, la audiencia de vinculación a proceso, donde probablemente ofrecerá pruebas en su defensa.
Posteriormente, la fiscalía solicitó a la juzgadora la medida cautelar de prisión preventiva para el ex munícipe de 71 años, ante el temor de que pudiera evadir la acción de la justicia.
Sin embarco, tras un debate entre las partes, la jueza resolvió imponer al imputado el pago de una garantía de 2 millones de pesos en un plazo de 15 días para que el acusado siga el proceso en libertad.
Además de la prohibición de salir del estado, y acudir el día lunes de cada semana a firmar ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA). Guadalupe Flores Servín fijó el próximo domingo 8 de diciembre para celebrar la audiencia de vinculación de proceso.
En el caso de la ex tesorera Alma Graciela Dominguez Torres, no se presentó a la audiencia porque no fue notificada por la PGJ, misma que solicitó a la juez tome las “medidas de apremio” para que la otrora funcionaria se presente a comparecer.
Cabe destacar que la medida restrictiva de 2 millones de pesos es la imposición más cuantiosa fijada en contra de un imputado durante los cinco años que lleva de implementado el nuevo sistema de justicia penal adversarial y a juicio de especialistas desnaturaliza la esencia de la medida cautelar.
Reportero de a pie, estudiante de leyes, especialista en cobertura de seguridad ciudadana y justicia adversarial. Creo en el periodismo basado en el respeto a los derechos ciudadanos.
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