Rigoberto Lorence
Los titulares del poder ejecutivo de 10 entidades del país acaban de dar un paso más en su proceso de alejamiento de la nueva institucionalidad, en un movimiento más parecido a un suicidio político que una verdadera rebelión contra el poder centralizado del obradorismo.
Al salirse de la CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores) se alejan del único espacio que tenían a su alcance para gestionar recursos destinados a sus respectivas entidades. Dirán que lo hacen por ideales políticos (incluso se llaman Alianza Federalista) pero se les nota claramente que no están de acuerdo con los controles federales sobre los recursos que se les etiquetan.
Al frente de ellos se han situado los gobernadores de la frontera norte (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) así como el vociferante aventurero político de Jalisco, cuyas acciones fascistas se acentúan al paso de los días. Enrique Alfaro tiene un acentuado parecido con Benito Mussolini, dictador de Italia durante la II Guerra Mundial, tanto en lo físico como en los ademanes y en su carácter represivo y autoritario.
Hay, sin embargo, intereses en común que los diferencian de los otros 22 gobernadores estatales. Los 10 que se retiran son muy impopulares en las entidades que gobiernan. Y la mayoría de ellos no resiste el menor análisis acerca del origen de su fortuna, sin contar con las muy cuestionadas relaciones políticas que los acompañan.
Se autodenominan “federalistas” en un momento de máxima tensión de las fuerzas nacionales para combatir tanto la pandemia como la crisis económica derivada de ella. Pero, por cierto, no han presentado ningún plan coherente para crear una nueva estructura federalista para recabar impuestos en sus propias entidades. Son solo palabras, maniobras preelectorales, “grilla” estudiantil.
Por supuesto que tienen derecho a retirarse de la Conago. Pero no estamos analizando el derecho de cada quien a tomar las medidas administrativas que decida, con objeto de retirarse de una organización formal de gobernadores. Se trata de analizar el tema de fondo: no de donde se salieron, sino de los motivos y razones de su salida.
En el momento en que más se requiere de la unidad, ellos defeccionan y atizan el debate político y la discordia en momentos en que todos los mexicanos estamos ocupados en combatir los dos flagelos principales que azotan al pueblo: la pandemia y la crisis económica.
No hay que olvidar que algunos ya han expresado opiniones separatistas en diversas ocasiones. Cada estado de la federación tiene derecho a decidir su destino, al menos en teoría, tomando en cuenta que vivimos en un régimen federal, integrado por estados soberanos, de acuerdo con una ficción jurídica adoptada a imagen del régimen político que se dieron los EU a partir de su independencia.
Ese es un derecho que nadie les podría negar. Pero en caso de que tal fuera la voluntad de los habitantes de esas entidades, se requiere un proceso de consulta con la población de cada estado, para lo cual no hay condiciones en este momento histórico.
El estado de Chiapas, por ejemplo, decidió integrarse a México en 1824, y reiteró esa voluntad en 1842, mediante sendos plebiscitos que contaron con amplia participación de la sociedad en las regiones del Soconusco y Pichucalco. Es evidente que un intento de separación tendría que producirse mediante un procedimiento similar de consulta, procedimiento que el país no está en condiciones de realizar.
No se trata de una separación –dicen ellos—sino del establecimiento de un nuevo pacto fiscal, que reporte a cada entidad más recursos, y les permita mayor margen para el ejercicio de sus respectivos presupuestos. Teóricamente es correcto, pero en contra tienen la pésima fama que les persigue: ellos han desviado mucho dinero de sus presupuestos, por lo cual es previsible que, sin controles adecuados, no resulte difícil adivinar el destino de recursos más cuantiosos en manos de gente hábil y experta en simulación.
En términos políticos: salvo en Guanajuato, en la elección de julio de 2018 triunfó AMLO en todas las entidades del país. El triunfo arrojó oficialmente una votación nacional equivalente al 53 por ciento de los sufragios. Por lo mismo, si en este momento AMLO tiene cerca de 70 por ciento de aceptación en el país, no es difícil suponer que en la mayoría de esos estados la popularidad del presidente también haya crecido.
Estamos, pues, en presencia de una maniobra antidemocrática, arbitraria, autoritaria e irresponsable por parte de los gobernadores. Esencialmente contraria a los intereses y opiniones de los habitantes de esos estados. Y todo, por los intereses personales que representan. Vamos a ver:
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El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, sobre quien pesan fuertes acusaciones de haber protegido a los delincuentes, precisamente por el hecho de sostener en sus puestos a los principales jefes policiacos, a pesar de que durante su gestión se fortaleció la delincuencia organizada, tanto que generó la desconfianza del aparato federal que finalmente detuvo a “El Marro” jefe principal de uno de los cárteles más virulentos.
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Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, ha sido acusado de tener relación con los cárteles de la droga de la llamada “Frontera Chica”, la línea que separa esa entidad con el estado de Texas.
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Enrique Alfaro, aspirante a dictador del país, acusado de detenciones arbitrarias y de tener convivencia con los cárteles, los más fuertes y mejor armados de los que actualmente depredan al país.
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Silvano Aureoles, un gobernador que ascendió al cargo por el PRD, pero impulsado por Peña Nieto. Renombrado “latin lover” de Michoacán, represor de normalistas y temible depredador del presupuesto local.
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“El Bronco” de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien fuera animador de los debates de la pasada campaña presidencial de 2018 por sus chistoretes acerca de cortarle las manos a los ladrones. Hoy ha sido acusado de incongruente, porque si hubiera aplicado su receta, es hora de que le llamarían “El Capitán Garfio”.
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Javier Corral, de Chihuahua, está obnubilado por su enorme ambición de llegar al poder ejecutivo nacional en las elecciones del 2024. Es evidente que su interés político radica en conservar su feudo en Chihuahua, como base estratégica para promoverse en los próximos años.
Del resto de los gobernadores rebeldes no destaca ninguno en especial por sus virtudes como gobernantes de sus entidades. Todos son producto del antiguo sistema de partidos, y ninguno se distingue por sus virtudes administrativas ni por sus acciones de estadista al frente de sus entidades.
Hay algo que se debe subrayar: en Chihuahua, Nuevo León, Colima y Michoacán habrá elecciones en 2021 para cambio de gobernador. Además de Javier Corral, andan en la cuerda floja tanto el “Bronco” de Nuevo León como los sátrapas de Colima y Michoacán.
La defensa a ultranza de la “soberanía estatal” será una magnífica bandera que enarbolarán para apoyar candidaturas oficiosas, hacer negocios ilícitos, comprar votos y manejar los órganos electorales locales a su antojo. Si la ambición de Javier Corral es futurista, la de los demás sería más modesta: tratarán de que a esas entidades no lleguen gobernadores “incómodos”, que después puedan andar hurgando en sus negocios políticos.
Javier Corral sabe mucho de esas historias. Tiene a su predecesor César Duarte detenido en USA y ahora tratará de aparecer como esperanza de la derecha para el 2024. Es vital para todos –incluyendo a Corral—evitar que les tomen las plazas. Palacio Nacional bien vale unos muertitos en La Boquilla.
Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNAM. Militante de las organizaciones democráticas y revolucionarias de México desde hace unos 40 años. Ha impartido cursos de reportaje, redacción y otras áreas dentro del periodismo.
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