J. Rigoberto Lorence
Con la captura de Alonso Ancira en España, y la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya –exdirector de Pemex- se ha iniciado el verdadero proceso de lucha contra la corrupción en México, mientras la sociedad civil mexicana muestra su optimismo, su esperanza de justicia y su deseo de borrar toda huella del viejo régimen.
Las muestras del daño patrimonial contra la Nación son contundentes. Lozoya, sobornado por la empresa brasileña Odebrecht desde la campaña presidencial de EPN, ha dejado numerosas huellas de su corrupción. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago Nieto, había iniciado ya las investigaciones desde el sexenio anterior por el uso electoral del dinero, razón por la cual fue separado del cargo.
El escándalo ha estallado con toda su fuerza en el corazón de la vieja clase política. Ancira, por ejemplo, vendió a Pemex una planta denominada Agro Nitrogenados, con sede en Veracruz, con evidente sobreprecio. La planta tenía equipo incompleto, estaba en mal estado, su material era inutilizable, tenía 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación. Pura chatarra. Y sin embargo fue adquirida por Pemex por unos 210 millones de dólares, más otros tantos que se contrataron para rehabilitarla.
O sea, ese montón de chatarra fue “vendida” a Pemex como si fuera una empresa rentable, en lugar de que la iniciativa privada hubiera realizado inversiones para rehabilitarla y ponerla de nuevo a funcionar. Negocio redondo con los dineros de la sociedad. Y el atraco fue avalado por el Consejo de Administración de Pemex, dentro del cual participaban Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell e Ildefonso Guajardo. Lo más granado del peñismo.
En una maniobra desesperada, el abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo. ha señalado que, si su cliente es llamado a juicio, se encargaría que dentro del mismo comparezcan varios funcionarios de alto nivel, entre ellos el propio Enrique Peña Nieto, sin cuya voluntad política expresa no se podía haber realizado el desfalco.
La maniobra de Coello Trejo parece un “petatazo” de los jugadores de pókar. Muestra sus cartas para intimidar e inhibir. Intimida a los funcionarios que se saben involucrados, y trata de inhibir al propio AMLO, quien ha planteado que solo se juzgarán los delitos que se cometan dentro de este sexenio, por el “borrón y cuenta nueva” que planteó con relación al anterior presidente.
Por lo tanto, las opciones jurídicas actuales para este juicio son: acotar o profundizar las investigaciones. Si se deciden por lo primero, todo quedará en 2 o 3 chivos expiatorios del primer nivel, con el manto protector tendido sobre el expresidente y sus socios por el supuesto pacto de impunidad.
Tanto la sociedad civil como la oposición de derecha (Dresser, Zuckermann, Castañeda, etc.) exigen hoy que la mano de la justicia sea implacable. La sociedad lo hace de buena fé, en busca de justicia; pero los voceros de la derecha lo hacen por pura perversidad, para confrontar a las fuerzas del obradorismo con las de la clase política neoliberal, con la “mafia del poder”.
El contexto en que se desarrolla esta investigación es la ofensiva general desatada contra la delincuencia organizada –de cuello blanco o de mezclilla—por el gobierno federal. En poco tiempo han caído los líderes de los cárteles capitalinos (el “Jamón” y el “Tortas”). En Texas fue aprehendido Rafael Olvera Amezcua, quien defraudó miles de millones de pesos a usuarios del crédito Ficrea, en tanto Javier Corral anuncia en Chihuahua la pronta captura y extradición del exgobernador Javier Duarte.
Podemos afirmar que unas son las intenciones del gobernante, por poderoso que sea, y otra cosa muy distinta es la realidad política. No se sabe con certeza si AMLO hizo algún pacto con EPN para que le abriera al final el camino del triunfo, o por lo menos no lo obstaculizara. Lo cierto es que la lucha contra la corrupción se ha dado hasta este momento solo en términos verbales.
Pero como todos los intereses están entrelazados, y forman una sola madeja, cualquier fiscal o juez pudiera jalar el hilo y desbaratar el entramado. Lo cierto es que la inhabilitación de Lozoya para ocupar cargos públicos fue como una pequeña bola de nieva que ha venido creciendo al paso del tiempo. Al final, puede convertirse en alud incontenible, que arrase con todos los compromisos y complicidades.
Vientos frescos soplan en las instituciones de investigación financiera y de procuración de justicia del país. El castigo a los responsables de los fraudes es un clamor de la sociedad. Luchar contra la corrupción implica necesariamente que no siga habiendo impunidad.
Finalmente, la lógica de Javier Coello Trejo es impecable: si mi cliente comparece ante la justicia, deben comparecer quieren le dieron las órdenes. Es claro: Lozoya no era dueño de Pemex, ni se manejaba solo. Su patrón fue primero candidato del PRI a la Presidencia, y después el todopoderoso inquilino de Los Pinos, sin cuya voluntad no se movían ni las hojas de los árboles.
Es hora de que las instituciones legales del país apliquen la justicia sin miramientos, haciendo pagar a los defraudadores aunque algunos se molesten. La aplastante mayoría del pueblo está contra la impunidad.
rigoberto421224@hotmail.com
Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNAM. Militante de las organizaciones democráticas y revolucionarias de México desde hace unos 40 años. Ha impartido cursos de reportaje, redacción y otras áreas dentro del periodismo.
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