La intolerancia de la izquierda
Lo que se diga del conflicto entre un sindicato de trabajadores y transportistas de la construcción y gobierno del estado que culminó en el desalojo de huelguistas utilizando la fuerza pública, será insuficiente sin considerar la posición, sin duda intolerante, que el primer gobierno de izquierda en Morelos ha asumido respecto de los conflictos sociales que inundan a Morelos.
El origen del conflicto no parece ya tan importante como sus repercusiones. Al secretario de Gobierno no le preocupó la mafia que en el SINATREC presumiblemente existe, sino hasta que le resultó incómodo negociar con una organización que no le era afín. Fue hasta el principio de esta semana cuando el gobierno hizo públicas las sospechas, que por supuesto debió tener desde siempre con base en información privilegiada, sobre las conductas criminales de algunos dirigentes sindicales. La pregunta se mantiene, ¿por qué actuar hasta ahora? y, por supuesto, ¿a qué intereses obedecía la tardanza del Ejecutivo para actuar, por lo menos con la denuncia, sobre esa organización? Igual queda la duda de si la actuación en contra del grupo de transportistas disidentes, desde la denuncia al desalojo, significa que las otras organizaciones vinculadas al transporte de la construcción, y usuarias de prácticas también porriles, como la CTM o el Nuevo Grupo Sindical, son más dignas, o sólo más disciplinadas con un gobierno que parece no ser tolerante con las expresiones que le son diversas a sus planes.
Porque algo que tenemos que reconocer es que en las organizaciones obreras, específicamente en las que tienen el duopolio del transporte, NGS y CTM, son muy comunes las actividades gangsteriles de los dirigentes, y esto en la máxima extensión de la palabra, es decir, incluyendo la complicidad que tienen con las autoridades gubernamentales, en los niveles federal, estatal y municipal. Es algo de siempre. Entonces la duda se impone: qué hay detrás del enfrentamiento entre el gobierno del estado y el SINATREC, que por otra parte, es sólo una de las muchas organizaciones sindicales que controlan a transportistas en Morelos.
Falta de operación política, sin duda, es la principal de las fallas. Un conflicto no llega al extremo de requerir (y aún está en duda si se requería) el desalojo de los manifestantes usando la fuerza pública si es atendido a tiempo. El problema es que probablemente muchos de los funcionarios que debieron enfrentar el conflicto están ya en campañas y poco interesa entonces lo que se haga desde la sociedad para lograr que el gobierno entienda o ceda en algunas de las demandas de os grupos disidentes.
Otra cosa que queda para discutir es la tolerancia que debiera caracterizar, para muchos, a los gobiernos de izquierda. Los ejemplos de ella en conflictos en la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y otros espacios de gobiernos perredistas son, a veces, incluso desesperantes. En el caso de Morelos se presenta un desalojo de forma inmediata, prácticamente, de un conflicto que difícilmente había ocupado grandes espacios en la opinión pública. Incluso en la última semana de vacaciones antes del reinicio de clases en las escuelas públicas y el consiguiente regreso a la normalidad. ¿No hubo espacios para negociar? Pareciera más bien que jamás hubo la voluntad de hacerlo y eso es realmente peligroso.
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