La noche de los mil 865 millones de pesos

 

 

• Como si fueran delincuentes, diputados sesionaron a escondidas y durante la madrugada para aprobar diversos decretos ordenados por Graco Ramírez

 

 

 

Por Jesús Castillo García

El “operativo” dio inicio alrededor de las 18 horas y los encargados de llevarlo a cabo fueron dos diputados que no pertenecen al partido en el poder: el priísta Francisco Moreno Merino y Jaime Álvarez Cisneros, de Movimiento Ciudadano.

 

Era el miércoles 14 de julio, fecha programada para realizar la última sesión del primer periodo de la LIII Legislatura Local, y la misión estaba perfectamente definida: lograr la aprobación de dos créditos bancarios que sumados dan la cantidad de mil 865 millones de pesos; reformar la Ley del Instituto de Crédito a fin de que el gobernador tenga el control de esa institución; hacer lo mismo con el Fondo Morelos, y aprobar la privatización del servicio de alumbrado público en todo el territorio morelense.

 

Desde la mañana, el recinto legislativo estaba tomado por trabajadores sindicalizados de los tres poderes de Gobierno que se oponían a la reforma al Instituto de Crédito, pero eso que parecía ser una desventaja, se convirtió en la justificación perfecta para sesionar en una “sede alterna” donde nadie se enterara de lo que estaban haciendo.

 

Así, los diputados fueron citados en la oficina del diputado Jaime Álvarez Cisneros, en la colonia Acapantzingo. Ahí fueron llegando por grupo o de manera individual, sin saber todavía la ubicación del recinto provisional.

 

Alrededor de las 19 horas llegaron las camionetas Sprinter, cinco en total, para que los diputados pudieran trasladarse al lugar que, hasta ese momento, era secreto. “Nos subimos sin saber a dónde nos llevaban; pensamos que quizás iríamos al World Trade Center de Xochitepec, o quizás a otro municipio, pero no. Las camionetas llegaron hasta las instalaciones del Congreso en la calle de Cataluña, en Paseo del Conquistador”, confió un legislador.

 

La casa que el Congreso utiliza para diversos eventos estaba “sitiada” por policías del Mando Único equipados con equipo antimotines.

 

Ahí, en la puerta, estaba el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Moreno Merino, quien recibió uno a uno a los diputados.  Nadie más podía pasar.

 

A las ocho de la noche dio comienzo la peculiar sesión legislativa, en una sede improvisada, pero sobre todo con unos diputados sin teléfonos celulares, sin asesores, sin auxiliares ni material de apoyo sobre lo que iban a aprobar.

 

EL CRÉDITO POR MIL 325 MILLONES

Contrario a lo que ocurrió con el primer préstamo por 2 mil 800 pesos que se aprobó en la Legislatura anterior, cuando se “socializó” para tratar de convencer a la población de que era una acción necesaria, en esta ocasión todo se hizo prácticamente en secreto.

 

Nadie supo de los alcances y términos del nuevo empréstito hasta que se publicó en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, el 21 de julio pasado, el decreto número 990 mediante el cual “se autoriza al Gobierno del estado de Morelos a través del Poder Ejecutivo y por conducto de su Secretaría de Hacienda, para contratar créditos o empréstitos con las instituciones de crédito o integrantes del sistema financiero mexicano que ofrezcan las mejores condiciones de mercado hasta por la cantidad de $1,325,000.00 (MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 00/100)”.

 

 

 

Se establece que la autorización aplicará únicamente para el refinanciamiento de los empréstitos 274/2011 con BBVA Bancomer y 655/2011 con Banamex, así como el 252/2010 también de Bancomer.

 

Entre las justificaciones que contiene el decreto, está el que “el estado de Morelos ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda, manteniendo bajo riesgo crediticio ante escenarios económicos adversos”, y que “con el refinanciamiento de los créditos que se preste realizar al amparo de la presente iniciativa se espera una disminución en el monto que por servicio de la deuda eroga el Estado de alrededor de 294 millones de pesos durante los siguientes diez ejercicios fiscales, los cuales serían aplicados en programas y proyectos prioritarios de las administraciones correspondientes”.

 

Sin embargo, no menciona con qué institución bancaria se hará la contratación de los créditos, ni tampoco cuáles son esos “proyectos prioritarios” a los que se aplicarán los remanentes del refinanciamiento.

 

 

EL CRÉDITO PARA FINANCIAR EL MOREBÚS

El otro crédito, éste por 540 millones de pesos, quedó contemplado en el decreto 991, en el que se establece que estos recursos “se destinarán precisa y exclusivamente a inversiones públicas productivas, consistentes en infraestructura urbana en materia de servicios públicos de movilidad y transporte para la zona metropolitana de Cuernavaca Morelos”.

 

 

 

La justificación para pedir este nuevo préstamo que hará llegar a nuestro estado a la nada honrosa cifra de 7 mil millones de pesos en deuda, es que “siendo la décimoquinta zona metropolitana más grande en el país, es clara la necesidad de propiciar acciones enfocadas a mejorar las condiciones de circulación y de movilidad que se presentan en esta zona, y de propiciar así que el crecimiento de la región continúe”.

 

La petición de endeudamiento se basa en un “Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable para la Zona Metropolitana de Cuernavaca (PIMUR)” de la Secretaría de Movilidad del Poder Ejecutivo, pero en el mismo decreto se menciona que dicho plan “está en proceso de elaboración”, y que la información ahí contenida son “datos preliminares”.

 

Y aunque no sean datos definitivos sino preliminares, se da por hecho que “de los vehículos involucrados en accidentes, el 64.7% de los vehículos son automóviles y el 13.87% son autobuses de pasajeros, sumando 230 defunciones y más de 2,635 heridos, por lo que los accidentes viales deben considerarse entonces como un problema de salud pública”.

 

Al igual que el anterior, no se establece qué institución financiera aportará los recursos y tampoco se menciona para nada que, en realidad, el préstamo es para establecer la infraestructura necesaria para ponerla al servicio de una empresa que pondrá en marcha el proyecto denominado “Morebús”, lo que implica la desaparición de las llamadas “rutas”.

 

 

EL INSTITUTO DE CRÉDITO, EN MANOS DEL GOBIERNO

El decreto número 988, por el que se reforma de manera integral la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, asegura que su único propósito es “ratificar su competencia y atribuciones”.

 

Explica que los diputados Jaime Álvarez, Anacleto Pedraza y Francisco Navarrete (de Movimiento Ciudadano el primero y los dos restantes del PRD), presentaron iniciativas diferentes pero coincidentes.

 

“Se pretende dotar de un marco jurídico de actuación que permita la existencia de organismos de vanguardia enfocados a satisfacer necesidades sociales y económicas, como lo es el Instituto, así como modernizar la normativa que lo rige, a fin de garantizar al receptor de la norma un documento íntegro, el cual le brinde la certeza jurídica que corresponde, esto es, que mantenga un razonable grado de unidad, correspondencia y base de interpretación o aplicación funcional junto y entre las diferentes partes del propio sistema”, dice el documento.

 

Sin embargo, escondidas en todos esos párrafos vienen diversas disposiciones que prácticamente entregan el Instituto al gobernador del estado.

 

Por principio de cuentas, cometen una aberración jurídica al establecer, en el artículo 2, que “la interpretación de la presente Ley corresponde a la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría o Dependencia coordinadora del sector al que pertenezca el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, con la opinión de la persona titular de la Dirección General de dicho Instituto”.

 

Y por si eso fuera poco, se cambia la conformación del Consejo Directivo que sigue presidiendo el gobernador, pero ahora con la participación de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría del Trabajo, que se agregan a la Secretaría de Hacienda y la de Administración. Es decir, el gobierno tendrá seis votos; los sindicatos de cada uno de los tres poderes también están representados. El Sindicato de Jubilados quedó fuera en la nueva conformación y se le dio entrada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que en los últimos años ha sido aliado del Gobierno.

 

Completa el Consejo Directivo un representante del Congreso (que en ningún caso podrá ser un diputado) y el titular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

 

Causa preocupación a los trabajadores burócratas el que haya quedado estipulado que una de las atribuciones del Consejo será el de “aprobar, a solicitud del director general, los criterios para condonar los intereses moratorios a los entes obligados, afiliados y acreditados”, por ejemplo, los funcionarios del Ejecutivo y del Congreso que han solicitado préstamos para compra de vehículos.

 

También, pareciera ser a favor del Ejecutivo la disposición asentada en el artículo noveno, donde dice que las cuotas de los afiliados serán utilizadas PREFERENTEMENTE para el otorgamiento de créditos, sin descartar la posibilidad de que ese dinero pudiera tener otro uso.

 

Y es que, a decir de personas cercanas al Instituto de Crédito, el año pasado el Ejecutivo se autoprestó 200 millones de pesos, mismos que devolvió pero sin los intereses correspondientes de alrededor de seis millones.

 

En suma, aseguran los trabajadores, el Instituto de Crédito seguirá siendo “la caja chica” del gobierno estatal, pero ahora ya con menos obstáculos y menos riesgos de filtraciones.

 

Adicionalmente, el decreto abre la puerta a que la banca privada participe, con lo que se pierde el espíritu de la institución fundada por el gobernador Lauro Ortega Martínez, de ser sin fines de lucro.

 

TAMBIEN LE ENTREGAN A GRACO EL CONTROL DEL FONDO MORELOS

En el “paquete” de reformas que se sometió a votación entre la noche del jueves 14 y la madrugada del viernes 15 de julio, también entró una súbita propuesta del Ejecutivo para “reformar de manera integral la Ley del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo”, también conocido como “Fondo Morelos”.

 

Este organismo nace en 1992 como como el Fondo de Financiamiento de las Empresas de Solidaridad (FFESOL) con la finalidad de otorgar financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas del estado de Morelos.

 

Al igual que con la reforma al Instituto de Crédito, este decreto también es abundante en explicaciones como que “la evolución que ha experimentado el estado en todos sus ámbitos ha sido de gran relevancia, contribuyendo al tejido y estructura social, laboral, jurídica y económica de manera trascendente; razón por la cual existe la necesidad de adecuar el cuerpo normativo que a la fecha rige la actividad del referido Organismo Público Descentralizado, a fin de atender las exigencias de la realidad que acontece en nuestro estado”.

 

Sólo mediante una revisión exhaustiva de la nueva Ley, y comparándola con la que fue abrogada, se encuentran los verdaderos motivos de que el gobernador tuviera tanto interés en cambiarla, y que los diputados aceptaran hacerlo incluso en la madrugada.

 

Lo principal es que, hasta antes de la reforma, el máximo órgano de gobierno del Fondo Morelos era un consejo directivo presidido por “el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico”, en el que tenían participación las áreas de Finanzas, Turismo y Oficialía Mayor. También tenían un representante en el Consejo directivo la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y la delegación Morelos tanto de la Secretaría de Economía como del FONAES.

 

En la nueva conformación, desaparece la representación de la UAEM y aparece como presidente del Consejo Directivo el Gobernador del Estado, y se establece claramente en el artículo 2 que “la interpretación de la presente ley corresponde a la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal”. Entran a formar parte del Consejo los secretarios de Gobierno, de Hacienda, de Turismo, de Desarrollo Agropecuario, de Innovación Ciencia y Tecnología, así como la secretaria de Desarrollo Social, conservando la representación de la Secretaría de Economía.

 

Se le agregan las atribuciones para “celebrar convenios con la banca de desarrollo, organismos internacionales y otros intermediarios financieros especializados, que le permitan la obtención de recursos para el fondeo de los productos y programas que opere en el cumplimiento de sus fines”.

 

Y entre las facultades que tiene el Consejo Directivo que está bajo el control absoluto del gobernador, está la de “establecer las normas y bases para realizar los procesos de restructuración de operaciones y la cancelación de adeudos a favor del Fondo Morelos y a cargo de terceros, en los casos de notoria imposibilidad práctica de su cobro”.

 

También, “delegar en el director general la autorización para la condonación de intereses moratorios, penas o cualquier otra comisión que se establezca con cargo a terceros”.

 

Al respecto, cabe mencionar que recientemente se generó toda una polémica por la difusión de la lista de beneficiarios del llamado “Fondo Morelos”, creado para el apoyo de la pequeña y mediana empresa, pues en esa relación aparecen empresas tan importantes como los restaurantes de lujo “Las Mañanitas” y “El Madrigal”, con préstamos de cinco millones de pesos cada uno.

 

Y aunque la directora del organismo, Guadalupe Ruiz del Río asegura que no se han dado preferencias, lo cierto es que en esa lista aparecen diversos personajes que tienen influencia política en la entidad, que alguna vez fueron críticos y hoy avalan el trabajo gubernamental, o simplemente permanecen callados.

 

 

 

LA CEREZA DEL PASTEL: LA PRIVATIZACIÓN DEL ALUMBRADO

En agosto del año pasado, presidentes municipales electos encabezados por Gisela Mota Ocampo, realizaron una manifestación frente al Congreso. El motivo: su oposición a que los diputados de la LII legislatura aprobarán el decreto por el que se autorizará a los ayuntamientos morelenses concesionar el servicio de alumbrado público, lo cual afectará sus participaciones federales.

 

Allí la alcaldesa electa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, manifestó su preocupación “ante la posibilidad de que en el último periodo extraordinario del Congreso local, pueda aprobarse el proyecto de decreto por el que se autoriza a diversos ayuntamientos de Morelos, a suscribir convenios para concesionar el servicio de Alumbrado Público con la empresa NL Technologies por un periodo hasta de 20 años”.

 

En este acto la alcaldesa de Temixco se manifestó  en contra de dicho proyecto, pues argumentó que existen otras opciones viables para los municipios que pretenden reducir sus costos de alumbrado público y reorientar estos recursos hacia la obra pública  y otras prioridades.

 

Por eso, la alcaldesa electa del PRD de Temixco, Gisela Mota, demandó a los legisladores que ese decreto que pretenden aprobar este viernes, “sea desechado; además de que se inicie con el proceso de análisis, estudio  y en su caso licitación en donde todas las opciones se presenten  a fin de tomar la mejor decisión; que quienes decidan, opinen y en su caso  aprueben  o no cualquier tipo de proyecto, sean los cabildos que tomarán  protesta  a partir de 2016 y los diputados que han resuelto  electos y que integrarán la LIII legislatura”.

 

Según la alcaldesa electa de Temixco, si se aprobara la privatización del servicio de energía eléctrica en su municipio (con la empresa NL Technologies), como pretenden los legisladores e integrantes del actual cabildo, el municipio estaría obligado a pagar cada mes un millón de pesos mensuales; cuando aseguró la alcaldesa electa que con otras empresas por un convenio de menos años pagarían mucho menos.

 

Menos de un año después, (y ya sin la presencia de Gisela Mota, asesinada en enero pasado), los diputados aprobaron un decreto confuso, casi inentendible, donde están autorizando la privatización de la energía eléctrica que tanto combatieron.

 

Lo hicieron a través de la “iniciativa mediante el cual se autoriza la implementación del Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable en el Poder Público del estado de Morelos y los 33 municipios del estado de Morelos”.

 

Lo más absurdo es que el decreto dice que el 14 de julio del 2016 el diputado Faustino Javier Estrada González presentó ante el Pleno del Congreso dicha iniciativa; que la presidencia de la Mesa Directiva remitió a las Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Planeación para el Desarrollo y Asentamientos Humanos dicha iniciativa, y que en esa misma fecha “se remitió proyecto de dictamen en sentido positivo”, mismo que fue puesto a consideración de la Asamblea y aprobado por unanimidad. Todo en cuestión de horas.

 

Señala el artículo cuarto que “se autoriza a las dependencias y entidades, centralizadas y paraestatal que conforman el Poder Público del Estado de Morelos, a celebrar el Contrato de Colaboración Público Privada para la adhesión y ejecución del Programa de Eficiencia Energética y Energía Sustentable, por un plazo de por lo menos de 20 años y no mayor a 30 años, así como celebrar el contrato para el suministro de energía eléctrica y a suscribir todos aquellos convenios y documentos legales que sean requeridos para la debida implementación e instrumentación del programa”.

 

 

EL SILENCIO DE LOS CULPABLES

La sesión concluyó a las tres de la mañana del 15 de julio y los 30 diputados se retiraron a sus casas, algunos custodiados por policías.

 

Al otro día la oficina de Comunicación Social del Congreso dijo no tener información para hacer sus acostumbrados boletines sobre el resultado de la sesión. Ningún diputado tuvo actividades públicas.

 

Incluso, se canceló una sesión solemne donde se haría entrega de las preseas “Antonio Soto y Gama” a distinguidos abogados,  y también la conmemoración del 147 Aniversario del primer Congreso Constituyente, que tradicionalmente se realiza con una sesión solemne en el municipio de Yautepec.

 

Fue hasta el 21 de julio, al publicarse el periódico oficial “Tierra y Libertad”, cuando se conoció a ciencia cierta lo que habían aprobado los 30 diputados esa noche.

 

El 26 de julio, el periódico nacional “El Financiero” publicó una nota según la cual, “Manuel Nava Amores, el único diputado de Morena en el Congreso de Morelos, fue acusado de recibir una “dádiva” de al menos tres millones de pesos a cambio de aprobar un nuevo crédito al gobernador de la entidad, Graco Ramírez”.

 

De acuerdo con Gerardo Becerra, líder de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, “para esta sesión, en la que se aprobaron los 750 millones de deuda, se creó una bolsa del 10 por ciento de ese monto, misma que fue repartida entre los diputados que aprobaron el crédito, por lo que a cada uno le tocaron alrededor de tres millones de pesos”.

 

Ninguno de los 30 diputados, ni siquiera el aludido Nava Amores, pidió a “El Financiero” desmentir la nota.