La plusvalía y el pretendido atraco

 

 

 

YO ACUSO

 

 

Armando Vargas Mora

 

Apatzingán, Michoacán; 12 de Diciembre de 2016.- No cabe duda que los mexicanos hemos perdido la capacidad de asombro ante lo absurdo de nuestros gobernantes. Los reiterados dislates del propio presidente que rayan en lo increíble, y no nada más en las decisiones de gobierno tan delicadas como el asunto de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino en otras cuestiones fundamentales, casi en cada discurso que ante los ciudadanos parecen definitivamente palabras frívolas, como esa declaración de hace unos días en la feria alimentaria donde aseguró que todos los totopos que se consumían en los estadios de la Unión Americana, incuestionablemente eran mexicanos, el motivo de su intervención era para la inauguración del evento, pero ante lo eufórico del momento ya se le había olvidado hasta que, una vez que pretendió entregar el micrófono, alguien se acercó para recordarle el verdadero motivo de su intervención. Frívolo y absurdo también fue José Calzada Rovirosa, nuestro flamante secretario de SAGARPA que retó a otros secretarios de estado para “haber quién hacia el mejor guacamole”, así se las gastan nuestros guacamoleros gobernantes.

 

Valga la anterior introducción para nuestro tema, el asunto que tanta tinta se ha gastado durante las últimas semanas, el referente al pretendido atraco a los dueños de inmuebles y la legitima plusvalía obtenida durante un determinado tiempo, tampoco nos caiga de raro, primero con los cien notables encargados de redactar la Constitución de la Ciudad de México con la que será oficial el estado número 32, ellos pretendieron (metieron reversa) insertar en el texto de la misma el impuesto a la plusvalía y, segundo, en la asamblea del D.F. cuyos diputados el pasado día 6 de los corrientes aprobaron la Nueva Ley de Vivienda que a decir de varios columnistas, contempla que la plusvalía de cualquier inmueble será una fuente de riqueza del gobierno de la Ciudad de México.

En cuanto a  la redacción de la mencionada Constitución, suponía que el artífice lo sería Porfirio Muñoz Ledo, porque él ya tenía más de un cuarto de siglo señalando la necesidad de un nuevo pacto federal, y también venía pugnando por la creación del estado número 32, inclusive llegué a pensar que este personaje, que a sus 83 años se encuentra lúcido, tendría la redacción y que sería solo un trámite como evidentemente se acostumbra con nuestros “legisladores”, pero la sorpresa, en lo poco que se ha dado a conocer principalmente por los medios, fue precisamente lo relacionado con la intentona del manejo de la plusvalía, de corte socialista como se ha señalado sucedía en la antigua URSS y Cuba, sin embargo rectificaron y dieron marcha atrás. Por cierto que el mencionado Porfirio Muñoz Ledo hizo mutis al respecto.

Pero los señores diputados a la asamblea legislativa se brincaron la barda y ya “aprobaron” la Nueva Ley de Vivienda como apuntamos, con la oposición de Miguel Ángel Mancera, sin embargo es conveniente hacer algunas consideraciones hasta ahora no explicadas, aclarando que cuando cualquier gobierno pretende establecer nuevos impuestos, deben tener muy en claro cuál es el objetivo, en qué van a emplear lo recaudado y no caer en lo absurdo, porque se corre el riesgo de retrocesos insospechados, como en 1858 en que el entonces presidente Antonio López de Santa Ana, decretó una contribución de un real por cada puerta y cuatro centavos por cada ventana de las casas, en contrapartida los propietarios recurrieron a la clausura de sus ventanas.

 

Desde el punto de vista político, a quien menos le conviene crear o dar su visto bueno para nuevos impuestos es a Miguel Ángel Mancera, aspirante para estar en las boletas del 2018, por eso ha dicho que no permitirá que se cobren más impuestos, y que en el caso de la plusvalía sobre los bienes inmuebles simple y sencillamente ejercerá su facultad de veto.

 

Igualmente los flamantes legisladores pretenden, o pretendían, que la apropiación de la plusvalía se invirtiera en la construcción de vivienda popular, inclusive con fines de arrendamiento de las mismas, es decir, meter al gobierno en cuestiones eminentemente empresariales. La etiqueta que dicen es con la finalidad de que Miguel Ángel Mancera no hiciera mal uso de los recursos y los encaminara con fines propagandísticos rumbo al 2018, es decir para hacer política.

 

Desde el punto de vista legal creo que es atentatorio en contra del precepto Constitucional del legítimo derecho a la propiedad privada, cuya inversión merece una retribución, una utilidad que a su vez el mismo gobierno cobra otros impuestos por la misma, como el de traslación de dominio y el mismo Impuesto Sobre la Renta. Luego entonces tienen razón quienes piensan que la medida es confiscatoria y que beneficiar al gobierno y no a los dueños es una distribución perversa que ataca al principio elemental de la justicia.

Dicen los diputados como justificación que parte de la plusvalía se obtiene gracias a las mejoras que la Ciudad de México hace en el entorno de los inmuebles, pero se olvidan que esas mejoras se han hecho precisamente con el pago de los impuestos de los contribuyentes.

 

¿Es legal que pretendan meterse de constructores de viviendas populares, es decir de empresarios? ¿No afecta a los constructores que cumplen con el pago de sus respectivos impuestos?

 

Incuestionablemente que la pretendida Nueva Ley de Vivienda afectaría a los propietarios de casas, porque les impediría obtener una legítima utilidad entre el precio en que compraron el inmueble y la venta del mismo.

 

Pero hay otra cosa muy importante, los asambleístas pretenden obtener un beneficio a través de la plusvalía, se adjudican únicamente derechos, pero no asumen responsabilidades, porque, ¿qué pasaría si los inmuebles por cuestiones fortuitas bajan de valor? ¿El gobierno asumiría alguna responsabilidad legal en caso de un terremoto como el del 19 de Septiembre de 1985?

Desde el punto de vista administrativo y contable es otro grave problema que se presenta, porque los contribuyentes dueños de inmuebles sujetos a la plusvalía, sean personas físicas o morales, tienen que sujetarse a Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, en vigencia prácticamente en todo el mundo desde 1965, son un conjunto de reglas generales que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos, constituyen parámetros para que la formulación de estados financieros sean sobre bases uniformes de técnica contable. Al efecto el Principio de Conservatismo sugiere que las utilidades de los negocios deban registrarse cuando se realicen y las pérdidas cuando se conozcan. Tal vez sea un poco difícil de entender, pero la plusvalía, no pueden los negocios –como sugiere el principio contable invocado- de ninguna manera considerarla como una utilidad porque se tendría que pagar indebidamente impuesto sobre la renta, en todo caso, el gobierno mismo tendría que sentar las bases para considerar una plusvalía y enviar a las empresas un documento cada año consignando lo que ellos piensan son los aumentos de los inmuebles. Lo anterior hasta podría convenir a los negocios por cuestiones crediticias ya que en sus estados financieros manejarían los aumentos a los inmuebles y considerar una cuenta que bien podría llamarse superávit por revaluación, una cuenta complementaria de capital, de esta forma los negocios estarían presentando una mayor estabilidad financiera a largo plazo.

 

Aquí en Michoacán hay inquietud, porque dicen que después de la Ciudad de México, enseguida se tendrá este impuesto a la plusvalía en nuestro estado, situación que vemos francamente improbable, como improbable lo es en la Ciudad de México, ellos ya no quieren el queso sino salir de la ratonera.