Después de que en marzo pasado se anunciará la venta de nueve ingenios azucareros, entre los cuales destacan los de Casasano y Emiliano Zapata que se ubican en el estado de Morelos; un juez federal aceptó revisar la legalidad de la subasta que se hizo para vender estos ingenios.
Rodrigo Zerón de Quevedo, juez tercero de Distrito en Materia Administrativa, puso en trámite uno de los 18 amparos promovidos la semana pasada por Consorcio Azucarero Caze, dueño antecesor de los ingenios; en otros 15 amparos, los jueces respectivos pidieron a Caze anexar el poder otorgado a sus abogados para representar a la empresa, mientras que el juez Fernando Silva García desechó los otros dos amparos por notoria improcedencia.
Se recuerda que el Servicio de Administración y Enajenación (SAE) público un precio de referencia de 8 mil 148 millones de pesos por la venta de los nueve ingenios, aunque por ahora la empresa no pidió suspender el procedimiento de subasta la Ley de Amparo les permite hacerlo en cualquier momento.
Caze alega que el Gobierno no puede vender los ingenios, porque está pendiente el litigio en el que reclamó la reversión, una figura que aplicaría por no haberse cumplido los objetivos de la expropiación decretada por Vicente Fox en 2001.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) negó la reversión en febrero de 2013, no obstante sigue pendiente el juicio contencioso promovido por Caze ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuya Sala Superior atrajo el caso en noviembre pasado, así como los recursos eventuales contra la sentencia que dictará este órgano.
El 30 de mayo de 2014, el juez Zerón de Quevedo negó este amparo porque el Acuerdo sí aclaró que los ingenios no se pueden vender hasta que el litigio por la reversión concluya en definitiva.
El juez en el amparo 1630/2012 dijo que «ante el evento de que se vendieran los inmuebles expropiados y, consecuentemente, la acción de reversión se resolviera fundada, el Gobierno Federal podría incurrir en responsabilidad, ya que los terceros adquirentes de buena fe tendrían que devolver los inmuebles enajenados».
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