LAS FOSAS DE TETELCINGO

 

José Luis Urióstegui Salgado

 

Cuernavaca, Morelos, junio 11 de 2016

Morelos se encuentra hoy en la mira de diversas instituciones y asociaciones que velan por los derechos humanos, sus enviados siguen de cerca las actuaciones que realiza el Ministerio Público para recuperar los cuerpos sepultados uno tras otro en dos fosas que parecen encerrar no solo los restos que quedan de lo que una vez fueron seres humanos, sino las historias de sus vidas y, aunque algunos no lo quisieran ver de esa manera, las historias de sus muertes. Cada cuerpo describe a los peritos la forma en que la vida le abandonó para que estos traduzcan en palabras y dictámenes la forma en que llegó la muerte y parta de ahí la investigación del móvil y de los responsables.

 

Más de un centenar de cuerpos hacinados en unos cuantos metros de tierra son el resultado de la falta de sensibilidad y de incumplimiento de responsabilidades de diversos servidores públicos que tuvieron como único objetivo deshacerse de ellos de cualquier forma, aun sin respetar la norma jurídica y los derechos ya no de los cadáveres, sino de sus familiares que viven todavía la zozobra y la incertidumbre respecto a si alguno de ellos corresponde al ser amado buscado en tanto sitios. La esperanza de que no sea ninguno o el dolor de encontrarlo y la resignación para sepultarlo según sus creencias religiosas es el principal sentimiento que prevalece en todas las personas que se han acercado y dan seguimiento a la exhumación.

 

No fue una decisión unilateral del Fiscal General llevar a cabo la exhumación de los cuerpos sepultados en las fosas de Tetelcingo, fue la petición de familiares de uno de ellos que nunca se dieron por vencidos para que el Ministerio Público les entregara el que habían identificado y solicitado en forma inmediata a su muerte, y que por una decisión absurda les fue negada su petición bajo el argumento de que faltaba practicarle otros estudios periciales y luego sin explicación o justificación alguna, sin notificarles el hecho, lo remitieron a una de estas fosas ante la sorpresa de las solicitantes que no podían creer tan absurda decisión que afectaba sus derechos humanos y les impedía cumplir con deberes morales para con su familiar. Recuperar el cuerpo se convirtió en una misión de vida que les llevó a diversas dependencias para exigir justicia para ellas y para la víctima de homicidio hasta que finalmente su voz se hizo un grito desesperado que llegó a oídos de todo el mundo y fue cuando se decidió exhumar todos los cuerpos enterrados sin respeto o dignidad y sin cumplir con todos los requisitos de ley. Escenas dantescas fueron televisadas mostrando empleados de gobierno y maquinaria pesada removiendo tierra con restos humanos que finalmente aparecían para contar sus respectivas historias.

 

No falta mucho para conocer el veredicto oficial acerca de lo que se encontró en las dos fosas y su relación con lo que aparece en cada carpeta de investigación, sin embargo, el resultado no satisfará a la sociedad y a las instituciones observadoras si no se imponen sanciones a quienes tomaron la bárbara decisión de inhumar los cuerpos sin cumplir con los procedimientos legales y sin dar aviso a las familias para que determinaran lo que estimaran conveniente acerca de su destino final. Hay responsables en todas las instancias del Ministerio Público y en otras esferas de gobierno que lo autorizaron o al menos no se opusieron y tampoco exigieron regularizar la situación.

 

La existencia de un cadáver sin necropsia es un hecho que revela la gravedad de las responsabilidades en que incurrieron los servidores públicos. Todo homicidio exige la realización de una necropsia que permita determinar sus causas y recabar la mayor parte de indicios posibles para vincularla al responsable, el cuerpo encontrado con otros que sí la tienen, evidencia clandestinidad y la posible participación de agentes de la autoridad como responsables que aprovecharon el caos para ocultar el crimen y evitar sanciones. Así de trascendente es este hecho, por ello la necesidad de esclarecer plenamente lo ocurrido y el fincamiento de responsabilidades, no hacerlo solamente llevará al gobierno de Morelos a un mayor descrédito y a denuncias ante tribunales internacionales que afectarán aún más la precaria estabilidad social y la imagen que se tiene de nuestra entidad.