René Vega Giles
Los tres poderes del gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) acordaron reformar, adicionar y crear las disposiciones legales que les permitan reformar las acciones de prevención del delito y poder tener un combate certero hacia la delincuencia organizada y retornar la tranquilidad al estado.
Durante la mesa de diálogo sostenida en la sede del Congreso del estado y en la que también participaron los representantes de las fuerzas armadas federales, establecieron que cada mes sostendrán los encuentros para realizar las evaluaciones correspondientes.
Por lo pronto, el Poder Ejecutivo entregó cinco propuestas de reformas, entre las que destacan cambios hacia la Ley Orgánica de la Fiscalía General, de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, de la Ley de Movilidad y Transporte, así como a los Código Penal y de Procedimientos Penales.
La reunión que fue a puertas cerradas y en la que el titular de la CESP, José Antonio Ortiz Guarneros, como el de la Fiscalía General, Uriel Carmona Gándara, presentaron un informe sobre las acciones que mantienen en actos a favor de la sociedad uno de los principales temas fue la carencia de recursos para operar adecuadamente.
Es por lo anterior que para la siguiente reunión, prevista en la segunda semana del mes de junio, haya la presencia del secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, a fin de que también haga el planteamiento sobre las posibilidades financieras de aumentar presupuestos.
Entre las solicitudes de reformas, adiciones y ampliaciones a la Ley de Movilidad y Transporte en la entidad está la regulación de motonetas y motocicletas, basados en evitar que circulen con permisos provisionales, mantener un censo sobre las mismas y que haya una precisión sobre el uso laboral, social o familiar.
De igual manera, termine la expedición de permisos por más de tres meses a vehículos automotores, sobre todo revisar aquellos que traen los de municipios de otras entidades y saber que hay un alta o baja de sus anteriores propietarios.
También los diputados deberán devolver el llamado C-3 a la Comisión Estatal de Seguridad Pública, hoy en manos de la Fiscalía General y es inoperativo por falta de presupuesto y personal capacitado, para la evaluación de los elementos de las corporaciones policíacas del estado.
Un punto importante es reparar más de 700 video cámaras de vigilancia que fueron entregadas sin funcionar por parte de la pasada administración, además de continuar con una auditoría especial hacia el C-5 que fue desvalijado desde que el titular en materia de seguridad era Jesús Alberto Capella Ibarra.
Lo mismo en las reformas hacia los Códigos Penales de Morelos no sólo en endurecer las penas hacia quienes cometen un ilícito, sino también cambiar las reglas dentro del sistema acusatorio debido a que por lo laxas que son los indiciados suelen obtener su libertad sin problemas.
Antes de concluir el periodo de sesiones ordinarias –el 15 de julio próximo-, los diputados esperan mantener avances sustantivos en las propuestas hechas por la Mesa de Pacificación, incluso sostener periodos extraordinarios para responder a las demandas sociales en materia de seguridad pública.
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